EL MONÓLOGO / 306
Siempre demasiado tarde

Por Pepe Moreno *

 

 

Impactado aún por los sucesos de Arona, concretamente en el barrio de Cabo Blanco, en el que un hombre de 35 años ha acabado con la vida de su hijo de 10 años y ha herido, gravemente, a su esposa y a un miembro de la Guardia Civil, escribo este monólogo de hoy.

 

Los hechos sucedieron en su domicilio, una vivienda, encima de una construcción de la que se sabe poco, pero que tiene una mala pinta. El agresor portaba un machete platanero de unos 60 centímetros de largo. Fueron sus vecinos los que alertaron a las fuerzas de seguridad, tras escuchar ruidos y gritos procedentes del domicilio.

 

Una vez dentro de la vivienda, los agentes encontraron una escena sobrecogedora. El presunto autor se hallaba en un estado de “excitación tremenda”, mientras el menor yacía ya sin vida con varias heridas, las principales en la cabeza, todas ellas producidas por un arma blanca.

 

La madre, de 26 años, se encontraba ayer en estado crítico, con graves lesiones en las extremidades. Su estado, a la hora de redactar estas líneas, con unas heridas “tremendas y dramáticas”. Sobre el agente herido, dijo que tiene un corte en el borde de su chaleco antibalas, que se operó y ya está fuera de peligro. Con todo esto se puede acreditar la violencia extrema que se vivió en esa casa.

 

El agresor portaba durante su ataque un machete y se abalanzó sobre los agentes. Cayó, abatido por los tiros en la calle. Las investigaciones iniciales señalan que el presunto autor no tenía antecedentes penales ni denuncias por violencia de género. Tanto la Guardia Civil como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmaron que no constan registros, más allá de “cuestiones menores” relacionadas con consumo de drogas en el pasado.

 

Aun así, el delegado del Gobierno aseguró que “todo apunta, obviamente, a un nuevo caso de violencia de género”. Pestana lamentó el impacto de los datos nacionales y recordó que más de 1.300 mujeres y 60 menores han sido asesinados por violencia machista desde que existen registros oficiales, además de más de 500 huérfanos.

 

Estos son los hechos, por lo que las opiniones son libres. Se han manifestado en contra todos los que tienen dos dedos de frente, desde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que condenó enérgicamente el crimen, hasta el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien también condenó el asesinato del menor, como no podía ser menos, y calificó los hechos de “absolutamente espeluznantes y dramáticos”.

 

Por su parte, el Consistorio de Arona decretó dos días de luto oficial como muestra de dolor y solidaridad. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo e hizo, ayer, un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento para acompañar a la familia y allegados de las víctimas en estos difíciles momentos. Lo mismo que se hizo ayer en las dos sedes del Gobierno canario, en la Delegación y en la Subdelegación del Ejecutivo Central.

 

El Ayuntamiento aronero ha expresado su reconocimiento a la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, y ha trasladado sus condolencias a la familia del menor, reafirmando su compromiso con la protección de la infancia y la convivencia pacífica en el municipio.

 

Y mientras avanzan las diligencias y la autoridad judicial toma declaración a los agentes intervinientes, queda el silencio espeso de un barrio que no logra explicarse lo ocurrido. No había denuncias previas, no constaban antecedentes por violencia de género, más allá de episodios menores vinculados al consumo de drogas, y, sin embargo, el resultado ha sido el peor de los posibles.

 

Esa ausencia de señales oficiales vuelve a abrir el debate incómodo: ¿qué no vimos?, ¿qué no se detectó?, ¿qué grietas se escapan todavía a los protocolos? Porque cuando todo estalla de madrugada, a machetazos, y obliga a disparar para frenar una agresión, ya es demasiado tarde para estadísticas, comparecencias y minutos de silencio.

 

Se decretan lutos, se suceden las condenas institucionales y se repiten las palabras —“espeluznante”, “dramático”, “violencia extrema” —, pero el problema no se resuelve con adjetivos. Si, como apunta el delegado del Gobierno, estamos ante un nuevo caso de violencia machista y vicaria, entonces no basta con constatarlo: hay que preguntarse por qué seguimos llegando siempre después, por qué los menores siguen siendo víctimas invisibles hasta que engrosan una cifra, por qué la prevención no logra penetrar en el ámbito privado donde todo se decide.

 

Cabo Blanco no es solo el escenario de una tragedia; es también el espejo de una sociedad que aún no ha aprendido a anticiparse al horror y que, golpe tras golpe, sigue reaccionando cuando ya no queda nada que salvar.

