VISIONES ATLÁNTICAS / 245
Laberinto canario

Hugo Luengo *

 

 

Impacta leer la “exposición de motivos” del “decreto ley de tramitación de licencias y construcción de viviendas” del Gobierno de Canarias. Señala que existen demoras insostenibles, injustificadas y gravosas para la construcción de viviendas. Que se manifiestan en lo jurídico, vulnerando la obligación de resolver. En lo económico penalizando la actividad. En las políticas públicas, contra la vivienda. Y en la gestión de los fondos, responsabilizando patrimonialmente a la administración.

 

El pasado martes se celebró en el Hotel Mencey de Santa Cruz, jornada organizada por el “Colegio de Arquitectos” y el “Foro por el Progreso de Tenerife”, con la participación de políticos, empresarios, profesionales (arquitectos, ingenieros de caminos, industriales y telecos), con la asistencia de funcionarios, técnicos y jurídicos, de cabildo y ayuntamientos.

 

Iniciaron sus contenidos Francisco Linares, alcalde de la Orotava y secretario general de CC Tenerife y Carlos Alonso representante del Foro, ex presidente del Cabildo con CC y consultor privado. Asombra la “polarización”, cuando siendo su aplicación voluntaria vía Convenio, se descuelgan los principales municipios del PSOE.

 

Las Palmas de Gran Canaria, primera capital de provincia en su gobierno, el Ayuntamiento de Candelaria, gobernado por la presidenta de la FECAM y el ayuntamiento de Adeje, cuyo alcalde es presidente del PSOE de Canarias, presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde por 38 años.

 

Posicionados en el decreto, el alcalde Francisco Linares, exige políticas de largo recorrido para suelo y vivienda. Estamos en una reunión de “damnificados”, en una situación desbordada y que empeora, penalizando a inversores y empresarios, que exigen simplificar y abaratar. Ante las emergencias, climática, hídrica, demográfica y habitacional, con la vivienda como primer problema.

 

Discurso que refuerza Carlos Alonso, identificando en Canarias hasta 50 municipios sin medios. Insiste en el incumplimiento de los plazos legales y la importancia de impulsar la colaboración público-privada. Madrid. Valencia y Andalucía, han dado pasos importantes en la simplificación. Cuenta las dificultades de obtención de los informes sectoriales.

 

Los colegios profesionales situaron el Visado con “Informe Técnico de Conformidad” ITC, que sustituye con plenitud al Informe Municipal. La arquitecta Marí Nieves Febles y su jefe de Visados, Juan Márquez, el Colegio de Caminos con José María Senante, Ingenieros industriales y Telecos. Los arquitectos lo ejercieron en su día en La Laguna, donde visaban en una semana y la licencia de obtenía en un mes. Problemas técnicos a resolver con el archivo urbanístico y el coste de los ITC.

 

Los abogados Martín Orozco y Antonio Domínguez, situaron el marco jurídico. Donde confirmaron la plena legalidad de la externalización del servicio de las ITC. Con la Bolkestein hay actividades exentas, con comunicación previa y con licencia. Su incumplimiento manifiesto abre el capítulo de las responsabilidades patrimoniales de la administración, y patrimoniales y disciplinarios de sus técnicos.

 

El decreto ofrece tres vías para los ITC, colegios profesionales, entidades privadas certificadas y la administración con medios propios. Antonio Domínguez valoró el derecho comunitario, que debe plegarse al interés general, ser proporcionado, lo menos gravoso para el administrado y resolverse en plazo. Con ello negó el cambio operado sobre el “silencio positivo” por Zapatero en 2011.

 

En la mesa de debate, colegios, empresarios, el arquitecto de Arona Damián Trujillo y el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, todos a favor del decreto. Tres problemas nacionales a resolver, la “recuperación del silencio positivo”, la “seguridad jurídica de los planes”, y la “ley de vivienda Nacional del 2023”, que expulsó el 40% de la vivienda en alquiler, al primar al inquilino sobre el propietario.

 

Damián Trujillo, arquitecto de Arona, defendió el “silencio positivo”, que reduce las responsabilidades de los técnicos municipales, los plazos y costes. Decía que antes los informes tenían 3 páginas, ahora tienen 30 al judicializarse y se resuelven las licencias en no menos de 2 años.

 

Se incumple la ley de Procedimiento administrativo, donde se reiteran informes sucesivos impropios y se expanden los informes en actuaciones que invaden las competencias del técnico responsable. El nuevo decreto y sus ITC urgen, para simplificar y abaratar el “laberinto canario”. El cambio es cultural, ante un problema sistémico.

 

 Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 21 de julio de 2025