EL MONÓLOGO / 342
La velocidad del silencio  

Por Pepe Moreno *

 

 

Hoy cuesta sentarse a escribir de asuntos canarios. Produce más trabajo porque la cabeza está en Urda, en la provincia de Toledo, y en las familias que esperan noticias que nadie debería tener que esperar. El miércoles 28 de octubre, a las 8:53 de la mañana, un AVE de Renfe chocó con un tren de Iryo detenido en la vía.

 

El balance provisional ha llegado a 69 fallecidos. Es la segunda gran tragedia ferroviaria del año, apenas nueve meses después de Adamuz, donde murieron 46 personas. Las cifras sirven para dimensionar el horror, pero no alcanzan a explicarlo: detrás de cada número hay una vida interrumpida y una familia intentando comprender lo incomprensible.

 

Desde que se conoció el accidente, las imágenes y los testimonios han devuelto al país a esa escena que en contadas ocasiones termina de abandonarnos: vagones destrozados, equipos de emergencia trabajando sin descanso, pasajeros que buscan a los suyos y personas que llaman a hospitales con la esperanza de encontrar un nombre.

 

Cada tragedia ferroviaria deja también una larga espera. Primero, la espera de las familias. Después, la de las respuestas. Y, demasiado a menudo, la espera de que la indignación pública no se disuelva antes de que esas respuestas lleguen.

 

Las causas de lo ocurrido en Urda siguen investigándose. El ministro Puente no ha dimitido. Las primeras informaciones han señalado fallos de comunicación en el sistema de control y una autorización para que el AVE reanudara la marcha cuando el tren de Iryo continuaba detenido. Esa reconstrucción inicial plantea preguntas gravísimas, pero todavía no permite presentar una hipótesis como un hecho probado.

 

Habrá que aclarar qué sistemas estaban operativos, qué información recibió cada persona y qué decisiones se tomaron. Hay que dejar trabajar a quienes investigan y exigir que la investigación sea rigurosa, independiente y transparente.

 

Esa cautela no significa silencio ni resignación. Al contrario: cuanto más grave es la tragedia, más necesario resulta separar lo que ya se sabe de lo que todavía se está comprobando. No hace falta adelantar conclusiones para exigir explicaciones. Tampoco hay que esperar al informe definitivo para preguntar cómo puede producirse una colisión entre dos trenes de alta velocidad, qué barreras debían impedirla y si esas barreras funcionaron. Son preguntas legítimas, no veredictos.

 

Y hay otra pregunta que pesa desde enero. Adamuz dejó 46 muertos en una colisión entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe. Las investigaciones siguen su curso, pero la repetición de una tragedia ferroviaria de esta magnitud en el mismo año vuelve inevitable la preocupación por la seguridad de la red y por el estado de las infraestructuras.

 

No porque ambos accidentes tengan necesariamente la misma causa —eso tendrá que determinarse—, sino porque el país no puede tratar cada siniestro como si naciera en un vacío, desconectado de todo lo ocurrido antes. Ya lo dijo el presidente Sánchez, que van a esclarecer “hasta el último detalle” del accidente ferroviario y se va a “reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder”.

 

Cuando ocurre un accidente, las instituciones suelen hablar de prudencia, de colaboración y de respeto a los tiempos de la investigación. Son palabras razonables. También pueden convertirse en un refugio cómodo si se usan para aplazar cualquier conversación sobre mantenimiento, inversión, protocolos y responsabilidades.

 

La prudencia debe servir para no difundir conjeturas, no para blindar a las instituciones frente a las preguntas. Y el respeto a las víctimas exige algo más que comunicados de condolencia: exige que el dolor no se utilice como un paréntesis tras el cual todo vuelve a funcionar igual.

 

Desde Canarias, mirar estos accidentes tiene una doble punzada. Aquí no tenemos trenes. Llevamos años escuchando promesas, proyectos, estudios y debates sobre ferrocarriles que todavía no se han convertido en una alternativa cotidiana para la gente.

 

En Gran Canaria y Tenerife, el tren aparece periódicamente en los discursos como una gran solución de futuro. Sin embargo, el futuro, como sabemos, es una palabra muy agradecida: permite anunciar, inaugurar sobre el papel y aplazar después sin que nadie tenga que subir todavía a un vagón.

 

Hoy no es el día para hablar de la “godada” que han hecho el PP y VOX en Canarias con las papeletas del Senado. En Tenerife, VOX propone como candidato al Senado a José Francisco García Paramio, que ya lo había sido a esa misma Cámara por León en 2023, y en Gran Canaria a Alba Moreno Santa, antigua responsable de comunicación de VOX en el Ayuntamiento de Madrid y vinculada también a su estructura nacional.

 

¿Qué papel juega en todo esto Manuel Domínguez, presidente del PP en las islas, para aceptar todo esto? La pregunta es inevitable para los militantes o votantes de VOX: ¿no hay en Canarias personas preparadas, con experiencia y conocimiento suficiente de nuestras islas para aspirar a un escaño en el Senado?

