Controlar al Poder Judicial

Eligio Hernández Gutiérrez *

 

 

El gobierno de coalición ha adoptado las siguientes iniciativas legislativas que suponen el mayor intento de control, sin precedentes, del Poder Judicial:

 

A)     Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aparecida en el BOE del pasado de 3 enero en que se publicó la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la tercera de las llamadas «Leyes de Eficiencia» con las que el Ejecutivo planea reorganizar el funcionamiento de los tribunales e impulsar la modernización de la Justicia. La norma cuenta con más de 300 artículos y, a su vez, reforma una treintena de normas actualmente vigentes. Nos encontramos por tanto ante una de las reformas más importantes en el ámbito judicial en las últimas décadas en España, que los procesalistas consideran técnicamente recusable, deficientemente redactada con errores léxicos, políticamente sesgada, y con una técnica legislativa censurable.

 

B)     Una proposición de Ley, entre otras materias, para limitar la acción popular, añadir una nueva causa de recusación, y restringir la libertad de expresión de los jueces y fiscales y sus asociaciones, reforma claramente inconstitucional, que no tiene vocación general, sino que ha sido concebida para su aplicación en casos concretos.

 

C)     Sin el concurso de la oposición política y sin consenso parlamentario un nuevo proyecto de ley del gobierno modifica el sistema de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal «para democratizarlas».  No contempla la democratización de las notarías o los registradores —carreras jurídicas con una remuneración muchísimo más alta— sino exclusivamente de la judicial y del acceso a la misma-, sustancialmente alterada. Se introduce un 25% de la carrera judicial mediante el acceso a juristas por el cuarto turno sin tener en cuenta la especialidad profesional. Se modifica también el sistema de oposición porque lo considera un sistema memorístico, al que sólo tienen acceso los opositores de clase media alta, que es la única que puede pagar a los preparadores de las oposiciones y tienen medios económicos para dedicarse a prepararlas durante los cinco años que suele durar la preparación, como si fuera mejor el sistema memorístico para los diplomáticos, notarios, registradores, los técnicos comerciales, y los abogados del Estado que para los jueces. La inmensa mayoría de los canarios que han ingresado en las Carreras Judicial y Fiscal pertenecen a familias de clase media, funcionarios o empleados modestos, profesionales liberales, pequeños comerciantes de origen campesino, emigrantes a Cuba y Venezuela, como es mi caso, que simultaneé la preparación de las oposiciones, la mayor parte del tiempo, con mi trabajo como funcionario, sin que el Fiscal y Magistrado que me prepararon cobraran honorarios.

 

Una reforma de tal naturaleza debe ser para perdurar y no para ser partidista a la carta, que puede cambiar otra mayoría parlamentaria. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, ISABEL Perelló, ha subrayado que “los nuevos jueces recién ingresados en la Carrera Judicial, proceden de todas las Comunidades Autónomas, que el porcentaje de ellos cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores supera el 34 por ciento y que siete de cada diez vienen de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas.

 

“Esto significa que el vigente sistema de acceso es democrático, en cuanto garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual”, ha dicho Perelló, que ha añadido que las pruebas de acceso son públicas y, en su primera fase, totalmente anónimas, y que esta accesibilidad, publicidad, transparencia y objetividad “son la mejor garantía de la pluralidad de la Carrera Judicial”.

 

Las anteriores iniciativas legislativas son el resultado de la estrategia de Sánchez para controlar al poder judicial y al Ministerio Fiscal, como controla a su partido y al Fiscal General del Estado, que no dimite obedeciendo instrucciones de Sánchez, al que no le importa que el Tribunal Supremo  pueda condenar a aquél , porque espera que la sentencia condenatoria sea anulada por el Tribunal Constitucional, que desacreditaría  al Tribunal Supremo, que es lo que pretende Sánchez que, parafraseando a Bertrand Russel, tiene  “un deseo insaciable y una ambición sin límites” y  ha sometido a su implacable bonapartismo a la militancia socialista, nombrando ministros para Secretarios  Generales del partido en las Comunidades Autónomas para asegurar su poder.

 

A pesar de que carece completamente de la preparación intelectual de don Fernando de los Ríos y Julián Besteiro, de la inteligencia política de Indalecio Prieto, del liderazgo de Felipe González, y del equipaje cultural de Alfonso Guerra, a quienes la militancia denosta, al igual que a los militantes que somo críticos con Sánchez, marchitando la tradicional fraternidad socialista y las relaciones personales de éstos con algunos compañeros socialistas.

 

El PSOE, en cuyos órganos no hay debates ni autocritica, carece de democracia interna, y vulnera el artículo 6 de la Constitución, lo que no imposibilita que a ningún secretario general del PSOE se le haya tributado un culto a la personalidad como a Sánchez, por la militancia socialista, que casi lo venera. Ésta podría estar padeciendo una hemiplejía moral, término acuñado por el filósofo español José Ortega y Gasset, en el prólogo para su obra en versión francesa de La rebelión de las masas, publicada en mayo de 1937, que define la incapacidad   de pensar a una persona de una forma extensa, más allá de su ideología.

 

Si Sánchez y su biministro Bolaños creen que van a poder controlar a los jueces y fiscales, se equivocan, porque una vez que se ingresa en la Carrera Judicial o Fiscal por el sistema de oposiciones, aunque se modifique, el poder que adquiere un juez o un fiscal, cualquiera que sea su ideología, no lo someterá al dictado de ningún gobierno, ya que el poder se lo debe, precisamente, a la oposición, que es la que garantiza su independencia, aunque hayan ingresado por el cuarto turno, como el juez Peinado.

 

El ejercicio del poder hace conservador al más progresista, ya que los jueces y fiscales tienen la tendencia natural irrefrenable a luchar contra las inmunidades del poder. Que se lean el libro de Bertrand Russel sobre el poder para que lo entiendan. Les puede pasar como a TRUM que propuso a una magistrada para el Tribunal Supremo, y cuando ésta asumió su cargo a perpetuidad, le fallo en contra. En el libro “Cómo mueren las democracias”, de Levitsky y Ziblatt, afirman que “Los gobiernos que no logran eliminar a los jueces independientes intentaran sortearlos plagando los tribunales de afines».

 

 

*  Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.

Embajador de la Marca Ejército.

Ex fiscal general del Estado y ex miembro del Consejo de Estado.

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

Vicepresidente de la Fundación Juan Negrín.

Militante socialista.

Cristiano militante.

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2025.