VISIONES ATLÁNTICAS / 196
Vivienda escasa y cara

Hugo Luengo *

 

 

El dicho canario “poquito y mal”, remeda a la política pública que sobre la vivienda se lleva en España, que aquí titulamos de “escasa y cara”. Porque intentamos resolver a las prisas políticas de largo recorrido, complejidad y coste, con déficits de gestión-financiación acumulados desde el año 2000. Donde España cuenta con un parque de vivienda pública del 3%, cuando Europa lo sitúa al 9%.

 

Los últimos informes sobre vivienda identifican tres aspectos generales a atender, la incertidumbre regulatoria, la inexistencia de vivienda protegida y el auge de la vivienda vacacional. Que se relacionan conformando la “tormenta perfecta” de la vivienda, que afecta tanto a la pública como a la privada, en un mercado que penaliza a los más desfavorecidos.

 

Vivienda y suelo son un todo, donde figuran los problemas a resolver. El primero la “escasez de suelo finalista”, que exige la disposición del mismo con marco urbanístico y condiciones de urbanización. A cuyo fin han aprobado en Canarias, el “Decreto Ley de Medidas Urgentes” de la Consejería de Vivienda de febrero 2024.

 

Introduce novedades y cambios que exigen acuerdo con los ayuntamientos, que aún con las reducciones de plazo y simplificaciones, su ejecución no es sencilla. En segundo lugar, “la incertidumbre regulatoria”, donde al sistema técnico-urbanístico más complejo de España, se añade nueva normativa nacional y autonómica.

 

En la primera la “Ley de Derecho a la Vivienda” de mayo 2023, que expulsó del alquiler al 40% de la oferta, al tener el inquilino más derechos que el propietario. Línea intervencionista seguida en el Anteproyecto Canario de “Vivienda de Uso turístico”, cuyas medidas vemos fracasar, cuando no responden a un lógico equilibrio contractual y se desarrollan contra los fallos del Tribunal Supremo.

 

Dos medidas de gran eficacia que siguen sin tomarse, “recuperar el silencio positivo” en los proyectos de edificación, urbanización y obras, suprimida ilegalmente contra la Bolkestein en 2011 y “aumentar la seguridad jurídica” de los planes, ya asumida por la “Agenda Urbana Española”, hoy sin tramitar.

 

Más importante aún es la “cultura” ejercida por las administraciones, donde se ejerce un “intervencionismo ilegal” contrario a la Bolkestein, cuando ésta fija las responsabilidades en el emprendedor y sus técnicos. Así tardan las licencias 2-3 años.

 

Para resolver un tema de esta escala, se precisan además “presupuestos públicos” y “colaboración público-privada”, con los primeros no se cuenta y el segundo poco de ejercer. La competencia de vivienda es de los Gobiernos Autónomos y de los ayuntamientos, que el nuevo decreto-ley canario extendió a los Cabildos; donde Madrid sólo desarrolla la legislación básica nacional.

 

Puede intervenir económicamente mediante ayudas públicas, entre ellas la financiación del 20% de entrada a la compra, que el grueso de los jóvenes no tiene y el sistema bancario no les presta.

 

Jóvenes que tienen en Canarias la tasa de paro más alta del país 42,27 %, la tasa de natalidad más baja 0,86, el mayor índice de separación de parejas y la mayor dificultad de acceso a la vivienda; que obligan a promover con recursos económicos y financieros la olvidada vivienda joven.

 

Se encuentra toda la vivienda, con la “elevación de costes” de la construcción, la “escasez de mano de obra cualificada”, la “baja productividad en la construcción” y la “creciente sobrecarga normativa”, que se traducen en incremento de costes, mayor con las lejanías y más aún en islas no centrales.

 

Afecta al módulo de Vivienda de Promoción Pública (VPP) que en Canarias se desfasa, aunque nuestra consejera de Hacienda desconozca las razones y se queje de la inexistencia de promotores.

 

Este desfase de precios se expande hacia toda la contratación; que queda desierta o abandonada en ejecución, debido a la inflación y la imposibilidad de revisar precios. Otro fenómeno que eleva el conflicto, trabajadores cualificados que ejercen de nómadas digitales, con residencia en los centros urbanos y zonas turísticas de Canarias, que nuestros ayuntamientos promueven.

 

Acabo con el “auge de la vivienda vacacional”, que vemos moverse entre la “turismofilia” y la “turismofobia”, amor y odio, una cosa y su contraria. De un segmento económico que representa el segundo capítulo de ingresos de Canarias, con un elevado nivel de satisfacción del cliente y cuya necesaria regulación debe corregir los excesos de “intervencionismo” del Anteproyecto canario en tramitación. Para integrar un fenómeno turístico de alcance global; que reparte renta entre amplias capas sociales, con mínimo impacto ecológico.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 12 de agosto de 2024