EL MONÓLOGO / 336
La gente puede esperar

Por Pepe Moreno *

 

 

Estos días hemos hablado del tiempo, por aquello de las temperaturas y de que los menores no han ido a clase el pasado martes en Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria. Y nos estamos acostumbrando a una moda que ya se ha impuesto: la formación telemática y los abuelos.

 

Unas veces porque hace mucho calor y otras veces porque la previsión de lluvia rompe los esquemas de lo que se puede aceptar, sin poner en riesgo la integridad de los estudiantes o de los maestros que imparten sus clases o de los padres que los llevan hasta el colegio. Lo cierto es que lo más fácil es decir “suspensión de la actividad lectiva” y mandar a todos para casa. Y probablemente sea lo más prudente cuando las circunstancias aconsejan no correr riesgos.

 

Pero también deberíamos preguntarnos si no estamos empezando a asumir como normal que cualquier episodio meteorológico que se salga un poco de la rutina obligue a cerrar los colegios, como si nuestros centros educativos no tuvieran que estar preparados precisamente para las condiciones del territorio en el que están.

 

Nadie sensato discutiría que la seguridad de los menores tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. A menudo debe prevalecer la seguridad del alumnado, aunque la suspensión de las clases genere problemas de conciliación familiar.

 

Porque una cosa es proteger a los alumnos y a los profesores ante una situación excepcional y otra muy distinta convertir la excepcionalidad en rutina. No se trata de desafiar al tiempo, que ya sabemos que tiene bastante mala leche, sino de conseguir que una alerta meteorológica no signifique automáticamente que miles de familias tengan que reorganizar su día porque las aulas no están preparadas para soportarla.

 

Porque además hay una paradoja: hablamos mucho de digitalización de la enseñanza, de nuevas tecnologías y de formación telemática, pero cuando llega una situación excepcional, seguimos dependiendo de que el tiempo permita abrir las puertas del colegio. No se trata de convertir los colegios en búnkeres meteorológicos, sino de asumir que el clima que teníamos hace unos años ya no es exactamente el mismo.

 

Si sabemos que determinados episodios de calor extremo pueden repetirse, quizá resulte más sensato invertir en sombra, ventilación, climatización, aislamiento y espacios adecuados que seguir improvisando cada vez que el termómetro se dispara o prohibiendo las clases o que se acerquen al colegio.

 

El propio Gobierno de Canarias tiene ya un protocolo específico para los centros educativos. No es una ocurrencia de esta semana. El documento establece distintos niveles de riesgo y contempla medidas extraordinarias cuando las temperaturas pueden afectar a la salud del alumnado. En el nivel más alto, y cuando existe una declaración de alerta por temperaturas máximas, pueden aplicarse medidas excepcionales.

 

Porque, insisto, cerrar un colegio durante una jornada puede ser una decisión necesaria. Pero luego está la otra variante. Padres y madres tienen que trabajar. Hay familias que no pueden quedarse en casa porque el colegio cierre. Hay trabajos que no permiten teletrabajar y hay hogares en los que tampoco existe una abuela, un abuelo o alguien disponible para solucionar la papeleta de un martes de septiembre.

 

Y la conciliación familiar, que ya es una asignatura pendiente por demasiadas razones, no puede convertirse además en una variable meteorológica. Porque estamos hablando, también, de residencias de mayores, de centros de día, de hospitales, de quienes trabajan al aire libre, de los que viven solos y, en general, de todos los colectivos para los que una temperatura extrema no es simplemente una incomodidad.

 

Quizá por eso convendría dejar de hablar del calor como si fuera una noticia de temporada. Deberíamos preguntarnos si nuestros colegios están preparados, si nuestros edificios públicos están adaptados, si nuestros servicios sanitarios pueden responder y si nuestras ciudades tienen suficiente sombra. Lo preocupante sería que nos acostumbremos a que cada vez que los haga tengamos que improvisar qué hacemos con todo lo demás.

 

Y aquí aparece otra de esas contradicciones que tenemos en Tenerife: necesitamos adaptar nuestras ciudades y nuestras infraestructuras a unas condiciones climáticas cada vez más exigentes, pero cuando llega la hora de tocar el territorio, aparecen otros problemas, otras sensibilidades y, en ocasiones, otros enfrentamientos.

 

Ahí está, por ejemplo, el debate que vuelve a acompañar a las obras del tercer carril de la autopista del Norte. Un titular que vi decía: “La cara oculta del tercer carril de la TF-5 en Guamasa: decenas de árboles y palmeras, en riesgo de desaparecer”. Y no es un asunto menor.

