Renta Básica, un país más justo

Román Rodríguez *

 

 

El Parlamento de Canarias inició este pasado miércoles, 27 de abril, la tramitación del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía Canaria. En respuesta a una necesidad social en una comunidad que arrastra históricos problemas de desigualdad y pobreza, y desarrollando el mandato del artículo 24 del Estatuto de Autonomía de 2018: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes.

 

Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. Y en cumplimiento, también, de lo establecido en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias, suscrito por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG en 2019.

 

Combatir la pobreza y garantizar unas condiciones de vida dignas al conjunto de su sociedad debe ser una prioridad de cualquier Gobierno. Impulsando una economía sostenible y un empleo de calidad, con potentes servicios públicos, ganando en equidad, apoyando el incremento del SMI y la cobertura de prestaciones por desempleo, así como la sostenibilidad de las pensiones públicas.

 

Pero, además de lo anterior, hay que ofrecer respuestas adecuadas y justas a quienes se encuentren en situación de pobreza o de exclusión social y con difíciles opciones de inserción laboral, mediante la implementación de rentas básicas; la pionera fue una comunidad rica, Euskadi, que implantó su renta de Garantía de Ingresos, instaurada por ley en 1998. En 2008, tras diez años de aplicación, la reformó, mejorándola, convirtiéndose en un referente en el Estado español.

 

La lucha contra la pobreza ha estado de forma permanente en las preocupaciones del canarismo; en nuestras propuestas y actuaciones políticas en todos los ámbitos institucionales. En la VIIIª legislatura autonómica, 2011-2015, Nueva Canarias fue el primer grupo en plantear en la Cámara canaria un Plan contra la Pobreza que afrontara la grave situación que había dejado la crisis económica iniciada en 2008 y las políticas de recortes y austeridad adoptadas, que tanto daño social hicieron. Defendiendo que se implementara mediante políticas coordinadas y sumando recursos económicos de las corporaciones locales, de la Comunidad Canaria, del Estado y de las prestaciones del sistema de Seguridad Social.

 

Presentamos entonces distintas iniciativas para actuar de forma decidida y con recursos a favor del empleo y contra la pobreza y la exclusión social. Exigiendo partidas suficientes y la agilización de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Asimismo, planteamos soluciones dirigidas a parar los desahucios y alzamientos, así como una política global de vivienda que facilitara el acceso a miles de familias canarias que carecen de ellas. No contamos con el apoyo del resto de la Cámara. Insistimos en la IXª legislatura, 2015-2019, presentando una proposición de ley de renta básica que tampoco prosperó.

 

PGE y REF

 

En la negociación de las cuentas públicas estatales para el año 2017 logramos, gracias al diputado 176 -Pedro Quevedo-, introducir, por primera vez, una partida de 30 millones de euros para combatir la pobreza en Canarias, especificando que estas ayudas deberán mantenerse mientras Canarias se encuentre por encima de la media estatal en pobreza. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, y mediante la aprobación de una enmienda de NC, esta partida se amplió hasta consolidar los 35 millones.

 

Además, conseguimos que en el nuevo REF se incluyera un artículo sobre Fomento de la integración social que señala que el Gobierno estatal “consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional. Esta dotación económica tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que en cada momento tenga la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión.”

 

En esa línea de combate contra la pobreza se inscribe, en esta Xª legislatura, la Renta Básica de Ciudadanía, un derecho subjetivo, que emana del Estatuto de 2018 y que debe armonizarse con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado. Una renta que permitirá a los canarios y canarias más vulnerables desarrollar sus proyectos de vida con dignidad.

 

INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

 

Está configurada como un derecho subjetivo de la ciudadanía canaria que corresponde a la persona afectada mientras dure su situación; y que lleva paralelamente la implementación de mecanismos de inserción social y laboral. Una prestación económica que se dirige “a atender situaciones de vulnerabilidad económica y a sufragar los gastos básicos de personas, familias u otras unidades de convivencia, que se encuentren en situación de pobreza o de exclusión social en Canarias, incluyendo expresamente a pensionistas y subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras prestaciones públicas”.

 

Se enfoca a personas desempleadas sin ingresos o que tengan reducidas prestaciones, a pensionistas con rentas escasas, especialmente a los beneficiarios de pensiones no contributivas, y, asimismo, a personas con empleo que pese a ello continúen en situación de precariedad.

 

Tendrá tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia a la que se dirige: “la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo”. Cubrirá a quienes no perciban el IMV y será estable mientras persista la situación de vulnerabilidad, lo que no sucedía con la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Complementa el sistema estatal de pensiones contributivas y no contributivas.

 

Además, y es muy importante, en su articulado se contempla una simplificación de los trámites administrativos, eliminando, por ejemplo, procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas. Con fórmulas que eviten que las familias afectadas, por temas administrativos, puedan quedarse periodos sin cobrar.

 

Es inconcebible una sociedad justa si todos sus integrantes no tienen la posibilidad de desarrollar una vida mínimamente digna. Sabemos que para avanzar en ese camino es esencial incrementar el empleo y garantizar la máxima cobertura de prestaciones por desempleo; y que a una mayor equidad contribuyen significativamente los servicios públicos, las pensiones públicas y el acceso a la vivienda. Pero todo eso debe complementarse con planes para erradicar la pobreza e instrumentos como las rentas básicas.

 

Canarias ha avanzado sustancialmente en esta legislatura en este ámbito. La Prestación Canaria de Inserción llega hoy a 10.868 beneficiarios, es decir un 91,1% más que en 2019 (5.687). Sus partidas también se han incrementado de forma notable: de los 36 millones de 2019 a los 66,5 de este 2022, un aumento del 84,72%. A los 10.868 beneficiarios de la PCI se suman los 20.000 que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que supone una cobertura conjunta de más de 30.000 unidades de convivencia.

 

La pandemia de la Covid 19 incrementó de manera significativa los niveles de pobreza en nuestra tierra. Según el informe Mapa de la Pobreza Severa, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES), esta creció un 49% en el año 2020. Esta Renta Básica de Ciudadanía que Canarias va a implementar quiere impactar positivamente en esa negativa situación.

 

Podrá llegar a unas 40.000 familias, posibilitando que puedan pagar su alquiler, las facturas de agua o electricidad, así como su alimentación. Y, al mismo tiempo, desarrollando mecanismos para favorecer su plena integración social y laboral. Con ello conseguimos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, generando condiciones para mayores niveles de equidad. Como he señalado en algunas ocasiones, se trata de un asunto central, de país, en el que no podemos fallar.

 

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

 

Islas Canarias, 1 de mayo de 2022.