VISIONES ATLÁNTICAS / 276 Priorizar la vivienda

Hugo Luengo *

 

 

Europa se ha quedado sin defensa, sin energía, sin agricultura, sin población y sin vivienda.  Recuperando su mayoría de edad, la UE ha elevado la vivienda al debate europeo con su “Plan de Vivienda Asequible”, cuya obligación es de sus naciones. Su mérito reside en reconocer la falta de vivienda, que fue prioridad en la Europa de posguerra.

 

España ha concentrado su gasto público en los cuerpos electorales decisorios, pensionistas, funcionarios y parados, restando fondos a los jóvenes, familias y trabajadores. La vivienda, clave en el salario social, estructura vidas y cuando falta las desordena, convirtiendo a Europa en un mundo que, sin natalidad, es incapaz de mantener población, economía, independencia y pensiones.

 

Pretendemos resolver un problema que es de “oferta” con soluciones “antioferta” elevando el “muro”, lo que refleja desconocimiento y añade conflictos. Suelo y vivienda son un todo, que exige políticas conjuntas de largo alcance, mantenidas en el tiempo, en colaboración público-privada, con el concurso de Madrid, Autonomías, Cabildos y Ayuntamientos.

 

Donde la actual competencia en ejecución de viviendas, es de autonomías y ayuntamientos; Madrid mantiene la legislación básica y colaboración económica. Prioridad poca atendida desde el año 2000, que viene acumulando déficits, hasta hacerla inaccesible por precios y capacidad de pago.

 

España tiene en torno al 3% de vivienda protegida, cuando en Europa los parques públicos se sitúan entre el 10-30%. La UE nos recomienda acelerar licencias, reducir burocracia, simplificar leyes, movilizar inversión privada, más construcción y rehabilitación, reducir fiscalidad, más recursos económicos e instrumentación efectiva, densificar, cambiar usos y promover equilibrios locales.

 

No parece que vayamos por ahí, cuando el propio Banco de España, sitúa el déficit acumulado en 700.000 viviendas públicas, que otros elevan al millón, en torno a 50.000 de déficit de vivienda pública en Canarias. El primer obstáculo la “Ley de Vivienda” del 2023 que es “antioferta” y al dar más seguridad al “okupa e inquiokupa” contra el propietario, demuele la seguridad jurídica del inversor-comprador.

 

Al tiempo ha expulsado del alquiler en toda España, al 40% de su oferta, hoy refugiada en la venta, alquileres de temporada y economía sumergida. Recientemente han extendido por un año más la carga sobre el privado, obligación de los poderes públicos como reconoce el art 47 de la Constitución. Y por ello deben ser los responsables de compensar la carga sobre el privado.

 

Más obstáculos para reducir burocracias, en 2011 con la Directiva Bolkestein de “Liberalización de Servicios”, Zapatero modificó contra la ley el “silencio positivo”, que permitía de siempre obtener licencias en tres meses. Hoy tardan 2-3 años, haciendo imprevisibles los plazos, costes y seguridad jurídica del promotor, sea público o privado.

 

Situación de inseguridad también en los “Planes de Ordenación Municipales”, que piden descargarse de las leyes climáticas y de género, en Canarias de los innecesarios mecanismos de participación y transparencia previos, 3 legislaturas tardan, y sus planes de desarrollo 4-6 años.  Vienen demandando, en base a la “Agenda Urbana Española”, la seguridad jurídica en los fallos judiciales, que anulan todo el plan y no la parte afectada.

 

Bloqueo puesto de relieve en los últimos informes sobre el porcentaje de viviendas en planes no desarrollados, las llamadas “viviendas de papel”, en torno al 75% del total, 7 millones. Atrapadas en una legislación imposible, que merece una enmienda a la totalidad, y con rentabilidades complicadas, que se suman al crecimiento de costes, derivados del CTE del 2006 y del CTE 2020, con nuevos estándares eléctricos.

 

Recuperar al déficit de oferta obliga a operar sobre el conjunto de la economía suelo-vivienda. En Canarias el coste de construcción es no menor de 1.300 €/m2 y el de venta de 2.000 € /m2, donde la vivienda libre y la protegida tienen costes análogos, que obligan a actualizar el módulo VPO. Tenemos además crecimientos de los insumos por encima del crecimiento de los precios de venta.

 

Sobre el suelo reducir a cero la cesión del 10% de los solares, la mayor de la UE, incluso por debajo del 5%-15% de la legislación básica actual. Reducir toda la cadena impositiva que penaliza a la vivienda. Y finalmente nos encontramos en España, singularmente en Canarias, con el desplome de la natalidad, que, trasladado al mundo de la construcción, no encuentra empleo y menos cualificado. Como consecuencia encarece el producto y limita nuevas viviendas.

 

 

Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

 

Islas Canarias, 23 de febrero de 2026