En defensa de la
Constitución de 1978

El Rey Emérito Juan Carlos I está siendo objeto de un juicio mediático paralelo por unos hechos que mientras no se declaren probados en una sentencia firme, no destruyen la presunción de inocencia, derecho constitucional fundamental que ostenta cualquier ciudadano español. En todo caso, la Corona, símbolo de la monarquía parlamentaria, forma política del Estado Español (artículo 1.3 de la Constitución), está por encima de quienes la encarnan en cada momento y, para preservar su función constitucional, Felipe VI ha adoptado medidas severas para distanciar a la Jefatura del Estado de las investigaciones que puedan llevarse a cabo sobre la conducta de su padre, que, no es justo olvidar,  ha contribuido eficazmente,  durante más de cuarenta años,  a la consolidación de las libertades y al  progreso social y económico más estable de la historia contemporánea de España.

 

Sería un error de imprevisibles consecuencias plantear en este momento de necesaria estabilidad política, un debate sobre el cambio en la forma del Estado por razones coyunturales o por circunstancias puntuales, que supondría cambiar la Constitución sin seguir el procedimiento constitucionalmente establecido. El debate de monarquía/republica ya se produjo en las Cortes Generales en la Transición, y es legítimo que pueda producirse de nuevo si se planteara una reforma constitucional que incluyera el título preliminar. Ninguna ideología política es incompatible con la Monarquía, cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la democracia, de las que Juan Carlos I ha sido garante en momentos dramáticos de la vida nacional y lo es, ahora, ejemplarmente, su hijo, Felipe VI.

 

No nos engañemos, lo que realmente pretenden los nacionalistas independentistas y populistas, aprovechando que la Monarquía atraviesa un momento difícil, es no reformar, que sería necesario, sino derogar o abolir la Constitución de 1978, – las más trascendental e importante de la historia de España, que supuso un armisticio final de una guerra civil, de una larga dictadura, y de dos siglos de contiendas civiles-  abogando por una proclamación de la III República, extramuros de la Constitución de 1978, a la que despectivamente denominan “Régimen del 78”,  para conseguir la independencia y la plurinacionalidad, mediante el ejercicio del eufemístico “derecho a decidir”, que tiende a desintegrar España, inexistente en el derecho nacional e internacional , a pesar de que carecen de legitimidad histórica para ello, al haber  traicionado   en la contienda fratricida a la II República, que se definió como un Estado Integral, que solo aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, competencialmente muy inferiores a los actualmente vigentes.  Como advirtió Indalecio Prieto. “Tos decían amar a la República y todos se concitaron para destruirla”.

 

El presidente y los miembros del Gobierno de la Generalitat fueron condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, por el delito de rebelión militar contra la República el 6 de octubre de 1934, a treinta años de prisión, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley presentada a las Cortes por el Gobierno de la CEDA con Lerroux. Prueba irrefutable del fracaso histórico de la política de diálogo y apaciguamiento, es que, -a pesar de que los independentistas catalanes fueron amnistiados por el  Frente Popular, liderado por el PSOE de Largo Caballero, dejando impune la citada rebelión, y restaurando la vigencia del Estatuto, y de que incorporó a 6 ministros de ERC y a varios anarquistas a los gobiernos del Frente, introduciendo el caballo de Troya contra la República,-  traicionaron a la República ( la palabra traición es de Azaña) durante la guerra civil, como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes; y Azaña, en los artículos escritos   en Collonges-sous-Saléve ( Francia) en 1939 : “Cataluña en la guerra,  y la insurrección libertaria y el «eje» Barcelona-Bilbao.

 

He vendido sosteniendo, prácticamente, en solitario, que los independentistas vizcaitarras y catalanes, fueron los causantes, entre otros conocidos factores nazi-fascistas, de la destrucción de la II República, al precipitar su derrota y frustrar la política de resistencia de Negrín que la hubiera salvado. Esta tesis la ha confirmado el historiador Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio mejicano, considerado el mejor pensador que ha tenido el socialismo español, ignorado por sus correligionarios actuales. En el tercer volumen de su Historia de España, con el título “Un drama histórico incomparable. España 1808-1936”, sostiene que “el hundimiento de la Segunda República se produjo porque pesaron más los intereses políticos y económicos que tendían a desintegrar España, que las iniciativas culturales que intentaban unirla. La falta de apoyo de la burguesía catalana a la II República fue lo que motivó el proceso de desintegración nacional y su fracaso. La experiencia demuestra que cuando se inicia una revolución concediendo autonomías, fracasa la revolución y las autonomías. La guerra civil no fue de España contra Cataluña, sino de Cataluña contra España”.

 

En tiempos, como el presente, de crisis profunda, es obligatorio para todos defender, como ha hecho, con acierto, el presidente Sánchez, el Pacto Constitucional, – del que forma parte sustancial la Monarquía Parlamentaria-, que nos ha proporcionado la mayor etapa histórica de progreso y libertad, siempre amenazada por los extremismos que nos acechan en las curvas ilusionadas de nuestra historia. “Nada es más fecundo en maravillas que el arte de ser libre; pero no hay nada más duro que el aprendizaje de la libertad. La libertad, al contrario [del despotismo], nace de ordinario en medio de las tormentas, se establece penosamente entre las discordias civiles y solamente cuando es ya vieja se pueden conocer sus beneficios” (ALEXIS DE TOCQUEVIL).

 

* Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y ex magistrado.

Ex Fiscal General del Estado y ex miembro del Consejo de Estado

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de agosto de 2020.