EL MONÓLOGO / 339
El precio del escaño

Por Pepe Moreno *

 

 

Hay algo curioso en las elecciones: conocemos los colores, los logos, los eslóganes y algunas caras de los candidatos. Sin embargo, cuando llega la hora de votar, sabemos bastante menos de las personas que aparecen en la papeleta. Y eso tiene su importancia, porque entre esos nombres están quienes van a decidir sobre nuestros impuestos, nuestros servicios públicos, nuestras carreteras, nuestra educación o nuestra sanidad.

 

En España hemos convertido las listas electorales en una especie de acto de fe. Siempre votamos “contra alguien” y no porque las formaciones políticas, o los que figuran en esas papeletas nos vayan a solucionar las cosas que nos ocupan. El partido coloca los nombres, nosotros elegimos la papeleta y, salvo que alguien destaque especialmente, poco más sabemos de quienes van a ocupar el escaño. En Canarias ocurre también.

 

Nadie sabe cómo se llaman los senadores canarios, pero ahí están cobrando todos los meses 3.417,54 euros en 14 pagas anuales. Eso son 47.845,56 euros al año y 191.382,24 durante los cuatro años de legislatura. Y hay otros 2.193,50 euros mensuales, también en catorce pagas, para cubrir los gastos derivados de la actividad parlamentaria en circunscripciones distintas a la capital. Son 30.709 euros al año y 122.836 durante los cuatro años. Esta última cantidad, además, está exenta de tributación.

 

Todo esto para decirles que, con 78.554,56 euros al año, nuestros senadores deberían tenerle bastante más respeto a los ciudadanos que les pagan. Y el respeto empieza por algo tan elemental como recordar que el escaño no es propiedad del partido que los coloca en una lista. ¿Ustedes creen que con ese dineral anual se ponen en la piel de los obreros o autónomos que cobran mucho menos?

 

Por si no saben los nombres de sus señorías, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. En El Hierro se eligió a Javier Armas González (CC), con 2.049 votos. Es hermano de Alpidio Armas (PSOE), presidente del Cabildo Insular, aunque este último ya ha anunciado que no volverá a presentarse el próximo año a ese cargo. Y un detalle que quizá tampoco conozcan: Javier Armas se llama realmente Aniceto Javier Armas González. Hasta para eso parece que necesitamos un poco de pedagogía electoral.

 

En Tenerife fueron elegidos por el PSOE Pedro Martín y Marta Arocha, mientras que por el Partido Popular obtuvo el escaño Emilio Navarro. En La Gomera bastaron 3.820 votos para que Fabián Chinea Correa, de ASG, llegara al Senado. En La Palma, el socialista Kilian Sánchez consiguió 12.652 votos. Y en la otra provincia, Paloma Hernández Cerezo, del PSOE, fue elegida por Fuerteventura con 10.737 sufragios.

 

En Lanzarote salió elegido el socialista Francisco Manuel Fajardo Palarea, con 21.303 votos. Es el padre de Juan Antonio Fajardo, que fue designado por José Luis Rodríguez Zapatero como embajador en Venezuela. Y en Gran Canaria se eligieron los socialistas Ramón Morales Quesada y Marta Jorgina Saavedra Doménech, con algo más de 142.000 votos entre ambos, además del popular Sergio Ramos Acosta, que permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024 y fue sustituido por Jaime Morales García.

 

¿Alguien piensa en dejar esa Cámara con el dineral que pagan? ¿Me pueden decir ustedes alguna iniciativa de sus señorías que nos haga la vida más amable a los que están leyendo estas líneas?

 

Y esto nos lleva al Congreso de los Diputados. Los llamados diputados rasos, lo que no tienen responsabilidades en ninguna Comisión, tienen una retribución que se mueve aproximadamente entre los 4.325 y los 5.375 euros brutos mensuales, dependiendo de circunstancias y complementos. Y quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad institucional pueden superar los 8.000 o incluso los 9.000 euros mensuales. No está mal para alguien cuyo nombre, en muchos casos, ni siquiera recuerda el ciudadano que depositó la papeleta.

 

En las elecciones de julio de 2023 en Canarias se eligieron quince diputados: ocho por la circunscripción de Gran Canaria y siete por Santa Cruz de Tenerife. En aquella provincia, el PSOE obtuvo tres escaños: María Dolores Corujo, Luc André Diouf y Ada Santana Aguilera. El Partido Popular consiguió otros tres: Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez.

 

VOX tiene un diputado por Gran Canaria, Alberto Rodríguez, mientras que en Tenerife ni siquiera pudo presentar candidatura. Y por Sumar, el acta fue para Noemí Santana, que después ha terminado en Podemos. Es decir, que también tenemos ese curioso fenómeno de diputados que llegan al Congreso con unas siglas y terminan la legislatura bajo otras. El escaño, por supuesto, sigue siendo el mismo. El sueldo, también.

