EL MONÓLOGO / 329
Consignas

Por Pepe Moreno *

 

 

Hay una costumbre que se ha instalado entre nosotros casi sin darnos cuenta. Vivimos en la época de lemas. De las frases rotundas. De los mensajes que caben en un titular, en un tuit o en un vídeo de treinta segundos. Nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano y, sin embargo, pocas veces habíamos dedicado tan poco tiempo a comprenderla. La explicación ha perdido terreno frente al eslogan. El matiz se considera una debilidad y la duda parece casi un defecto. Lo importante ya no es tener razón, sino conseguir que los nuestros repitan el mismo mensaje.

 

Existe una frase que resume esa manera de hacer política desde hace casi un siglo: “¿De qué se trata? Que me opongo”. Se atribuye al dirigente conservador argentino Candioti y, con el paso de los años, ha terminado convirtiéndose en una descripción perfecta de demasiados debates públicos. Primero se pregunta quién hace la propuesta y después se decide la respuesta. El contenido pasa a un segundo plano. Lo importante es no darle la razón al adversario.

 

No es una actitud exclusiva de un partido. La practican unos y otros con sorprendente naturalidad. Cambian los gobiernos, cambian los líderes y cambian los argumentos, pero la mecánica sigue siendo la misma. Lo que ayer era imprescindible hoy resulta inaceptable y lo que hace unos años parecía un disparate termina convirtiéndose en una propuesta razonable cuando cambian los ocupantes de la Moncloa o de cualquier otro despacho oficial. El problema no son las ideas. El problema es que demasiadas veces las ideas llegan después de las siglas.

 

Hace algún tiempo leía una reflexión del exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, sobre el perfil de quienes hoy ocupan buena parte de los escaños del Congreso. No discutía sobre títulos universitarios ni sobre expedientes académicos. Hablaba de otra cosa mucho más importante: la experiencia vital.

 

Durante los primeros años de la democracia era frecuente encontrar médicos, abogados, ingenieros, profesores o empresarios que interrumpían su carrera profesional para dedicarse unos años al servicio público y regresaban después a su actividad. Hoy, con demasiada frecuencia, el camino es justamente el contrario. Muchos dirigentes han desarrollado toda su vida dentro de la estructura de un partido.

 

Eso no convierte a nadie en mejor o peor político. Sería una conclusión tan injusta como falsa. Sin embargo, sí modifica la forma de entender la responsabilidad pública. Cuando toda tu carrera depende del partido, discrepar deja de ser una decisión sencilla. El siguiente cargo, la siguiente candidatura u oportunidad no dependen tanto del criterio personal como de la confianza del aparato. Y es entonces cuando la disciplina empieza a imponerse sobre la independencia y la obediencia termina desplazando al pensamiento crítico.

 

Quizá por eso cada vez cuesta más encontrar dirigentes capaces de defender una posición incómoda para los suyos, aunque beneficie a los ciudadanos. Es mucho más sencillo repetir el argumentario del día que asumir el coste de pensar por cuenta propia. Y esa forma de hacer política acaba teniendo consecuencias que van mucho más allá de los partidos. Termina contaminando el debate público, empobreciendo las instituciones y trasladando a la sociedad la idea de que todo consiste en elegir bando antes de analizar los hechos.

 

No hace falta buscar muy lejos para comprobarlo. Canarias ha vuelto a encontrarse esta semana ante uno de esos momentos en los que resulta difícil distinguir dónde termina el interés general y dónde comienza la estrategia de los partidos. El debate sobre la financiación autonómica, que debería girar exclusivamente alrededor de una pregunta —¿qué modelo beneficia más a los ciudadanos? —, acabó convirtiéndose, una vez más, en un enfrentamiento entre bloques.

 

La paradoja es que hablamos de una de las decisiones más trascendentes para el futuro del Archipiélago. De ella dependen recursos para la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o las políticas sociales. Sin embargo, buena parte del debate público no se centró en analizar el contenido del acuerdo, sino en identificar quién podía apuntarse el éxito o quién debía cargar con el desgaste político. La discusión dejó de ser técnica para convertirse en un combate de trincheras.

 

En medio de esa confrontación quedó una imagen que resume bastante bien el momento político que vivimos. La ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en una reunión decisiva terminó ocupando más espacio que el propio modelo de financiación. Durante días se habló más de unas vacaciones, de un aplazamiento y de las consecuencias internas dentro del Partido Popular que de los miles de millones de euros que están en juego para comunidades como Canarias. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo el continente acaba imponiéndose al contenido.

 

La cuestión verdaderamente importante sigue esperando respuesta. ¿Es bueno o malo para Canarias el acuerdo que se negocia? ¿Protege el Régimen Económico y Fiscal? ¿Garantiza que el Archipiélago no pierda recursos? Esas son las preguntas que deberían ocupar titulares, tertulias y debates parlamentarios. Sin embargo, exigen algo que las consignas raras veces ofrecen: tiempo para leer, voluntad de escuchar y capacidad para reconocer que una propuesta puede ser positiva, aunque la firme el adversario, o criticable, aunque proceda de quienes piensan como nosotros.

