EL MONÓLOGO / 335
Cuentas pendientes

Por Pepe Moreno *

 

 

Escribía el pasado 29 de agosto, en el monólogo 333, que seguimos encontrando los mismos problemas, y que eso nos llevaba a que todo esto no dejaba de tener algo de fracaso colectivo. Decía en aquel escrito que era una muestra entre “lo que pasa hoy entre el periodismo y la clase política: les da lo mismo de lo que escribamos porque ellos, sin decir nada, aguantando el chaparrón mediático, creen tener el panorama despejado al cabo del tiempo”.

 

En la semana del 25 aniversario del derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, o en los 42 años que han transcurridos de la tragedia del Roque de Agando, en la Gomera, en la que murieron 20 personas, quiero hacer una serie de preguntas pendientes, como si fuera un inventario de cosas aplazadas y que en su momento quedaron para ser contestadas en tiempo y forma. Hay asuntos sobre los que seguimos esperando explicaciones.

 

Por ejemplo, aún estamos esperando: ¿de dónde proceden realmente las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero? La investigación sigue abierta y el origen de las piezas, tasadas en torno a 1,3 millones de euros, continúa sin quedar documentalmente aclarado.

 

La verdad es que muy poca gente lo sabe, entre otras cosas porque el expresidente no lo ha dicho. Estamos acostumbrados a que nos digan “ya mismo” y que esa expresión tenga una duración geológica.

 

Otra pregunta que, de momento, no tiene respuesta contrastada: ¿qué relación tuvo Zapatero con la operación de Plus Ultra y con las personas y empresas que aparecen alrededor de esa trama? Estos días han pasado por delante del juez Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, dos de los responsables de la compañía, y los dos han hablado de ese famoso 1 % de comisión por el rescate de 53 millones al “entorno del Grupo Zapatero”.

 

Lo mismo que querer saber el papel que desempeñó Begoña Gómez en la creación y funcionamiento de la cátedra de la Universidad Complutense. Ahora tendrá que ser la justicia la que determine qué hubo. Porque una cosa es tener contactos, otra utilizarlos y otra que esos contactos produzcan un beneficio ilícito. Entre una cosa y otra hay un trecho.

 

Seguimos preguntando. Estos días se han desclasificado varios informes de la Policía, del CNI, de la gendarmería marroquí e incluso del Gobierno de aquel país… pero ¿qué información conocía el Gobierno antes del asalto de la frontera de Ceuta y qué ocurrió exactamente durante aquellas horas? También la Audiencia Nacional ha abierto una investigación preliminar sobre los hechos de finales de julio, incluidas posibles responsabilidades relacionadas con migración irregular, trata y homicidios.

 

Y ahora sabemos algo más, aunque tampoco demasiado. Los documentos desclasificados confirman que hubo avisos previos sobre posibles intentos de entrada en Ceuta y que algunas de esas informaciones llegaron al Gobierno a través de WhatsApp.

 

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que aquellos mensajes nunca hablaron de la magnitud que finalmente alcanzó el asalto y que las referencias a una página con 180.000 seguidores se referían, precisamente, al número de seguidores de esa página, no a que todos ellos podrían saltar la frontera.

 

Una diferencia que parece pequeña escrita en un informe, pero que en la realidad puede medir varios miles de personas. Ayer, viernes, dimitió el jefe de gabinete del delegado del Gobierno. ¿La pieza más frágil? ¿Infravaloró lo que se venía?

 

Y aquí vuelve a aparecer la pregunta incómoda: si había avisos, aunque fueran imprecisos, ¿qué se hizo con ellos? Porque una cosa es saber que puede llover y otra que termine cayendo el diluvio universal.

 

Y luego está esa fotografía del verano que cuesta encajar en el álbum. Mientras Ceuta vivía una crisis en su frontera y la inmigración volvía a ocupar el centro de la política nacional, Pedro Sánchez estaba en Lanzarote.

 

¿Qué explicación tiene? No es una cuestión jurídica, sino política: qué imagen transmite y qué sensación deja en una comunidad que lleva años reclamando una respuesta al problema migratorio.

 

Mientras todo esto sucedía, Pedro Sánchez estaba de veraneo en La Mareta y asistía a varias teleconferencias. Hasta se publicó una imagen, sin piernas, en la que parecía muy preocupado. Quizá la política pueda explicarlo todo con comunicados, pero hay imágenes que se explican solas.