 

En Tenerife, por el Partido Popular, los electos fueron Juan Antonio Rojas, Asier Antona y Laura Lima. Asier abandonó el Congreso para dedicarse a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma y fue sustituido por Ainoha Molina, una diputada nacida en La Restinga, en El Hierro. Y tuvo que afrontar, entre otras cuestiones, una de esas decisiones que permiten comprobar hasta qué punto las siglas pesan más que las circunstancias de cada territorio: rechazar la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería impulsada por Coalición Canaria y el PSOE.

 

El PSOE obtuvo otros tres escaños en Santa Cruz de Tenerife. Héctor Gómez que dejó el Congreso a mitad de legislatura para convertirse en representante diplomático ante Naciones Unidas. Fue sustituido por la gomera Esther Rodríguez Suárez. Alicia Álvarez continúa como diputada y hoy encabeza la lista socialista. Y el palmero Sergio Matos, que tuvo que abandonar el Congreso después de ser sorprendido conduciendo con una tasa de alcoholemia elevada. Su sustituto fue Jonay Quintero Hernández, un joven de 26 años y también de El Hierro.

 

En las listas socialistas dicen que el senador Pedro Martín quiere dar el salto al Congreso de los Diputados y que Alicia Álvarez no está muy por la labor de seguir. ¿Qué pasará? Incluso se ha dicho que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tiene que ir en la lista nacional, aunque se ha apresurado a decir que no concurrirá a las listas del Congreso, porque prioriza la candidatura a las elecciones autonómicas canarias.

 

Y queda Coalición Canaria, que consiguió un único escaño en la Cámara Baja por Santa Cruz de Tenerife. Lo ocupa Cristina Valido. En una nota de prensa de estos días se apunta a que el número dos de la lista será un palmero: Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta desde 2015 y diputado por La Palma en el Parlamento de Canarias desde 2019. ¿Ya está decidido? Mientras tanto, Miriam Perestelo suena como candidata al Senado por la isla. De momento, la pregunta es quién decide el orden y con qué criterio.

 

¿Qué ocurrirá con este partido nacionalista en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote? ¿Cómo se repartirán los puestos y qué acuerdos se cerrarán para intentar arañar cada voto? Teodoro Sosa, el actual vicepresidente del Cabildo y alcalde de Gáldar, se perfila para encabezar esa lista.

 

¿Eso quiere decir que Pablo Rodríguez, el mandatario de CC en la isla de Gran Canaria, le entregue todo el poder? ¿Qué hacemos con María Fernández, que es de CC y que en el pasado fue diputada en la parte final de la legislatura del 2023 una vez que NC le cedía el puesto a ella? Me parece que al señor Sosa le han quitado un peso de encima al no pelear por la presidencia de la institución insular en la que está ahora Antonio Morales.

 

Y, al otro lado del tablero, ¿habrá finalmente entendimiento entre Podemos Canarias, Sumar y el Frente Amplio? ¿O volveremos a asistir a esa vieja historia de las fuerzas que defienden objetivos parecidos, pero que encuentran dificultades para ponerse de acuerdo cuando llega el momento de repartirse los puestos?

 

También habrá que ver dónde queda Alberto Rodríguez, ese que ya estuvo en el Congreso con Podemos y que tanto escandalizó a Rajoy. Lo que hace falta saber es qué camino toma Drago Canarias, una formación que parece más proclive a explorar una confluencia de carácter nacionalista. ¿Y qué ocurrirá con las alianzas de Nueva Canarias? Saldremos de dudas en los próximos días.

 

Quizá por eso no estaría de más que las elecciones fueran también un ejercicio de conocimiento. Que supiéramos quiénes son nuestros diputados y senadores antes de votar y, sobre todo, que pudiéramos exigirles cuentas después. Porque ese dinero expresado al comienzo es de todos. Y detrás de esas perras hay ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y esperan, como mínimo, que quienes viven de representarlos se tomen en serio aquello para lo que fueron elegidos.

 

Al final, todo se reduce a lo mismo: los partidos deciden quién entra, quién sale, quién ocupa el número dos y quién se queda sin sitio. Después nos pedirán el voto en nombre de la democracia, la responsabilidad y el futuro de Canarias. No obstante, antes tendrán que resolver sus propios problemas, sus pactos, sus cuotas de poder y sus guerras internas.

 

Y mientras ellos negocian puestos en las listas, los ciudadanos seguimos esperando que alguien se ocupe de los puestos de trabajo, de la vivienda, de la sanidad, de la educación y de todos esos asuntos que no se resuelven colocando a un compañero de partido en el número uno o en el número dos. Porque las listas electorales son el escaparate de la política, pero también pueden ser su trastienda. Y cuando se conocen mejor los nombres de quienes aspiran a un escaño que las soluciones que proponen, algo estamos haciendo mal.

 

A los políticos les preocupa mucho quién va delante, quién va detrás y quién se queda fuera. A los ciudadanos debería preocuparnos quién va a responder por lo que promete. Que después vienen las elecciones, se cierran las urnas y algunos parecen olvidar que el escaño no es suyo, que el sueldo sale de nuestros bolsillos y que Canarias no es una agencia de colocación para los partidos políticos.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 10 de octubre de 2026.