 

Iba a hablar del sábado de piñata y penúltimo día de Carnaval, que es hoy en Santa Cruz de Tenerife, porque en otros sitios las fiestas de carnestolendas comienzan después de que acaben en la capital tinerfeña, pero no puedo, porque el suceso me ha calado hondo. El artículo de hoy iba por la falta de viviendas y las autoridades no hacen nada.

 

O esa manera de AENA de subir las tasas sin que se note, pero lo dejaré para otra semana porque en esta sigo pensando en las horas de horror que vivieron en esa vivienda de Lomo Blanco entre una mujer de 26 años, un niño de 10, un hombre de 35 y varios agentes de la Benemérita y policías locales.

 

Es el segundo caso de violencia vicaria en lo que llevamos de año, y solo han transcurrido 51 días, y el sexto de violencia de género en este 2026. Las investigaciones oficiales, que avanzan por ahora bajo el prisma de la violencia machista vicaria —la forma más cruel de despojar de vida a un menor para herir a quien más ama— siguen abiertas y bajo instrucción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, un cambio de competencia que ya se ha confirmado en los registros judiciales.

 

Este es el dato frío, pero detrás de esa línea hay un dato aún más inquietante: la violencia sobre mujeres y niños no siempre deja rastro previo ni banderas de alarma antes de explotar de la forma más brutal. Que no hubiera denuncias no significa que no hubiera violencia, tensión o señales no verbalizadas en ese núcleo familiar; simplemente, las herramientas para detectar y actuar antes siguen sin estar al alcance de quienes las necesitan.

 

La magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez, dijo recientemente que este fenómeno es un “asunto privado en un problema de toda la sociedad”, y que, aunque ha habido avances importantes, “el incremento de sentencias condenatorias desde 2003 evidencia que la persistencia de estas conductas exige medidas más eficaces y una implicación real de todas las instituciones” —lo cual invita a pensar que tragedias como la de Cabo Blanco no son incidentes aislados, sino el reflejo de un problema estructural que todavía no se ha derrotado.

 

Esa reflexión judicial no solo aporta contexto técnico, sino que introduce una perspectiva crítica: si incluso las profesionales del Derecho señalan que las herramientas existentes —protocolos, protección, detección de riesgo— son necesarias, pero no suficientes, entonces los debates sobre cifras o antecedentes se quedan cortos frente a la realidad de una violencia que a menudo se oculta hasta estallar de forma brutal.

 

En Arona no hubo denuncias previas, como ha ocurrido en otros casos de violencia vicaria que han dejado dolor indeleble en esta tierra, pero la falta de señales no puede seguir siendo sinónimo de ausencia de riesgo; al contrario, es una llamada de atención para revisar cómo se protege a quienes más lo necesitan antes de que sea demasiado tarde.

 

Y eso nos obliga a hacer una lectura social más amplia, más allá del suceso concreto y de la conmoción. Porque cuando un menor de diez años pierde la vida a manos de quien debería protegerlo, y cuando un agente de la autoridad tiene que repeler una agresión con su arma reglamentaria para salvar vidas —como ha ocurrido en esta ocasión—, la reflexión debe ser colectiva: qué hacemos como sociedad para anticiparnos, para apoyar a quienes callan, para que no sea la última vez que una familia paga de esa manera el fracaso de nuestros sistemas de prevención y protección social.

 

No basta con decretar lutos, condenar públicamente o citar estadísticas desoladoras. Si la violencia vicaria y machista puede estallar en un hogar sin señales claras, sin denuncias previas y sin órdenes de protección, entonces algo falla en la prevención, en la detección y en el acompañamiento de quienes están en riesgo. Las llamadas de los vecinos, los disparos de la Guardia Civil y los minutos de silencio que vendrán son respuestas cuando ya ha ocurrido lo peor.

 

Por eso, más allá de la consternación y el dolor, este suceso debe impulsarnos a exigir a las instituciones, a las administraciones y a la sociedad entera una reflexión más profunda y acciones más ambiciosas para que ningún niño tenga que ser la siguiente cifra en una estadística trágica. Esa, y solo esa, debe ser la verdadera lección de una noche que nadie debería olvidar.

 

Fue una madre desangrándose, un guardia civil disparando para salvar vidas y un barrio despertando de golpe a la peor de las pesadillas. Cuando todo eso ocurre en una misma madrugada, ya no hablamos solo de un crimen: hablamos de un fracaso que nos interpela a todos.

 

Y si después del luto, de las condenas y de los minutos de silencio no cambiamos nada, la próxima vez no será una tragedia inesperada, será la prueba de que seguimos llegando tarde.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 21 de febrero de 2026.