EL MONÓLOGO / 320
Un país en interpretación

Por Pepe Moreno *

 

 

Hoy es el Día de Canarias, 30 de mayo. No voy a explicar por qué se celebra esta fecha; eso ya lo he contado otros años. Tampoco tengo claro todavía si el lunes será festivo para muchos trabajadores. Y no es una broma. Todo viene de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que considera ilegal que las empresas no compensen aquellos festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado.

 

Según ese criterio, cuando una festividad nacional cae en sábado, el trabajador tendría derecho a un día adicional de descanso o a una compensación equivalente. El problema es que nadie termina de aclarar cómo se aplica realmente. Algunos interpretan que el lunes posterior debería convertirse automáticamente en festivo; otros sostienen que se trata de un día de asuntos propios que el empleado puede solicitar más adelante.

 

He preguntado a varias personas y las respuestas son diferentes según el sector, la empresa o incluso el sindicato al que se consulte. Una persona que trabaja de lunes a sábado libra hoy porque el Día de Canarias es festivo. Otra que trabaja únicamente de lunes a viernes no sabe si tendrá derecho a recuperar esa jornada más adelante. Y así estamos: celebrando una festividad autonómica mientras nadie termina de explicar con claridad cómo se compensa.

 

Lo mismo ocurrirá el próximo 15 de agosto, que también cae en sábado y tiene carácter nacional. En cambio, el 12 de octubre, que será lunes, no plantea dudas, igual que el 1 de noviembre, que, al caer en domingo, pasará al lunes siguiente. Todo parece sencillo hasta que deja de serlo.

 

Y quizá esa pequeña confusión cotidiana sirva también para explicar bastante bien el momento político que vivimos. Porque en España últimamente casi nada resulta completamente claro. Ni las normas, ni los límites, ni las responsabilidades. Todo parece envuelto en interpretaciones, matices y zonas grises.

 

Por eso hoy quiero detenerme en otro asunto que lleva días ocupando titulares: las investigaciones judiciales que afectan al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente ha sido señalado en diligencias donde aparecen términos tan graves como organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o apropiación indebida. También se menciona a personas de su entorno profesional y familiar, además de varios empresarios y cargos vinculados a distintas operaciones.

 

Conviene recordar algo importante: estamos ante investigaciones judiciales y todos los implicados mantienen intacta la presunción de inocencia. Sin embargo, eso no elimina la gravedad política del asunto. Porque cuando una causa judicial habla de redes de influencia, sociedades interpuestas o utilización de contactos institucionales para favorecer determinados intereses económicos, el problema ya no es únicamente penal. También es ético y político.

 

Zapatero comenzó hace años una intensa actividad internacional ligada a labores de mediación, asesoramiento y relaciones empresariales. Algo relativamente habitual en muchos expresidentes. El problema aparece cuando esa actividad se mueve demasiado cerca de los centros de decisión política y empieza a confundirse con otra cosa más incómoda.

 

Porque influir no es ilegal. Lo hacen sindicatos, patronales, eléctricas, farmacéuticas o multinacionales tecnológicas todos los días. Los llamados lobbies existen en prácticamente todas las democracias modernas. La diferencia está en cómo se regulan y hasta dónde pueden llegar.

 

En la Unión Europea, por ejemplo, existen registros de transparencia, agendas públicas y mecanismos de control sobre las reuniones con grupos de presión. España, en cambio, sigue moviéndose en una especie de limbo donde muchas relaciones entre política y negocios funcionan más por contactos personales que por normas claras.

 

Las últimas informaciones publicadas hablan de transferencias millonarias, sociedades instrumentales y movimientos relacionados con operaciones internacionales, además de supuestas gestiones vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

 

Se dijo que un crédito de 54 millones de euros no se le podía dar, por parte de la SEPI, a una compañía que no era española, que no tenía aviones y que su deuda con la Seguridad Social era muy elevada. Incluso se han producido registros en oficinas conectadas con personas próximas al entorno del expresidente.

 

Naturalmente, habrá que esperar a que avance la investigación y a que los tribunales determinen si existe o no responsabilidad penal. No obstante, el simple hecho de que se esté investigando ya proyecta una imagen demoledora sobre la política española.

 

Porque el ciudadano normal contempla todo esto con una mezcla de resignación y cansancio. Da igual el partido que aparezca implicado. La sensación que queda siempre es parecida: unos gobiernan, otros hacen negocios alrededor del poder y los de abajo terminan pagando la factura.