 

Porque también necesitamos carreteras que funcionen, menos atascos y mejores comunicaciones, pero al mismo tiempo hablamos de sombra, de vegetación, de adaptación al calor y de conservar aquello que precisamente ayuda a hacer más habitable nuestro territorio.

 

El problema, por tanto, no es simplemente decidir entre árboles o carreteras. El inconveniente es cómo hacemos las carreteras sin que cada mejora de una infraestructura suponga necesariamente perder una parte de lo que después necesitaremos para soportar el calor.

 

Porque al final todo tiene un coste. Tiene un precio retirar árboles, trasladar instalaciones, modificar proyectos, buscar alternativas o paralizar actuaciones. Y eso sale del mismo sitio: del bolsillo público. Lo razonable sería que cada decisión incorporase también una cuenta sencilla: cuánto cuesta, qué problema resuelve y a cuántas personas beneficia.

 

No para enfrentar árboles contra personas, ni medioambiente contra progreso, sino para recordar algo que a veces parece que olvidamos: las obras públicas se hacen para mejorar la vida de la gente.

 

Porque si para construir una carretera tenemos que pedir perdón por cada árbol y para desarrollar un espacio público tenemos que gastar más de un millón de euros en mover una familia de coleópteros, como pasó en una carretera del sur de Tenerife, quizá haya llegado el momento de preguntarnos si estamos poniendo el territorio al servicio de las personas o que estas estén al servicio de un terreno convertido en intocable.

 

Y eso también es sostenibilidad: no solo conservar lo que tenemos, sino conseguir que lo que hacemos con el dinero de todos sirva realmente para que vivamos mejor. Porque los árboles son importantes, claro que sí, lo mismo que las especies de escarabajos, pero las personas también. Y no estaría de más que, de vez en cuando, alguien se acordara de ponerlas en el centro.

 

No soy partidario de que los ecologistas sean los amigos del no al desarrollismo; lo que pasa es que son demasiados los casos en los que la situación del medioambiente dice lo contrario.

 

Y quizá el problema sea que hemos aprendido a discutir mucho sobre lo que no se puede hacer y bastante menos sobre lo que necesitamos hacer. Sabemos perfectamente dónde no se puede construir, qué árbol no se puede tocar, qué insectos deben quedar en su hábitat, qué instalación no se puede mover y qué proyecto tiene que volver a empezar.

 

Lo que cuesta algo más es explicar cuándo tendremos una carretera que funcione, un transporte público que sea una alternativa real o unos espacios públicos capaces de soportar las temperaturas que estamos teniendo. Para eso parece que en muchas ocasiones hay tiempo. Para lo otro, curiosamente, habitualmente hay una urgencia.

 

Tampoco parece razonable que cada actuación termine convertida en una carrera de obstáculos administrativa, ambiental o política en la que el proyecto acaba costando mucho más y tardando más de lo previsto. Y mientras se redactan informes, se presentan alegaciones y se buscan fórmulas para salvar cada inconveniente, el ciudadano sigue pasando por el mismo atasco, esperando la misma obra o utilizando la misma infraestructura que ya se había quedado pequeña hace años.

 

Hay que proteger el territorio, naturalmente. Pero protegerlo no significa congelarlo. Tenerife no puede convertirse en un museo en el que todo aquello que existe hoy tenga que permanecer exactamente igual para siempre, mientras la población crece, las necesidades cambian y las infraestructuras se quedan atrás.

 

También hay que proteger al ciudadano de la falta de soluciones, de los sobrecostes y de unas decisiones públicas que, muchas veces, parecen medir con lupa el impacto de una obra y con mucha menos precisión el coste de no hacerla.

 

Porque al final la política de las infraestructuras debería consistir en algo bastante sencillo: decidir qué necesitamos, cuánto podemos gastar, qué impacto estamos dispuestos a asumir y cómo podemos reducirlo. Lo demás es convertir cada obra en un laberinto. Y en Tenerife llevamos demasiado tiempo entrando en laberintos para después sorprendernos de que nunca encontremos la salida.

 

Proteger el territorio es una obligación, pero gobernar también lo es. Y cuando llevamos años gastando millones, suspendiendo clases, soportando atascos y justificando retrasos, quizá haya que hacerse una pregunta mucho más sencilla que todas las demás: ¿quién está pensando en las personas mientras todos discutimos sobre lo demás?

 

Porque si las obras públicas dejan de estar al servicio de los ciudadanos, tendremos árboles, insectos, escarabajos y expedientes perfectamente protegidos. Lo que quizá no tengamos sea un territorio en el que vivir mejor.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 19 de septiembre de 2026.