EL MONÓLOGO / 088
¿Cambiar la Constitución?

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Por Pepe Moreno *

 

 

Escribe uno algunas veces sin mirar el calendario y quizás son los impulsos los que marcan las líneas de un artículo que debería, a lo mejor, estar más pegado a esas celebraciones. Me pasó la semana pasada con esta cita semanal. No escribí del aniversario de la Constitución, sino que hice una reflexión sobre lo que significa hoy en día lo del periodismo y la falta de rigor que algunos han dejado de lado para que lo que cuentan se adapte a su manera de ver las cosas. Y es que nuestra Carta Magna cumplió el pasado 6 de este mes nada menos que 43 años.

 

Es decir, los que votaron en ese Referéndum con los 18 años recién cumplidos hoy ya tienen más de 60 años. Unos puretas como se les llamaba en el pasado. Es decir, han pasado más de cuatro décadas con una Ley de Leyes que significó en su día el paso de una época de dictadura a una democracia que traía otra manera de hacer las cosas, llena de buenos propósitos que generaban un nuevo comportamiento, el nacimiento de la política con todas sus letras y con una partidocracia que aseguraba el poder del pueblo. Nacía una forma de Gobierno en la que el pueblo tenía mucho que decir.

 

Pero todo aquello parece que ha caído en el olvido y hoy todo es revisionismo, e incluso los que defienden la Constitución son unos carcas o unos antiguos. El propio presidente del Gobierno llegó a decir el pasado lunes que hay que «cuidarla por lo mucho que costó conseguirla», y pidió hacerlo cumpliéndola «de pe a pá», con «todos los artículos, del primero al último». Bueno, pues a ese buen deseo, se unió a los pocos minutos, gentes del Unidas Podemos que dijeron que nuestra Constitución es un «traje viejo» para añadir que «las que no se pueden reformar están condenadas a morir».

 

Desde esa opción política también se reclamaba que «hay que volver a escuchar a la sociedad española y construir nuevos consensos y un nuevo horizonte de esperanza». Y es que lo que se quiere es volver a realizar una consulta popular con el argumento de que hay más de una generación que no han votado este texto. ¿Y qué? No todas las generaciones han podido hacerlo con la Norma, con mayúsculas, que realiza un marco en el imperio de la ley de cada país.

 

Si hacemos un repaso, la Constitución americana, paradigma del constitucionalismo escrito, ha sido reformada 27 veces, ninguna de ellas por referéndum. La alemana, señera del europeo, ha sido modificada 41 veces, siete de ellas en relación con el proceso de construcción europeo. La de Francia lo ha sido nueve veces y también cuatro de ellas en relación con el proceso de integración europeo. La de los Países Bajos ha sido reformada siete veces, desde 1970. La austríaca, que data de 1945, lo ha sido 60 veces o la italiana, a la que se le han añadido 44 leyes y se ha revisado tres veces más.

La Constitución griega, paralela en el tiempo a la española, ha sido modificada desde 1975 hasta la actualidad, en profundidad, en una gran revisión del texto en 1986. La portuguesa, tan cercana a la española, lo ha sido hasta tres veces. La de Francia data de 1958, la del Reino Unido ni siquiera está escrita y es el Parlamento el que va marcando las pautas de lo que genera la actualidad y en ningún caso, a excepción del Tratado de UE, han salido a una consulta popular. Por tanto, ¿qué es lo que van buscando los que hablan mal de nuestra Ley de Leyes?

 

La verdad es que este tipo de debates vienen marcados generalmente por el asunto territorial o por poner en cuestión el modelo de Estado o si esto nos puede llevar a un nuevo modelo en la Jefatura. He oído decir que nuestra Carta Magna incluso fue el fruto de un pacto de los que salían de una dictadura con los que querían llegar a ostentar alguna representación y que la Transición fue más bien un intento de “tapar” todo lo que procedía de la época anterior y que, por ejemplo, fruto de ese acuerdo nos dimos una fórmula en la Jefatura del Estado que ahora no es compartida por la gran mayoría y que incluso rechazan.

 

Pide Unidas Podemos que se produzcan cambios para que los españoles puedan elegir un modelo republicano frente al monárquico y el PSOE propone modificar el artículo 49 para suprimir la palabra «disminuido» de la Carta Magna, en referencia a las personas con capacidades diferentes, el PP cree que esto no debe tratarse en un contexto de «desafío a la gobernabilidad».