 

Después llegan las ruedas de prensa, las acusaciones cruzadas, los discursos sobre conspiraciones políticas, el “lawfare”, o lo que es lo mismo, la instrumentación de la Justicia, los ataques a jueces o periodistas y el ruido habitual de las trincheras partidistas. En cambio, el problema de fondo permanece intacto.

 

España se ha acostumbrado demasiado a convivir con la sospecha permanente de que política y negocios mantienen una relación excesivamente cercana. Puertas giratorias, contratos públicos, rescates discutidos, asesores convertidos en intermediarios y antiguos dirigentes utilizando agendas y contactos construidos durante años de poder institucional.

 

Y todo eso deteriora la confianza pública mucho más rápido que cualquier crisis económica. Quizá por eso este caso genera tanta inquietud. Porque afecta a un expresidente del Gobierno y porque vuelve a abrir una pregunta incómoda: ¿quién influye realmente en determinadas decisiones públicas?

 

Por el contrario, si hay algo especialmente llamativo en toda esta situación, es la postura de algunos socios parlamentarios del Gobierno. Y ahí aparece Coalición Canaria.

 

El partido nacionalista lleva semanas endureciendo el tono contra Pedro Sánchez. Cristina Valido ha llegado a asegurar que la legislatura está agotada y ha pedido elecciones anticipadas o una moción de confianza, por lo que ha cuestionado la estabilidad real del Ejecutivo.

 

Sin embargo, cuando llega el momento de retratarse políticamente, la contundencia desaparece. Esta misma semana, el Partido Popular impulsó en el Senado una moción de reprobación vinculada a los escándalos que afectan al entorno socialista. Coalición Canaria no apoyó la iniciativa, pero tampoco respaldó al Gobierno. Optó por la abstención. Y esa opción resume bastante bien la política española actual.

 

CC intenta mantener un equilibrio complicado. Necesita marcar perfil propio en Canarias, distanciarse del desgaste del PSOE y al mismo tiempo seguir negociando con el Gobierno central asuntos fundamentales para las islas.

Y claro, eso termina desesperando a muchos ciudadanos.

 

Porque cada vez cuesta más distinguir entre la convicción política y el puro cálculo estratégico. Da la impresión de que muchos partidos quieren aprovechar el desgaste del Gobierno sin asumir el coste de provocar realmente una caída parlamentaria.

 

Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue resistiendo. Lo ha repetido varias veces en los últimos días: piensa agotar la legislatura pese al desgaste político, las investigaciones judiciales y el ruido constante.

 

Y probablemente pueda hacerlo de manera precisa, porque muchos de sus socios prefieren mantener esa incomodidad calculada antes que abrir un escenario político nuevo cuyo desenlace tampoco controlan.

 

Al final, todo esto conecta bastante bien con aquella confusión inicial sobre los festivos. Porque en España parece que casi nada termina de resolverse de manera clara. Todo depende de interpretaciones, negociaciones o intereses cruzados.

 

Ni los trabajadores saben con certeza cuándo les corresponde un descanso, ni los ciudadanos tienen claro dónde termina la influencia legítima y empieza el mercadeo político.

 

Vivimos instalados en una especie de provisionalidad permanente donde casi todo admite matices, excepciones o lecturas interesadas. Y, mientras tanto, la gente corriente sigue asistiendo a este espectáculo con una mezcla de cansancio y escepticismo.

 

Porque hay dos realidades que cada vez parecen más separadas. La de quienes cumplen horarios, pagan impuestos y esperan meses para resolver cualquier trámite administrativo. Y la de quienes encuentran un teléfono que responde, una puerta abierta o una negociación que termina aplazando cualquier consecuencia. El problema es la sensación creciente de que las reglas no funcionan igual para todos.

 

Y cuando un país empieza a normalizar esa percepción, el deterioro institucional deja de ser un debate político para convertirse en algo mucho más serio: una pérdida lenta, constante y peligrosa de confianza pública.

 

Por eso este Día de Canarias llega entre dudas jurídicas, cansancio político y demasiadas preguntas sin responder. Y quizá ahí esté la imagen más precisa del momento actual: un país donde casi todo parece discutirse eternamente, salvo las facturas, los impuestos y la paciencia de los ciudadanos.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 30 de mayo de 2026.