EL MONÓLOGO / 327
La causa pendiente

Por Pepe Moreno *

 

 

España ganó con autoridad a Francia y mañana se juega el Mundial frente a Argentina. Será un partido de esos en los que no basta con jugar bien. Habrá que mantener la concentración hasta el último segundo porque enfrente estará una selección que domina como pocas el otro fútbol, ese que mezcla talento con oficio, interrupciones, protestas y una presión constante sobre los árbitros. Ya ocurrió frente a otros rivales y nadie parece dispuesto a incomodar demasiado a la albiceleste ni, por supuesto, a Messi. Habrá que confiar en que España gane únicamente por fútbol.

 

Esa es, probablemente, la conversación más repetida estos días. Y dura bastante más que otras noticias que, en cualquier otro momento, habrían ocupado portadas durante semanas. Se habla de la condena por prevaricación e inhabilitación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, pero mucho menos. Y casi nada del resto de condenados en la misma causa o de las responsabilidades políticas derivadas de un proceso judicial que concluye que aquella plaza se diseñó para una persona concreta.

 

Durante ocho años, entre 2017 y 2025, David Sánchez percibió alrededor de 341.000 euros como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La sentencia le impide ocupar empleo público durante siete años, pero nadie parece plantearse qué ocurre con las retribuciones cobradas durante ese tiempo. Ni la Diputación ha anunciado reclamaciones patrimoniales ni la Fiscalía las ha solicitado. Todo termina reduciéndose a la inhabilitación, como si el resto del asunto hubiera dejado de existir.

 

Pero dejemos también esa discusión a un lado. Hay otro debate mucho más interesante y que afecta a millones de personas como que en Canarias analizamos, casi siempre, que el empleo crea un buen número de puestos de trabajo, cuánto baja el paro o cuántos turistas hacen falta para sostener nuestra economía. Es una conversación necesaria, pero incompleta. Tan importante como crear empleo es preguntarse en qué condiciones se trabaja y qué ocurre cuando quien trabaja enferma.

 

El asunto ha regresado a la primera línea política después de que Alberto Núñez Feijóo calificara las bajas laborales como “un cáncer que no podemos pagar”. La expresión provocó la reacción inmediata de la izquierda, de los sindicatos e incluso de profesionales sanitarios. Era previsible. Pero, una vez superada la tormenta política, sigue quedando una pregunta de fondo: ¿por qué España registra cada vez más bajas médicas?

 

Quizá convenga empezar buscando la respuesta a más de tres mil kilómetros de aquí.

 

Noruega aparece año tras año entre los países con mayor bienestar y felicidad del planeta. Allí un albañil, una camarera de hotel, un empleado de una estación de servicio o un cajero de supermercado pueden cobrar más de veinte dólares por hora, disfrutar de cinco semanas de vacaciones pagadas, recibir complementos por trabajar de noche o durante los fines de semana, contar con amplios permisos de maternidad y paternidad, disponer de días retribuidos para cuidar de un hijo enfermo e incluso obtener permisos para afrontar una mudanza.

 

Y no hablamos únicamente de empresas públicas ni de compañías nacionales. Esas condiciones también las aplican multinacionales perfectamente conocidas como Burger King, 7-Eleven o las estaciones de servicio vinculadas a ExxonMobil. La pregunta surge sola. Si esas mismas empresas pueden ofrecer esas condiciones en Noruega, ¿qué cambia cuando cruzan las fronteras?

 

La respuesta más sencilla consiste en decir que Noruega tiene petróleo. Y es verdad. Pero esa explicación solo cuenta una parte de la historia. La otra tiene que ver con las decisiones políticas adoptadas durante décadas. Invirtió en educación, fortaleció su sistema sanitario, apostó por reducir desigualdades y construyó un Estado del bienestar que entiende la protección social como una inversión y no únicamente como un gasto.

 

No es un paraíso. También afronta problemas derivados de la inmigración, de la presión fiscal o de la sostenibilidad futura de su modelo. Pero existe una diferencia importante: el trabajador no parte de la sospecha permanente.

 

España nunca recorrió exactamente ese camino, aunque tampoco ha escapado a una tendencia cada vez más visible: convertir determinados derechos laborales en motivo de sospecha. Ocurrió con las prestaciones por desempleo, con el ingreso mínimo vital y ahora sucede con las bajas médicas.

 

Antonio Garamendi ha señalado en varias ocasiones que muchas bajas comienzan los viernes o los lunes. El presidente de la patronal castellano-manchega, Ángel Nicolás, llegó a afirmar que algunos jóvenes solicitan la baja cuando les abandona su pareja. Y Feijóo terminó elevando el tono con una comparación desafortunada que monopolizó toda la conversación pública.