 

Quizá ahí resida una de las mayores debilidades de nuestra política. Hemos confundido la lealtad con la obediencia. Defender los intereses de Canarias no debería depender del color del Gobierno que ocupe la Moncloa ni del partido al que pertenezca quien se sienta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La primera obligación de cualquier representante público es con los ciudadanos a quienes representa, no con el argumentario que recibe cada mañana. Cuando ese orden se invierte, la política deja de ser una herramienta para resolver problemas y se convierte en un simple ejercicio de disciplina interna.

 

Y esa misma lógica, la de las respuestas simples para problemas complejos, vuelve a aparecer cada verano cuando el fuego comienza a abrirse paso entre nuestros montes. Apenas se declara un incendio, las redes sociales se llenan de expertos improvisados. Unos culpan exclusivamente al cambio climático; otros aseguran que todo se habría evitado limpiando el monte.

 

La realidad, sin embargo, es bastante más compleja. Los técnicos llevan años advirtiendo de que los incendios son cada vez más violentos por la combinación de altas temperaturas, sequía, acumulación de combustible vegetal, abandono del medio rural y, en muchos casos, la acción del hombre. Buscar una única explicación puede resultar cómodo, pero no ayuda a evitar que vuelvan a repetirse.

 

También reaparecen los bulos. Uno de los más repetidos estos días sostiene que “el BOE no deja limpiar el monte”. Es una consigna perfecta porque cabe en una frase y parece ofrecer un culpable inmediato. La normativa ambiental puede dificultar algunos procedimientos o exigir determinadas autorizaciones, pero no impide llevar a cabo trabajos de prevención. Otra cosa es que las administraciones hayan actuado con la previsión necesaria. Confundir una cosa con la otra solo sirve para alimentar la desinformación.

 

Y cuando todavía seguíamos pendientes del fuego, la actualidad volvió a mirar hacia Ceuta. Miles de personas cruzaban la frontera del Tarajal y el debate volvió a dividirse entre dos posiciones irreconciliables. Porque nadie puede negar el drama humano de quienes arriesgan su vida buscando un futuro mejor.

 

Un Estado tiene la obligación de proteger sus fronteras y el propio Pedro Sánchez, presidente de España, llegó a definir lo ocurrido como una vulneración de la integridad territorial, mientras en Europa comenzaban a multiplicarse las dudas sobre la capacidad para controlar una de las principales fronteras exteriores de la Unión. Al mismo tiempo surgían preguntas incómodas sobre la prevención, la coordinación entre administraciones o el papel de los servicios de inteligencia. Preguntas que siguen esperando respuestas.

 

La tragedia dejó más de sesenta fallecidos y abrió un interrogante que no puede despacharse con un intercambio de acusaciones entre gobiernos. ¿Quién asume la responsabilidad política y, si la hubiera, también la responsabilidad legal? ¿Fallaron los mecanismos de prevención? ¿Se actuó con la rapidez necesaria? ¿Existían informes de los servicios de inteligencia que advirtieran de lo que podía ocurrir? ¿Se reforzó a tiempo la frontera? Son preguntas incómodas, pero imprescindibles cuando un país presencia una crisis de semejante magnitud.

 

El Ejecutivo reaccionó reforzando Ceuta con más efectivos policiales y militares. Una decisión lógica cuando una frontera se ve sometida a una presión extraordinaria. No obstante, no pude evitar hacerme una pregunta. Hice el servicio militar en Ceuta y he regresado a la ciudad en varias ocasiones.

 

Siempre la he conocido como una de las plazas militares más importantes de España. Por eso resulta inevitable preguntarse si era realmente necesario trasladar más unidades o si el problema no estaba tanto en la falta de efectivos como en la capacidad para anticiparse, coordinarlos y dar la respuesta adecuada en el momento preciso.

 

Porque cuando miles de personas consiguen superar una frontera en cuestión de horas, el debate ya no debería centrarse únicamente en cuántos agentes o cuántos soldados llegaron después. La cuestión es otra: ¿por qué fue necesario reforzar la ciudad cuando la crisis ya estaba desatada?

 

Si el Estado dispone allí de medios permanentes, de fuerzas y cuerpos de seguridad y de una importante presencia militar, lo razonable es preguntarse qué falló para que la respuesta llegara cuando las imágenes ya estaban dando la vuelta al mundo.

 

Y quizá esa sea la verdadera conclusión. Discutimos durante horas sobre las palabras, mientras los problemas continúan ahí. Ocurre con la financiación autonómica, con los incendios y con la inmigración. Hemos convertido el debate público en un intercambio permanente de consignas, como si un eslogan pudiera sustituir al análisis o una frase rotunda resolviera cuestiones que llevan décadas acumulándose.

 

Tengo que decirlo porque si no reviento. Esos lemas sirven para ganar titulares o para las elecciones. Lo que todavía nadie ha conseguido demostrar es que alguna de esas palabras haya apagado un incendio, mejorado la financiación de Canarias o protegido una frontera.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 1 de agosto de 2026.