 

La última pelea tiene ahora nombre propio: el triaje. La consejera Candelaria Delgado sostiene que corresponde al Estado, porque el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo atribuye a las autoridades estatales las tareas de identificación, revisión médica, controles de seguridad y documentación antes de que el menor entre en el sistema de protección.

 

La respuesta del Gobierno central es, en esencia, que puede poner dinero para que Canarias haga el trabajo. La consejera insiste en que no es una cuestión económica, sino competencial. Mientras tanto, los menores siguen llegando y los centros canarios siguen soportando la presión. Porque los menores no entienden de competencias administrativas, pero sí entienden perfectamente cuándo un centro está lleno.

 

Luego está el asunto de la financiación.  ¿Qué va a recibir realmente Canarias con el nuevo sistema aprobado esta semana y qué compromisos políticos hay detrás del voto favorable de Canarias? Aquí hay una pregunta especialmente interesante para el artículo: ¿Es un buen acuerdo para Canarias o un buen acuerdo para el Gobierno de Pedro Sánchez?

 

Sobre el papel, para Canarias es difícil decir que no. Se ha pasado de los aproximadamente 600 millones adicionales que se planteaban inicialmente a 1.337 millones, de los que 611 procederían del sistema y 726 del nuevo Fondo de Dinamismo Económico. Además, el acuerdo reconoce expresamente que el REF queda fuera del sistema de financiación. Eso no es poco.

 

No obstante, tampoco conviene sacar todavía el cava. El acuerdo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que convertirse en ley y pasar por el Congreso, donde necesita mayoría absoluta y donde ya hay partidos que han anunciado su oposición. Y aquí está la parte que Canarias debería mirar con lupa: una cosa es conseguir una mejora sobre el papel y otra comprobar cuánto dinero termina llegando, durante cuánto tiempo y con qué condiciones.

 

Porque si algo hemos aprendido en Canarias es que entre anunciar una cantidad y verla reflejada en la realidad puede haber un océano entero de por medio. Y ya que estamos hablando de financiación, conviene que esta vez no nos conformemos con que nos enseñen el menú: estaría bien que también nos sirvieran la comida.

 

¿Y eso va a repercutir en la ciudadanía? ¿Cuánto van a tardar en traducirse en servicios públicos los millones que se anuncian? Porque la financiación puede aumentar, pero los ciudadanos seguirán preguntando por las listas de espera, la vivienda, las carreteras y la educación.

 

Y aquí hay otra cuestión que tampoco conviene esconder debajo de la alfombra: tener más dinero no garantiza gastarlo mejor. Canarias ya maneja un presupuesto de 12.491 millones de euros y una parte importante está destinada precisamente a sanidad, educación, servicios sociales y vivienda.

 

Por eso, si finalmente llegan esos recursos adicionales, habrá que comprobar no solo cuánto entra en la caja, sino cuánto acaba convertido en médicos, colegios, viviendas o carreteras.

 

Porque al ciudadano le importa bastante poco que le expliquemos que hemos conseguido 1.300 millones más si después sigue esperando meses por una consulta, años por una vivienda o media vida para solucionar un problema de carretera.

 

Y quizá esa sea la verdadera prueba del nuevo modelo: que el dinero deje de ser una cifra para convertirse en una solución. Y ahí ya no valen las matemáticas de Madrid ni las de Canarias: valen las de la cuenta corriente, la lista de espera y la paciencia del ciudadano.

 

Podríamos seguir con las preguntas. Por ejemplo, si hemos aprendido algo de los incendios de este verano o volveremos a hablar de prevención cuando vuelva a arder el monte. O aquella otra sobre la vivienda: si los gobernantes serán capaces de aumentar de verdad la oferta y no solamente de anunciar nuevos planes.

 

O cuándo se resolverá definitivamente el problema de las carreteras de Tenerife. O sobre el turismo: cuánto seguirá creciendo y, sobre todo, cuánto de ese crecimiento terminará repercutiendo en la calidad de vida de quienes vivimos aquí.

 

Y así podríamos seguir, porque preguntas no nos faltan. Lo que empieza a escasear son las respuestas. Septiembre nos devuelve al trabajo, pero también a la realidad. No hay respuestas.

 

Así que volvemos. Con las mismas preguntas de siempre y con algunas nuevas. La diferencia debería estar en las respuestas. Porque para hacer preguntas ya estamos nosotros. A los que gobiernan les toca, de una vez, contestarlas.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 12 de septiembre de 2026.