EL MONÓLOGO Nº069
Con la Justicia hemos topado

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Por Pepe Moreno *

 

 

Mañana comienza agosto y parece que este mes viene peor que el del año pasado. Estamos en lo que se ha llamado la quinta ola, casi sin armas jurídicas a aplicar para luchar contra la pandemia y en una fase de vacunación avanzada, pero que no nos da las garantías suficientes para pensar que estamos ganando la batalla a un virus que cada día se hace más fuerte entre distintos sectores de la población.

 

Tenemos a los profesionales de la Sanidad apurados en su trabajo, estresados por el nivel de ingresos, cansados porque no ven un fin concreto y quemados ante la incomprensión de una parte de la sociedad que no se toma en serio lo que está pasando. Igualmente están los centros hospitalarios creando plantas en los que ingresar a los aquejados de la enfermedad y con unas UCIs en riesgo casi extremos ante la avalancha de personas que presentan cuadros graves de insuficiencia respiratoria.

 

Es el caso de La Palma y de Tenerife, islas en las que los ingresos en este tipo de recursos sanitarios superan el 25 por ciento de las camas preparadas. Y luego tenemos a unos jueces que parecen que velan más por la economía que por los intereses de los ciudadanos que puedan verse afectados por el coronavirus. Todas, menos una, de las resoluciones propuestas por este Gobierno de Canarias las han tumbado y le han dado la razón a unos colectivos que han elevado sus demandas económicas por encima de las razones de prevención que se buscaban.

 

Así hemos visto como una medida que buscaba “seguridad” entre comensales como era la aportación del certificado de vacunación, la rechazaban y presentaban un recurso en contra por considerar que ellos no están para controlar a nadie. Es posible que eso sea así, pero ¿cuándo no te dejaban entrar en sus negocios porque no vestías o calzabas como exigía el local, por qué lo aplicaban si no eran nadie para ello? Y, es más, ¿los vacunados no deberían tener alguna ventaja sobre los que no han querido o no han puesto de su parte para estar inmunizados?

 

Voy más allá. La medida de ampliar los aforos en restaurantes y bares procedían de una propuesta que ellos mismos propusieron en su día para evitar los cierres de los interiores y que pudieran hacer algo de caja y no cerrar sin más. Entonces, ¿si aquello se aceptó en armonía por qué van ahora a los tribunales y logran tumbar las disposiciones pactadas?

 

Recuerdo que los alcaldes hicieron, durante el primer nivel 4, lo que estaba en su mano para hacer posible que la restauración siguiera con sus actividades y no tuviera que cerrar. Así dieron los permisos exprés para las terrazas e incluso, como en La Laguna, cerraron calles para que esos negocios tuvieran posibilidades de seguir adelante.

 

Así lo pagan, con los recursos y consiguiendo medidas cautelarísimas para hacer sus interiores más amplios, hasta un 55% por ciento, y dejando sin armamento jurídico a un Gobierno que emite este tipo de normativa en beneficio de una comunidad que en este momento está asustada por el número de contagios que todos los días se dan.

 

He visto como presidentes de asociaciones y círculos de empresarios de las islas dicen, con una pachorra digna de mejores causas, que están dispuestos a colaborar con las autoridades para frenar esta quinta ola. Y se quedan tan panchos. Como si la medida, que ya fue impuesta en establecimientos hoteleros, en los que hay que aportar el certificado de vacunación o la realización de una prueba médica que indique que los clientes están, en ese momento, libres de virus no se hubiera adoptado y cumplido desde hace más de un año. Eso al margen de que, insisto, lo aprobado y explicado en el mandato en cuestión fue una propuesta que ellos mismos aportaron y que se tomó en consideración.

 

El consejero de Presidencia y Función Pública y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, refiriéndose al punto explicado anteriormente, reflexionaba diciendo que “nos llama la atención que se esgrima ahora la intimidad de las personas para acreditarse y antes no” y aclaraba que “los consejeros del Gobierno toman las decisiones tras escuchar al consejo legal y técnico”.

 

Y yo pregunto, ¿también los recurrentes tienen esos medios? Me da que no. Simplemente redactaron un recurso, se fueron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a su Sala de lo Contencioso Administrativo y esperaron su resolución. El auto firmado por el presidente de la Sala, Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, que actuaba de ponente y con los magistrados María del Pilar Alonso y Evaristo González en cinco páginas decidieron tumbar las medidas que, teóricamente, habían consensuado las asociaciones y el Gobierno. En su explicación final se acuerda:

 

“a) Queda suspendido el cierre total entre 00:00 y 06:00 horas que para el Nivel 4 establece la medida 1.6 b) La medida queda suspendida en cuanto a la exigencia de certificado COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con exclusión de autotests diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses.

 

El límite de aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración queda fijado en un 50 % tanto en nivel 3 como en nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia de certificado COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con exclusión de autotests diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses.

 

El límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federada en zonas interiores; así como cines, teatros, auditorios y espacios culturales queda fijado en el 55% para el nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia de certificado COVID-19 mostrativo de pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa (con exclusión de autotest diagnósticos) con resultado negativo y realizada dentro de las últimas 72 horas o certificación de haber pasado la infección en los últimos seis meses”.

 

Es decir, que no solo tiran por tierra lo de las pruebas o el certificado de vacunación, sino que son los jueces los que fijan los porcentajes que pueden acudir a esos lugares y por tanto son ellos, imagino que aplicando las leyes y no los fundamentos sanitarios, los que nos dicen a todos hasta donde llegan los límites de aforo. Por tanto, los comités científicos, los asesores sanitarios y los profesionales de la salud tienen que aplicar criterios jurídicos a la hora de luchar contra esta pandemia. No valen los números, ni las camas hospitalarias ni los recursos de sanidad que se dediquen a este menester, es el razonamiento de las leyes el que impera y se impone. Bien harían algunos responsables políticos en revisar algunas de sus disposiciones con los que se benefician de este auto y la manera que han tenido de falsear un consenso que a la hora de la verdad han rechazado para buscar una cuenta de resultado más propicia.

 

Decía Blas Trujillo, consejero de Sanidad, en la rueda de prensa del jueves posterior al Consejo de Gobierno, que “a nosotros no nos queda más que aplicar el eje de salud, economía y legalidad y en eso estamos”. Algunos parece que buscan en la legalidad el amparo necesario para su economía y que lo de la salud no les importa demasiado. Creo, sinceramente, que desde el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres se buscaba la combinación de los tres puntos y que lo conseguían con ese tipo de medidas, pero con la Justicia toparon y no fue posible la combinación. Pero lo mismo tengo que decir del resto de los partidos políticos que solo hacen críticas, que no aportan soluciones que puedan llevarse a término. Critican y hasta ahí llegan. Y así nos va.

 

Estamos en un tiempo en el que hay que poner remedios, sacar resoluciones que se ocupen de combinar la salud, la economía y la legalidad, pero principalmente la salud y en estos momentos, en los que avanza una ola de contagios, hay que actuar más que discutir y sobre todo hay que dejar las soluciones en manos de aquellos que sepan cómo salir de esta situación.

 

Algunos de los personajes reflejados en este artículo han quedado retratados y sobre todo han dejado la impronta de que están más por la economía, la suya, que por el bien común. Deberían preguntarle a los que se están ocupando de la sanidad en los hospitales qué opinan, antes que mirar sus cuentas. Pero claro, eso no lo hacen. Se esconden detrás de recursos que parecen más actitudes egoístas que escritos en los que se busque el bien de la sociedad.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

La Laguna (Tenerife), 31 de julio de 2021.

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