VISIONES ATLÁNTICAS / 161
Impulsar la agilización

Hugo Luengo *

 

 

En reciente visita a Tenerife, el Gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y XI presidente del Comité de Basilea, señala que el poder adquisitivo perdido en 2022., no se recuperará antes del 2026. Situación económica de un modelo económico incapaz de primar la iniciativa empresarial y la productividad.

 

Seguimos sin tener una política clara y transparente con el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE”, con muy bajo nivel de ejecución, que no llega al tejido empresarial. De manera que en Canarias la sociedad civil, con asociaciones de vecinos, colegios profesionales, cámaras de comercio, FEPECO, CEOE, ponen de relieve el bloqueo de actividad en el marco de la gestión administrativa, esencial para la aplicación del Plan de la UE para España y sus 140.000 meuros, de ayudas y préstamos.

 

Apuestan estas entidades por agilizar la gestión con la presencialidad, la cita previa y la digitalización. Una vez desaparecido el COVID, hay que regresar a la presencialidad, liberando la cita previa y la digitalización. Esenciales para determinados colectivos y para todos en aquellas actividades de cierta complejidad, donde la presencia se obliga. La administración no tiene otro fin que el servicio ciudadano, en la duda priorizar a su favor. El nuevo gobierno canario ha iniciado la ruta, que debe hacerse efectiva a todas las administraciones, entidades y bancos.

 

Urge la recuperación del “silencio positivo”, en los proyectos de edificación, obras, actividades y servicios. Que está implícito en el Tratado de Lisboa -Directiva Bolkestein, en aplicación obligada desde 1 de enero 2010. Fue suspendida ilegalmente por Zapatero en el 2011, con un Real Decreto de agilización. Decir una cosa y hacer lo contrario, es práctica corriente.

 

La realidad es que las licencias, obligadas a concederse en 3 meses, hoy tardan 2-3 años o nunca. La pérdida de sentido nacional ha conformado de facto 17 mercados interiores, que cada autonomía segmenta con más normas y prácticas, que envían los expedientes al vacío.  El silencio positivo siempre existió, hasta que fue secuestrado en 2011.

 

Contar con seguridad jurídica en plazos y costes es una aventura, elevada por la justicia en los Planes Territoriales y Urbanísticos. En 2019 la “Agenda Urbana Española”, intentó corregirlo a la vista de las desproporcionadas   anulaciones de los PGO, como Santa Cruz, Arona o el Rosario. Es preciso fijar reglas de nulidad parcial, por defectos formales, permitiendo realizar las consolidaciones y/o subsanaciones parciales, sin comprometer al resto. No hay justicia cuando es desproporcionada y un pequeño error envía a la nulidad planes con decenios de trámites

 

Desproporción que se eleva de potencia, con la nueva Ley Canaria del Cambio Climático, vigente desde febrero 2023. Nuestra Ley del Suelo 2017, suprimió la ley canaria de Evaluación Ambiental por la básica nacional. La ley canaria del clima tiene más burocracia, inseguridad jurídica, ampliación de plazos, intervencionismo público, obligaciones y multas. Haciendo inviable la agilización administrativa, con seguridad jurídica, plazos y costes. Suprimir por la nacional.

 

La vivienda social accesible, en propiedad o alquiler, es un problema de oferta. Desde el año 2000 no hay oferta pública en toda España, de Autonomías y Ayuntamientos que son los competentes. Canarias acumula un déficit de más de 40.000 viviendas. Que exige políticas de largo recorrido, en colaboración público-privada, actualizando módulos, con ayudas singulares para jóvenes.

 

De nuevo chocamos con el suelo en disposición, cuya gestión exige la agilización administrativa que se precisa. La clase política llega y se olvida de sus compromisos electorales, como con el IGIC, se aleja y deteriora la confianza y la democracia.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 4 de diciembre de 2023