Pero entremos en más cosas que se podrían incluir en esos cambios que demandan los partidos políticos y así, el PSOE insiste en avanzar hacia un modelo federal del Estado, que lo tiene en sus estatutos desde 2013. Esto, a juicio de Pedro Sánchez, hoy no es una prioridad.

 

Sus socios de Podemos, sin embargo, sí piden continuamente cambios para blindar, por ejemplo, derechos sociales o para obligar al rey emérito a dar explicaciones porque a su juicio, “en una sociedad democrática no es de recibo que haya un jefe de Estado o un ex jefe de Estado que tenga carta blanca para delinquir», algo en lo que coinciden con el PNV.

 

Los partidos de la derecha parlamentaria son los que no quieren entrar al debate sobre la reforma. Por ejemplo, Pablo Casado dijo el pasado lunes que «la reforma constitucional la pide un Gobierno que no es capaz ni siquiera de responder a las más urgentes necesidades de la población española. Yo me conformaría con que todos los políticos la cumplieran». Pero si hay algo en lo que hoy coincide todo el arco parlamentario es en que ni la aritmética ni el clima político actual permiten abordar una reforma de la Constitución. A partir de ahí, cada partido sigue defendiendo su postura.

 

¿Qué nos está llevando a que reneguemos continuamente de la que debería ser norma de obligado cumplimiento? Ya sé que hay apartados que no cumplimos ni de lejos. Por ejemplo, en su artículo 25 se dice que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” y eso no se cumple con las 3.182.687 personas que en el pasado mes de noviembre estaban inscritas como desempleadas.

 

También sé que tampoco se cumple el artículo 47, aquel que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, pero eso no impide que la rechacemos frontalmente. Lo que tenemos que hacer es cambiar esos apartados y que nuestra clase política se ponga de acuerdo para cambiar esas cosas, que eso sí que nos afecta a todos, pero claro ahí el consenso es casi inexistente.

 

La reforma de la Constitución española es el procedimiento legal previsto para la modificación de la Constitución española de 1978. Dicho procedimiento está especificado en el Título X del texto donde se precisa que existen dos procedimientos distintos; el ordinario, descrito en el artículo 167.1​, y el agravado, previsto para las reformas de más relevancia, en el 168.2.​

 

Cuando ha interesado sí que lo hemos hecho, y ha sido en dos ocasiones. Primero, en 1992 para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros, por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea, y la segunda en 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, en el marco de la crisis económica de 2008.

 

Por tanto, y contra lo que dicen algunos políticos, no necesitamos una nueva Constitución, sino exigir que se cumpla la que tenemos. No podemos estar sometiendo este texto a un debate constante, como si la unidad de España tuviese que someterse a referéndum cada cierto tiempo, para tener contentos a unos cuantos políticos que actúan de forma desleal hacia nuestras instituciones.

 

Nuestro país, España, para ser próspero, necesita estabilidad, y también seguridad jurídica, lo que implica castigos para los que intenten violar nuestra Carta Magna. Ahora mismo, no es admisible que ciertos políticos se salten las sentencias judiciales e incluso lancen procesos rupturistas con fines separatistas, y la cosa se derive por la vía judicial con la misma calma que un pleito entre vecinos sobre delimitación de fincas.

 

No puede ser que se destinen enormes cantidades de dinero público a gobiernos autonómicos sin ponerles condiciones, aunque luego incumplan los límites de déficit, y que muchas veces se usen para quebrantar la legalidad y la unidad entre los españoles, llegando a dejar sin pagar servicios esenciales, como ocurre en Cataluña con las farmacias, víctimas de los constantes impagos de una Generalidad que prefiere emplear el dinero en planes independentistas y en campañas de adoctrinamiento en medios de comunicación y escuelas.

 

Si quieren reformar la Constitución, que sea para poner freno a esta deslealtad, y no para propiciarla aún más. Que es lo único que estamos viendo ahora mismo con nuestra clase política, de izquierdas, de derechas, y en los extremos o sin rumbo como pasa con Ciudadanos. Y además eso lo hacen en función de sus pactos políticos, saltándose normas -en el caso de Canarias con el REF- o acercando presos o dando dinero para que el lenguaje también sea un arma de separación.

 

Todos somos españoles, al menos ahora mismo, y lo positivo es que tenemos una Constitución que es para todos, no para que algunos la usen a su libre albedrío.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 11 de diciembre de 2021.

 

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