VISIONES ATLÁNTICAS / 216
Partidos políticos

Hugo Luengo *

 

 

El escaso desarrollo de la sociedad civil española, se vio compensado desde la Constitución del 78, con la prima que se dio a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, sostenidos mayoritariamente con los presupuestos públicos. Ya Antonio García Trevijano, líder de la Platajunta del 74, en su obra “Discurso de la República” (1994), apuntaba alguno de los conflictos anclados en nuestra Constitución. Entre ellos la oligarquía de los partidos, la autodeterminación de los nacionalismos lingüísticos, el sistema electoral deficiente, la deslealtad de los actores políticos y la necesaria regeneración institucional.

 

Aquel déficit señalado entonces, ha ido derivando hacia una auténtica modificación de la Constitución por la puerta de atrás; alejados de “servir con objetividad los intereses generales” que nos mandata la misma. Vuelven los conflictos históricos de las Españas carlistas y republicanas, con el carácter múltiple de la nación y el conflicto del Título VIII, que dejó abierta la distribución de competencias nación-autonomías.

 

Agravada en la debilidad del gobierno central y las cesiones desiguales de competencias y financiación pública de las autonomías, cada vez que se forma un gobierno central se puja en subasta. Que ejemplarizamos en los fueros vasco y navarro, que Cataluña reclama ahora para sí, descolgándose del marco constitucional de todos.

 

En la terminología anglosajona estamos situados en el “crony capitalism”. El “capitalismo de amiguetes”, tan propio de los sistemas bolivarianos, donde aparece la “corrupción “como desajuste de esta peculiar situación. Quedan así los “partidos políticos” fuera del ejercicio de las reglas democráticas por cuanto sus cargos son decididos desde arriba, por obediencia que no mérito, lo que ha devaluado la figura de los políticos. Los asociados no pueden decidir siquiera con sus cuotas, al depender las economías de los partidos de la financiación pública, que nos venden bajo el ropaje de la fórmula más progresista.

 

La defensa de un “capitalismo democrático”, exige revertir la legislación del periodo, donde la violencia no se ejerce físicamente sino colonizando las instituciones con miembros del partido, que precisará derribar las murallas elevadas para dividir la sociedad en dos con la “Coalición Frankenstein”. Que vive instalada en un nuevo “pacto del Tinell” ajeno a la España democrática.

 

Repiten el error contenido en la Constitución Republicana del 31, que fue de ruptura y se pactó sin integrar a las derechas y negando el principio de “alternancia” propio de las democracias liberales, como vimos luego de la victoria en las elecciones del 33 de las derechas, que dio pie a la Revolución de Octubre del 34, inducida por Largo Caballero, el “Lenin Español” y líder del PSOE; la república decía “sólo puede ser gobernada por las izquierdas”.

 

Jiménez de Azúa uno de los redactores de la Constitución del 31, la calificaba de “constitución de izquierdas”, que dejaba sin resolver el problema territorial y penalizaba a la iglesia católica. El fraude y las derivas totalitarias nos trajeron la guerra incivil del 36. Hoy asistimos en una sociedad dividida y enfrentada, a regresar al pasado que pretenden blanquearlo contra la historia, los partidos que son vistos como la peor institución pública del país.

 

La solidez de la Constitución del 78, la mantienen la Jefatura del Estado y el sistema judicial no colonizado. Representa la Corona el modelo de “monarquías parlamentarias”, superando los modelos de “monarquías absolutistas” y de “monarquías constitucionalistas”, como lo fue la de Alfonso XIII, que compartía la soberanía con el pueblo y se vio separado con las elecciones municipales del 31.

 

El capitalismo democrático exige confianza, seguridad jurídica, libertad, que nos bajen los impuestos y nos dejen trabajar en igualdad de condiciones. Para los partidos una regla copiada del sistema electoral alemán, que aúna representación y gobierno; límite del 5% de voto nacional para tener representación en Madrid, Acabaríamos con los nacionalismos autonómicos, que seguirían representados en sus parlamentos regionales. Deseo para el 2025 y no es inocentada.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 30 de diciembre de 2024