 

Mientras tanto, las cifras siguen creciendo. Durante 2025 se superaron los nueve millones de procesos de incapacidad temporal. El coste para la Seguridad Social sobrepasó los 18.000 millones de euros y las empresas estiman otros 17.000 millones adicionales entre sustituciones, prestaciones y pérdida de productividad. Ya no hablamos de un fenómeno puntual, sino de uno de los principales desafíos del mercado laboral español.

 

Lo curioso es que, cuando se profundiza un poco, empresarios y sindicatos coinciden en varias de las causas. La primera es el envejecimiento de la población activa. España vive más años y trabaja durante más tiempo. Es una magnífica noticia, pero también implica que cada vez hay más trabajadores de más de cincuenta años desempeñando empleos físicamente exigentes y soportando patologías asociadas a la edad.

 

En 2025 ya había cerca de 5,7 millones de afiliados mayores de cincuenta años, casi dos millones más que apenas unos años antes. Si además todos los expertos coinciden en que habrá que retrasar progresivamente la edad efectiva de jubilación para sostener el sistema de pensiones, parece inevitable que aumenten también las incapacidades temporales.

 

La segunda gran causa apunta directamente al sistema sanitario. Una consulta con determinados especialistas puede demorarse meses. Una resonancia tarda demasiado. Una operación se aplaza una y otra vez. Y mientras el diagnóstico o el tratamiento no llegan, la baja continúa abierta.

 

En Canarias conocemos perfectamente esa realidad. Las listas de espera no solo representan un problema sanitario. También terminan afectando al empleo, a las empresas y a la productividad. No porque el trabajador quiera permanecer más tiempo en casa, sino porque el propio sistema tarda demasiado en devolverle la salud.

 

Hasta ahí existe un consenso razonable. A partir de ese momento aparecen las diferencias. La patronal reclama que las mutuas tengan mayor capacidad para intervenir en el seguimiento de las bajas, acelerar pruebas diagnósticas y reducir los tiempos de recuperación. Los sindicatos sospechan que detrás de esa propuesta se esconde el intento de endurecer el acceso a las incapacidades temporales y trasladar al trabajador la carga de demostrar continuamente que realmente está enfermo.

 

La discusión no es nueva. Ya apareció durante la negociación del último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en 2023. Entonces se aceptó estudiar un mayor protagonismo de las mutuas, aunque sin permitirles conceder altas médicas. Desde entonces, prácticamente nada ha cambiado.

 

Lo que se discute es hasta dónde debe llegar la protección social y quién debe asumir su coste. En ese contexto resulta especialmente interesante el informe elaborado por la AIReF. Su publicación provocó un fuerte rechazo sindical, al considerar que alimentaba la sospecha de fraude sin pruebas suficientes. Sin embargo, el documento también aporta algunas conclusiones difíciles de ignorar.

 

La primera es que no existe una única explicación. Entre 2017 y 2024 las incapacidades temporales por contingencias comunes crecieron alrededor de un 60 %, impulsadas sobre todo por los trastornos musculoesqueléticos y por los problemas de salud mental, precisamente dos patologías cuya recuperación suele prolongarse durante más tiempo.

 

La segunda conclusión afecta a los convenios colectivos. Una parte muy importante complementa la prestación económica hasta igualar prácticamente el salario habitual durante la baja. Ese era, en el fondo, el argumento que pretendía exponer Feijóo, aunque eligiera unas palabras tan desafortunadas que terminó convirtiendo un debate complejo en una batalla política de titulares.

 

El verdadero problema no son las bajas, sino que España lleva años intentando resolver un problema sanitario y demográfico como si fuera exclusivamente laboral.

 

Discutimos sobre bajas cuando deberíamos hablar de listas de espera, de prevención, de salud mental, de envejecimiento, de productividad y de calidad del empleo. Porque quizá la pregunta no sea cuántas bajas puede soportar España, sino cuánto tiempo puede permitirse seguir ignorando por qué se producen.

 

Mañana sabremos si España o Argentina añaden una nueva estrella a su camiseta. El lunes volverán las discusiones sobre el arbitraje, la condena del hermano del presidente o si creemos más a los empresarios o a los sindicatos. La pregunta que deberíamos hacernos todos es si sale más caro, invertir en una sanidad que reduzca las bajas o seguir pagando durante años las consecuencias de no hacerlo. La respuesta probablemente cueste dinero. Lo que ya sabemos es que mirar hacia otro lado sale bastante más caro.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 18 de julio de 2026.