VISIONES ATLÁNTICAS / 230
Burocracia espiritual

Hugo Luengo *

 

 

Las administraciones de la UE y sus estados, han reparado en la urgencia de desburocratizar para competir en la globalización. Mal que invade el alma europea, derivada en “burocracia espiritual”, que en el plano de lo físico se esconde bajo el “ecologismo”, en el plano emocional en los “fanatismos”, e intelectualmente se cancela a los otros con “etiquetas” ajenas a la realidad. Situación de herencia hispana, que desde la Restauración hizo diferencia radical entre la España real y la oficial. Cuando nos situamos en PIB per cápita UE-27 en posición inferior a 2018, con una tasa de paro doble y una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, que es la tercera más alta de la UE.

 

Con la “burocracia espiritual”, tramitamos en Canarias la “Actualización de la Ley del Suelo de 2017”. Recinto donde depositan responsabilidades ajenas, incluidos impactos de raza, de género, infancia y adolescencia, igualdad de oportunidades, reto demográfico, familia, igualdad de oportunidades, economía circular, agenda urbana y más ocurrencias. Nuestra “burocracia espiritual” se soporta en el BOC, sin definir una “estrategia” urbanística público-privada y sin contar con presupuestos para ello.

 

Empezamos la casa por el tejado, además con un “Proyecto de Ley” cuando con un “Decreto Ley” se resolvería esta actualización. Tres temas de legislación básica a abordar en paralelo, el “silencio positivo” a los tres meses de los proyectos de edificación, urbanización y obras, modificado ilegalmente contra la Bolkestein en julio 2011. La “seguridad jurídica” de los planes, que estaba en la “Agenda Urbana Española”, para resolver la suspensión de los planes desproporcionada, como es el caso de Santa Cruz luego de 20 años de su redacción.

 

La Ley de Vivienda nacional del 2023, expulsó de la oferta del alquiler el 40% de las viviendas y el okupa tiene más derechos que el propietario. La vivienda es un problema de oferta que arrastra su suelo, que no se atiende desde el año 2000 la de protección pública y la privada reducida en la maraña administrativa de nuestra “burocracia espiritual”.

 

Es obligado reordenar competencias entre administraciones con subsidiaridad, o sea que cada competencia se asigne a una administración. Integrar los contenidos ambientales en los trámites de forma sencilla, lo que obliga a anular la ley Canaria del Cambio Climático, remitiéndonos a la nacional. Y aplicar la Bolkestein, que es el marco vigente UE-España, y que se incumple ejerciendo actos impropios con esta base los criterios a asumir por el propuesto “Decreto Ley”, debieran simplificar, con normas sencillas y claras.

 

En derecho administrativo “lo que no está prohibido está permitido”, los funcionarios no le hacen caso. Suprimir expresiones confusas, “en todo caso”, “cuando proceda”, “salvo que suponga”, etc., que derivan el marco sustantivo a lo adjetivo y lo bloquean. Vienen a reducir costes y los elevan, el caso más sangrante la subida de las cesiones de solares privados del 10% al 15%, cuando las leyes autonómicas lo tienen en el 10%. Debemos reducirla al 5% que permite la legislación básica, lógico en nuestro régimen fiscal REF-RUP, que defendemos con baja fiscalidad ante Madrid y Bruselas.

 

La “flexibilidad” se resuelve con hechos, dos casos, los “Estudio de Detalle” que deben definir en positivo el incremento de alturas y los “PAMU” Proyectos de Actuación en Medio Urbano, donde reducen su marco normativo, contra la amplia casuística de situaciones. El urbanismo imposible, deriva hoy en actuaciones de “Planes-Proyecto”, como lo ha hecho Barcelona desde su PGO-1992, con convenios público-privados que concretan estrategia, acción y norma.

 

Cuando el mundo cambia, planificar no sirve. También ha suprimido Cataluña las “homogeneizaciones”, que solo complican gestión, plazos y costes. Esta vía de los “Planes-Proyecto es posible con “modificaciones menores” aligeradas. El mejor test de la falta de agilidad de las administraciones, podemos verlo cuando se la aplican para restablecer las legalidades ambientales, territoriales y urbanísticas, donde entonces sus plazos se duplican; pasando de 4 a 8 años, dos legislaturas para actuar.

 

Volvemos a enfrentarnos al principio de realidad de nuestra “burocracia espiritual”, cuando vemos a su consejero de Política Territorial, presumir de participación sólo de políticos, administraciones y funcionarios, dejando huérfana a la sociedad civil a quien dice servir.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 7 de abril de 2025