Demografía y sostenibilidad

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Román Rodríguez *

 

 

En los últimos años hemos podido escuchar las demandas de la denominada España vaciada, zonas escasamente pobladas y con una justa reclamación de infraestructuras y servicios para desarrollar una vida digna y evitar su definitivo y total despoblamiento. En Canarias, aunque con particularidades en algunas de las islas, vivimos un fenómeno completamente distinto: el de un crecimiento poblacional desmesurado que pone en jaque a las infraestructuras existentes -carreteras, viviendas, instalaciones hospitalarias o educativas, depuradoras de agua, tratamiento de residuos…-, multiplica los problemas de la movilidad terrestre, incrementa la demanda eléctrica y el consumo de agua, así como dificulta la propia capacidad de absorción del mercado laboral.

 

Canarias, un territorio limitado y fraccionado, ha experimentado un crecimiento poblacional superior al 30% en lo que va de siglo, aumentando en más de medio millón sus habitantes. En el mismo período, el País Vasco crecía un 3,76% (unas 80.000 personas), ocho veces menos que el crecimiento porcentual de nuestra Comunidad, y ya tiene menos población que las Islas; y el conjunto del Estado español lo hacía en un 17%, casi la mitad que nuestra tierra. Entre las comunidades con gran peso del turismo, solo nos supera Baleares, con un crecimiento del 38%; por detrás quedan Andalucía (15,42%), Comunidad de Valencia (22,74%) y Cataluña (23,9%).

 

De ese incremento poblacional de Canarias (530.000 habitantes más en apenas dos décadas), solo una parte, unos 70.000, corresponde a crecimiento vegetativo (número de nacimientos menos número de defunciones). El resto, unos 460.000, son personas que llegaron de otras partes del mundo, fundamentalmente de otras comunidades autónomas y de la Unión Europea. De la actual población extranjera en las Islas, el 53,28% procede de estados de la UE, frente al 25,77% de América y el 10,23% de África, porcentajes que deshacen prejuicios y discursos xenófobos selectivos.

 

Un proceso demográfico tan poco modulado genera importantes distorsiones – medioambientales, en la movilidad, en los servicios públicos o en el mercado laboral- que se hace preciso abordar de forma rigurosa y consecuente. Por eso, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias hizo hincapié en este asunto en el Debate del Estado de la Nacionalidad celebrado el pasado mes de marzo; y presentó una propuesta de resolución, aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias, en la que se insta al Gobierno de Canarias “a estudiar las medidas tendentes a minimizar el impacto que supone actualmente y continuará haciéndolo en el futuro, el importante crecimiento poblacional de nuestro archipiélago”. En esa línea, expresamos nuestro apoyo a la comisión de estudio sobre el reto demográfico que va a constituir la Cámara canaria.

 

DOBLE MIRADA

 

Lo planteamos con una doble mirada. Por un lado, hacia los procesos de superpoblación en las islas de Gran Canaria y, especialmente, Tenerife, así como el crecimiento desmesurado de Fuerteventura y de Lanzarote, donde la población autóctona comienza a ser minoritaria; por otro, hacia el estancamiento o pérdida de población de las islas verdes, especialmente La Palma y El Hierro que, al igual que La Gomera, también precisan de respuestas específicas y adecuadas a sus realidades.

 

Las proyecciones incluidas en el informe del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) para dentro de once años sitúan a nuestro Archipiélago con 2,5 millones de habitantes. Tenerife superaría claramente el millón, con una población extranjera en torno al 29%, concentrada entre los 34 y los 44 años. Gran Canaria aumentaría más moderadamente, un 9%, hasta llegar a los 920.000 y con un 17% de población extranjera. Fuerteventura aumentaría un 45% su actual población, siendo minoría la población autóctona, y Lanzarote un 29%, con 192.792 habitantes de los que un 38%, 73.260, serán residentes extranjeros.

