VISIONES ATLÁNTICAS / 224
Desburocratizar es imposible

Hugo Luengo *

 

 

“La luz de un faro nos hace navegables”, nos sugiere una meta a la que podemos llegar porque tenemos medios para ello. Ilusión que nos niega el sistema jurídico-administrativo español y más el canario; donde nunca hemos visto semejante bloqueo. Que en opinión de nuestros emprendedores ven la “maraña administrativa” y su inseguridad jurídica más disuasoria que los mismos costes económicos y financieros, que se incrementan con ella. Sin plazos ni costes ciertos, es imposible planificar actuaciones.

 

Por ello debemos analizar los procesos reales donde al tiempo que los políticos nos dicen que están desburocratizando, siguen en la deriva de complicar las tramitaciones, al arrastre de un sistema “político-funcionarial”, que va expandiendo sus órganos más allá de sus funciones propias, colocando al tiempo a sus “tribus” de partido. Son órganos con funciones que carecen de utilidad, porque no mejoran el producto de resultado.

 

En los sistemas de economía de mercado de las democracias liberales, la cualificación del producto se obtiene al interno del proceso productivo. De nada vale la inflación normativa externa, cuyos efectos sobre el resultado es mínimo. Esta situación se complica en la indefinición de los tiempos de cambio que ofrecen nuevos paradigmas.

 

Nos centramos en actuar sólo sobre el marco normativo, cuando para ser eficaces debe existir una “estrategia” social concertada entre los operadores políticos y un “compromiso económico” público-privado, que hagan viable el marco normativo de soporte. Sirva de ilustración el abordaje por la UE del fenómeno de la Inteligencia Artificial”, esencial en la carrera de la globalización, donde sin estrategia propia, ni recursos, ni operadores, se empieza por el final, legislando.

 

Visualizo la deriva burocrática que hace imposible la acción, con algún ejemplo en Canarias. Con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de la Vivienda Vacacional, se emitió en diciembre 2024 “Informe del Consejo Consultivo de Canarias”, que, para llegar al Parlamento Regional, ha precisado más de 40 informes, consultas públicas etc., entre ellas las de la deriva “woke”, impactos por razón de género, infancia y adolescencia, familia, igualdad de oportunidades, que nada tienen que ver con el objeto de la ley.

 

La vivienda vacacional se penaliza como consecuencia de los efectos perversos de la ley de Vivienda Nacional y la ineficacia de los agentes de la vivienda pública, autonomías, ayuntamientos y ahora cabildos, que desde el año 2000 no construyen vivienda pública, y la privada queda reducida por la “maraña administrativa” y el descontrol de los costes.

 

Nos hacen la burocracia imposible creando marcos técnicos como los “Planes Estratégicos Holísticos e Integrales Sostenibles”, PEHIDS, que defienden como superación de los objetivos de la “Agenda 2030”, que ha arruinado el mundo agrario, la industria y energía de la UE.

 

Han montado unas “quimeras” a la que debe adaptarse la realidad, cuando ésta en épocas de cambio funciona con nuevos criterios. Han demonizado a los emprendedores y sus técnicos, que siendo responsables en el marco de la vigente Directiva Bolkestein y su liberalización de servicios, producen el efecto de segmentar el mercado único entre naciones y en España en 17 regiones.

 

Elevan la burocracia imposible con el desarrollo de leyes básicas, como la Ley Canaria del Cambio Climático del 2022, que añade más burocracia, inseguridad jurídica, plazos, intervencionismo, obligaciones y multas que la nacional, cuya solución natural es suprimirla. Más lío cuando el último gobierno canario segmentó en dos las Consejerías de Política Territorial y Transición Ecológica, entre CC y PP, por razones partidistas y no técnicas, complicando aún más las tramitaciones.

 

Esta realidad en el marco nacional se encuentra contra los muros, que plantean diferencias sustanciales en la identificación de los conflictos y sus soluciones. La misma vivienda que es un problema de déficit acumulado de oferta, se pretende resolver desde la demanda. Mecanismos tan urgentes como recuperar el “silencio positivo”, modificado ilegalmente en 2011, o la seguridad jurídica en la tramitación del planeamiento que proponía la “Agenda Urbana Española “en 2019, sólo pueden resolverse en competencia nacional y en acuerdo de los dos grandes partidos. El “muro” hace imposible desburocratizar.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 24 de febrero de 2025