VISIONES ATLÁNTICAS / 214
Actuar con urgencia

Hugo Luengo *

 

 

Los fines y medios de los gestores públicos, políticos y funcionarios, no se acomodan al servicio ciudadano, que en las democracias liberales son el soporte de la soberanía, convenida en la Constitución y sus leyes. Es la crisis del discurso racional, ajeno a un debate informado que huye de las políticas deliberativas, que han acabado normalizando la patología de la mentira institucional, que niega la iniciativa individual, la sociedad civil y su igualdad de oportunidades.

 

La Consejería de Política Territorial ha abierto el debate de la Planificación Territorial y Urbanística en Canarias, sin tener definida la “estrategia”, concreción política de objetivos, la “acción”, medios económicos de que dispone y “ley”, marcos normativos precisos. Sumamos el error de haber dividido en Canarias “Política Territorial” para CC y “Transición Ecológica” para el PP, con lo que aseguramos la confusión de partida.

 

Ha sido nuestra tradición “actuar con urgencia”, señal de que lo necesario y previsible no se aborda y que seguimos generando un marco normativo imposible de cumplir. Cuando llegan las prisas no hay otra que los atajos, más “leyes de medidas urgentes”. El problema intentó abordarlo la Ley del Suelo 2017 y el Parlamento lo enredó, desconfigurando los principios que defiende en su preámbulo.

 

El primero la “asignación de competencia única para cada administración”, evitando el enredo de trámites múltiples imposibles, donde todos intervienen y nadie resuelve. El segundo la “integración de trámites ambientales y climáticos en los procedimientos urbanístico-territoriales”, ahora empeorados con la “Ley Canaria de Cambio Climático” del 2022, cuya solución hubiera sido suprimirla y remitirnos a la nacional, tal como hizo la Ley del Suelo Canaria del 2017, con su ley de “Evaluación Ambiental”.

 

Con la nueva ley, otra Consejería, más trámites, costes, documentos interpretativos, procedimientos, tiempos e inseguridad jurídica. El Órgano ha deshecho la función. Y el tercero la “confusión de niveles competenciales estado, autonomía, municipios”, que el nuevo Estatuto de Canarias y normas distorsionan. Ya no sabemos qué es nacional, qué autonómico, qué de cabildos y qué de ayuntamientos. La gestión de la Ley de Costas y su traspaso a Canarias, es un buen ejemplo de la descoordinación de competencias.

 

Muchos opinan que “el urbanismo no es posible”, no sólo no sirve para mejorar sus contenidos, sino que va dejando en la calle numerosas iniciativas que precisan seguridad jurídica, plazo y coste.

 

Dos urgencias a resolver en ámbito estatal, el “silencio positivo de tres meses para los proyectos de edificación, urbanización y obras”, modificado ilegalmente contra la Bolkestein en 2011 y que permitía tener las licencias a plazo cierto y la “seguridad jurídica para los planes”, que la abordaba la “Agenda Urbana Española”, para impedir la suspensión desproporcionada de los Planes Generales en su totalidad por defectos menores, y que los juzgados extienden al todo. En Canarias múltiples planes afectados, el más directo Santa Cruz de Tenerife.

 

El “urbanismo imposible”, con el plan existente puede operar con modificaciones, donde las “menores” podrían quedar exentas de “evaluaciones ambientales y climáticas” y las “sustanciales” simplificarlas. Cuando nos acercamos al problema de la vivienda, la urgencia se complica, al ver el déficit público acumulado en 25 años de inacción de autonomías y ayuntamientos, que arrastra suelo, edificación, economía y normativa.

 

La ley de vivienda nacional, con okupas e inquiokupas, expulsó el 40% de la vivienda de alquiler, que se refugió en la vacacional, en desuso, venta y economía sumergida. España cuenta con solo un 3% de vivienda protegida, cuando la UE tiene de media un 9% y ha reducido la inversión pública en ella.

 

Recuperar el mercado de oferta de vivienda protegida y libre, llevará no menos de 3 legislaturas, si tenemos estrategia, economía y norma. Ya no vemos más que promesas que no se compadecen con las soluciones que se dan. Los mayores damnificados, los jóvenes sin vivienda y con salarios degradados. La urgencia se ha convertido en emergencia.

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 16 de diciembre de 2024