EL MONÓLOGO Nº087
Un cambio necesario

Por Pepe Moreno *

 

 

Hoy voy, una vez más, a intentar escribir desde lo positivo, aunque pensándolo bien va a ser difícil que sea en ese sentido, ya que lo haré de una dimisión/cese o como quieran llamarlo porque aún no se sabe qué es lo que realmente ha pasado con Miguel Montero, aún y todavía, director general de Dependencia del Gobierno de Canarias y que, siendo un miembro destacado de Unidas Podemos, dicen que ha presentado su dimisión como consecuencia de unas declaraciones en las que se comprometió a irse a su casa y dejar el cargo si en un año no conseguía dejar un mínimo de cinco mil expedientes más.

 

Por lo que sé, este director general deja su departamento con 26.236 dependientes recibiendo sus prestaciones, casi 1.300 más que en enero y 36.134 personas con el derecho reconocido a recibir una prestación, casi 3.100 más que hace diez meses, según los datos correspondientes al mes de octubre publicados por el Imserso. A pesar de estos avances, aún quedan en el sistema casi 10.000 personas que tienen derecho a recibir una prestación por dependencia y cuentan con un plan de atención individualizado, pero no la reciben. En agosto de 2019, cuando el actual equipo llegó a la Consejería, había 22.699 beneficiarios del sistema.

 

Pero no tengo claro si Montero se va o le dicen que mejor lo deje, o se ha sentido más solo que un no vacunado en una cena de Navidad francesa. Y es que hay versiones de todo tipo.

 

Esta misma semana, el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), José Cristóbal García, afirmó que «lo que pasa en Canarias con la Dependencia no tiene nombre». Y es que en el Informe Anual 2020 del CES se «constata que los datos del Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias resultan sumamente alarmantes». Y no se quedó corto ahí el presidente del CES, porque añadía que «los números cantan y ponen de manifiesto que, aunque las deficiencias en este asunto vienen de legislaturas anteriores, en la presente no se está mejorando, incluso empeorando».

 

Hay más, si uno quiere seguir indagando en el particular, porque también debemos tener en cuenta el tiempo de respuesta a estos expedientes. Un trámite que se eterniza sin que nadie le ponga remedio o incluso le importe, ya que, aunque en la norma se establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo de 180 días, en el caso de Canarias, la Administración tarda una media de tres años en responder, lo que significa que aquí, en estas islas y con tanta gente necesitada se tarda más del doble de la media nacional. Pero a Miguel Montero no le hemos oído decir nada de todo esto.

 

Más bien ha encontrado explicaciones con las que ha tratado, con buena voluntad, eso sí, que comprendiéramos que hace falta mucho trámite, más personal y otra forma de hacer las gestiones necesarias para que esas ayudas lleguen en tiempo y forma. Y es que ese departamento flaquea desde tiempos inmemoriales, cuando Inés Rojas, consejera de ese ramo siendo presidente Paulino Rivero, dejaba que se amontonaran expedientes en las dependencias gubernamentales sin que nadie supiera como debían de tramitarse.

 

En aquellos tiempos las críticas desde todos los sectores relacionados con este departamento. Por ejemplo, José Miguel Ramírez, portavoz de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, decía que la entonces consejera era la responsable de la “nefasta gestión” de las ayudas destinadas a personas en situación de dependencia. Ya en 2014 se conocía que más de 4.000 personas habían fallecido sin percibir ninguna ayuda pese a tener derecho a ello.

 

Otros 12.739 afectados esperaban en aquellas fechas a que les respondiesen y añadía que Canarias era una de las regiones con menor grado de cumplimiento en la prestación de este tipo de subsidios. Ramírez recordaba, y fíjense que hace tiempo de ello, que en las islas más de la mitad de las personas dependientes no percibían ayudas. Ya por aquel entonces, Ramírez y su asociación, reiteraban la necesidad de relevar a Rojas al frente de la consejería del área.

 

Bueno, pues luego se hizo cargo de ese departamento Patricia Hernández y se rodeó de una serie de gentes que hizo posible que ese lugar de la administración funcionara de otra manera. Ella, con su gente, hizo posible que se tratara de otra manera, que, de alguna forma, con los que conocían cómo tratar los expedientes se sacaran adelante y que los dependientes supieran cómo funcionaba la administración.

 

Para eso contó con expertos, como Marta Arocha, que sabían cómo sortear los vericuetos de una burocracia que podría frenar el ímpetu que traían, que su sapiencia lograba acortar los tiempos y que fundamentalmente conocían los procesos que lograrían llegar hasta el final de concesiones, que, al fin y al cabo, era el objetivo final. Por todo eso, con los protagonistas y con los conocimientos que manejaban llegaron a conseguir sus objetivos.

 

Por ejemplo, nombró como directora general de Dependencia y Discapacidad a Marta Arocha, un nombre que significó un cambio de tendencia y que   manifestó la incorporación, sólo en un mes. el mayor número de incorporaciones registrado y que obligó a propio Ramírez a reconocer que ese cambio en la Consejería de Políticas Sociales, mostrado un cambio de tendencia con la incorporación de más de un 4,33%, gracias al esfuerzo que se realizó en su momento.

 

Por eso ahora vuelve Marta Arocha. Por eso, antes de cesar a Noemí Santana en ese departamento, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres le “sugiere” a Unidas Podemos que se pueden hacer otras cosas y que alguien con la experiencia de quien ha ostentado esa responsabilidad en el pasado puede volver a aplicar sus conocimientos.

 

La crisis no es tal crisis. Una persona que no sabe cómo aplicar lo que se le da se sustituye por otra que sabe. Nos habían anunciado que la incorporación de 101 trabajadores contratados con carácter temporal para la gestión en Atención Temprana, Dependencia y Discapacidad, así como a la incorporación de otros 50 empleados era la solución para la cantidad de expedientes acumulados, pero no era así.

 

Se tuvo que recurrir a que esos 115 trabajadores, contratados durante tres años para desarrollar tareas relacionadas con los servicios sociales y cinco para asuntos relacionados específicamente con familia e infancia, pudieran hacer su labores, y que un programa, dotado con 9,4 millones de euros en tres años, así como el resto de contrataciones de personal diera cumplimiento a los objetivos del Gobierno en materia de Derechos Sociales en asuntos tan sensibles como la pobreza, la inclusión social, la discapacidad o la dependencia.

 

Por eso, a pesar de contar con 271 empleados adicionales para atender sus competencias y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en esta materia, no se han logrado estos objeticos y hay que dar por buenas las decisiones de la Presidencia, centrándolas en la incorporación de Marta Arocha, el cese de Miguel Montero y todas las decisiones que se han realizado en ese departamento.

 

Estamos hablando de un colectivo necesitado de respuestas rápidas que no entiende de burocracias ni de procesos largos en darle el visto bueno a sus expedientes. Por eso es bueno este relevo y sobre todo aplicar los conocimientos que se han ido acumulando en anteriores gobiernos.

 

En positivo, una cosa es predicar y otra bien diferente dar trigo y creo que la decisión de uno, el presidente del Gobierno, es buena en dar un giro y también es bienhechora la asimilación de una consejera, la de Asuntos Sociales, Noemí Santana, de apoyarse en quien ya hizo que este tipo de soluciones fueran posible.

 

Así que lo dicho, hoy he escrito en positivo. Otra cosa es que la solución sea un cese, o sea un fracaso en la persona designada de antemano y que no supo gestionar lo que se le puso en sus manos y conocimiento.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 4 de diciembre de 2021.