 

¿Qué explicación le han dado a José Carlos Acha, consejero del Cabildo? ¿Cómo se justifica que un representante público de Tenerife pase, en cuestión de días, de ser candidato anunciado a quedar desplazado por una negociación entre las direcciones nacionales? Y, sobre todo, ¿qué mensaje se transmite a los afiliados y votantes del PP en Canarias?

 

Si el Senado debe servir para defender los intereses de Canarias, lo razonable sería que la elección de sus representantes respondiera también a criterios de arraigo, conocimiento del territorio y compromiso con las islas, y no únicamente a las necesidades de un pacto político.

 

No obstante, el envoltorio importa menos que la decisión: dos partidos que compiten por el mismo electorado han optado por repartirse el espacio en una institución que debería representar a la ciudadanía. Para sus direcciones nacionales, quizá sea una operación práctica, una forma de maximizar resultados. Para quienes vivimos en Canarias, la cuestión es qué lugar ocupan las islas en ese cálculo y quién decide quién puede presentarse en nuestro nombre.

 

Después llegan los discursos sobre la importancia de la representación territorial, sobre la insularidad y sobre la necesidad de escuchar a las islas. No podemos votar con la nariz tapada, ni “contra” nadie. La ciudadanía también tiene derecho a preguntar si esa estrategia refuerza la representación canaria o la convierte en moneda de cambio.

 

Tampoco es el día para hablar de la carta que Fernando Clavijo ha enviado a Pedro Sánchez sobre la situación migratoria en Canarias, solicitando medidas ante la reactivación de la ruta migratoria atlántica, entre ellas un plan de contingencia, una convocatoria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado y una mayor implicación de la Unión Europea.

 

Ahí también aparece una contradicción política difícil de disimular. Se reclama firmeza cuando se habla de controlar fronteras, pero se habla mucho menos de quién debe sostener la acogida, de cómo se reparten las responsabilidades y de qué hace Europa cuando la ruta atlántica se reactiva.

 

El archipiélago no puede convertirse en una sala de espera permanente ni en el lugar donde se acumulan los problemas que el resto del país prefiere contemplar desde lejos. Exigir cooperación no es pedir un privilegio: es reclamar que una responsabilidad compartida se atienda como tal.

 

Sin embargo, hoy esas cartas, candidaturas y disputas quedan pequeñas frente a lo que ha sucedido en Urda. No porque carezcan de importancia, sino porque una tragedia con decenas de muertos altera la escala de todo lo demás.

 

No hay consigna que consuele a una familia ni pacto político que sustituya una investigación seria. No hay apelación a la prudencia que pueda convertirse en excusa para ocultar información.

 

Y no basta con prometer que se llegará hasta el final si, dentro de unos meses, el accidente ha desaparecido de los titulares y las preguntas siguen sin respuesta. Las víctimas no necesitan que se las invoque en cada discurso; necesitan que las instituciones estén a la altura de lo que ha ocurrido.

 

Urda no puede convertirse en otra cifra que se pronuncia durante unos días y después se archiva bajo la palabra “fatalidad”. Adamuz sigue ahí, con sus víctimas y sus preguntas; ahora Urda obliga a formularlas de nuevo. Que las causas sean distintas no rebaja la obligación de aprender de cada tragedia.

 

Y si en las próximas semanas vuelven las explicaciones confusas, las responsabilidades repartidas y las promesas sin calendario, habrá que decirlo con todas las letras: no se puede pedir confianza a la ciudadanía mientras se le niegan respuestas claras.

 

No podemos permitir que el paso del tiempo borre de nuestra memoria lo ocurrido en Adamuz, las dudas que todavía rodean aquella tragedia, el gran apagón eléctrico, la crisis migratoria de Ceuta, la gestión de la DANA de Valencia o la pandemia de la COVID-19.

 

Y ahora, además, lo que ha sucedido en Urda. Son demasiados episodios, demasiadas preguntas sin respuestas suficientes y demasiadas explicaciones que no siempre han estado a la altura de lo sucedido. Todo eso también debe estar presente cuando llegue el momento de votar. Porque gobernar no consiste en administrar titulares, construir relatos o buscar culpables al otro lado de la bancada.

 

En estos últimos cuatro años hemos escuchado mucho discurso y asistido a demasiadas operaciones de propaganda. Se ha dedicado más esfuerzo a vender relatos que a demostrar resultados de gestión. Y eso, por mucho que se intente maquillar, también debe pasar factura en las urnas.

 

Por eso, hoy la exigencia es sencilla y enorme a la vez: que se investigue Urda hasta el final, que se rindan cuentas y que la seguridad de las personas no vuelva a quedar detrás de la conveniencia política. Porque una vía puede unir ciudades y una candidatura puede repartirse en un despacho; pero cuando algo falla, quienes pagan el precio nunca son los despachos. Son las personas.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 31 de octubre de 2026.