 

Estos crecimientos tendrían consecuencias directas en el dimensionamiento de nuestros colegios e institutos, centros de salud y hospitales, acceso a la vivienda, posibilidades de empleo, consumo de agua y energía eléctrica, movilidad, depuración de agua, tratamiento de residuos… multiplicando algunos de los problemas que ya se padecen hoy.

 

Por otra parte, y con relación a las islas verdes, La Gomera crecería en unos 3.000 habitantes hasta superar los 24.000. La Palma estaría estabilizada en torno a los 84.000. Y El Hierro sufriría un proceso similar, quedando por debajo de los 11.000 residentes.

 

COMITÉ DE EXPERTOS

 

Siendo presidente del Gobierno de Canarias impulsé la creación de un Comité de expertos sobre población e inmigración en Canarias, multidisciplinar en lo académico y plural en el ámbito político, que presentó sus conclusiones en el año 2003. Presidido por el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, estaba integrado por Asunción Asín Cabrera, José Ángel Gil Jurado, Josefina Domínguez Mújica, Juan Antonio Fernández Cordón, Eligio Hernández Gutiérrez, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Andreu Domingo Valls, Margarita Ramos Quintana, José Luis Rivero Ceballos, Ana María López Sala y José Ángel Rodríguez Martín.

 

En su informe concluyen que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”. Destacando que los llegados a finales del XX y comienzos del XXI eran, fundamentalmente, gente joven con hijos pequeños o que los tenían una vez establecidos en las Islas. Suponiendo, por tanto, un mayor peso del grupo potencialmente activo laboralmente en el conjunto de la población.

 

Por otra parte, las conclusiones del Comité de expertos resaltaban la importancia de las directrices generales de ordenación territorial y las sectoriales del turismo -también promovidas por aquel Gobierno y aprobadas por el Parlamento en 2003- para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional; descartando el encaje de una ley de residencia restrictiva de la libre circulación en la actual normativa europea, aunque abogaban “por el inicio de negociaciones político-institucionales para tratar de racionalizar el posible efecto de aumento poblacional en Canarias”. Asegurando, además, que todas las actuaciones políticas demográficas deben estar subordinadas “a las opciones de desarrollo futuro en el ámbito de la economía y del medio ambiente, en particular. En el caso de Canarias, su singularidad exige la máxima coherencia entre las opciones de desarrollo futuro que se adopten y la acción en el campo de la demografía”.

 

El cambio de Ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2003 supuso el comienzo del incumplimiento de las Directrices de Ordenación General y de las sectoriales del Turismo, hasta su práctica derogación; y también el olvido del debate sobre demografía e inmigración, solo presente, en posteriores legislaturas, en algunas intervenciones del presidente Paulino Rivero.

 

Casi veinte años después de aquel informe, el debate vuelve a abrirse; y deseamos que lo sea de forma rigurosa y sin posiciones cerradas previas. Lo que parece claro es que, desde Canarias, debemos buscar fórmulas que posibiliten frenar un crecimiento poblacional descontrolado. Para preservar la identidad. Para lograr una gestión adecuada del territorio y de los recursos naturales que, como bien es sabido, son limitados. Para evitar el desfase de nuestros servicios públicos. Para paliar el caos circulatorio y los colapsos permanentes de algunas carreteras. Para lograr los mayores niveles de sostenibilidad y de bienestar en nuestra tierra. Para seguir reduciendo el desempleo.

 

Solo desde un modelo de desarrollo autocentrado, más diverso y sostenible, que exige un crecimiento demográfico moderado y asumible a la par que actuaciones a escala pública, empresarial y doméstica, podremos reducir la huella de carbono de las Islas, un obligado compromiso con el planeta en el marco de la lucha contra la Crisis Climática y una puesta en valor de nuestro territorio para quienes aquí vivimos y para quienes nos visitan.

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

 

Islas Canarias, 5 de junio de 2022.

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