Guerra, asilo,
migración y menores

Román Rodríguez *

 

La execrable e injustificable invasión de Ucrania está suponiendo un enorme sufrimiento para su pueblo, arrasado desde hace varias semanas por la gran potencia militar rusa. Una guerra que está causando la pérdida de miles de vidas humanas, incluyendo a menores como esta semana en Mariúpol, la destrucción de infraestructuras básicas y el consiguiente empobrecimiento de su población.

 

Un conflicto que también afecta a los propios ciudadanos y ciudadanas de Rusia, por las sanciones económicas adoptadas y por el relevante aumento de la represión interna por parte del régimen autoritario de Vladímir Putin. Y, asimismo, una guerra que tiene efectos económicos a nivel global -en el plano energético, en el alimentario o en el de insumos para la ganadería- que ya comenzamos a percibir nítidamente en Canarias.

 

Como consecuencia de esta guerra se está produciendo un masivo desplazamiento de personas que huyen hacia otros estados europeos, el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que Naciones Unidas estima ya en cerca de dos millones, de ellos un número importante de niños y niñas. Cifra que, con toda seguridad, se ampliará de forma significativa: se calcula que, de persistir la invasión armada rusa, podrían salir de Ucrania unos seis millones de personas en los próximos meses.

 

Ante la situación creada, el Consejo de Asuntos de Interior y Justicia de la Unión Europea aprobó el pasado 3 de marzo la activación, por primera vez, de la directiva de Protección Temporal que permite la acogida de personas por afluencia masiva de forma ilimitada. La norma se activa para acoger a personas procedentes de Ucrania, tanto nacionales como para refugiadas que vivan en ese estado, confiriéndoles protección automática de manera temporal.

 

Esto significa, básicamente, que pueden permanecer en territorio de la UE y que los estados de acogida deben garantizar su alojamiento y sustento, así como ofrecerles la posibilidad de trabajar -esto es, que no tengan impedimentos para hacerlo- y de acceder a los servicios sanitarios y educativos. La medida tiene vigor durante un año, prorrogable si se mantiene la situación por la que se vieron obligados a desplazarse. Al margen de que, por los cauces habituales, puedan solicitar asilo.

 

PACTO DE MIGRACIONES

 

Hay que recordar que en septiembre de 2020 se publicó la propuesta de Pacto de Migraciones y Asilo por parte de la Comisión Europea, que pretendía diseñar una nueva política migratoria común. A mi juicio, una iniciativa tan necesaria como interesante, aunque tardía, de lento desarrollo y con algunas notables insuficiencias, entre ellas hacer una distinción extrema entre personas solicitantes de protección internacional y aquellas que migran por otros motivos -como los económicos o los desastres medioambientales-, por poner el énfasis en la contención y en la detención y. asimismo, por no contar con una mirada especifica a los niños y niñas migrantes. Además, ningún muro, físico o normativo, va a frenar fenómenos que, además, se incrementarán en el futuro por la crisis climática y que ya está provocando refugiados por esta causa.

 

Siempre he defendido que la Unión Europea cuente con una legislación clara de inmigración y asilo. Para evitar que en el Mediterráneo y en la ruta migratoria hacia Canarias se produzcan miles de muertes, como viene sucediendo. Para abordar el fenómeno migratorio desde el absoluto respeto a los derechos humanos que forman parte esencial de nuestros valores. Para insistir en las políticas de colaboración al desarrollo y, al tiempo, establecer vías migratorias legales y seguras -por ejemplo, mediante el establecimiento de cuotas- que eviten las arriesgadas rutas irregulares y la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

 

Canarias, región frontera de la Unión ante el continente africano, lleva tiempo viviendo una situación en la que en muchos momentos se ha echado de menos una actuación ágil, coherente y justa del Estado español y de las autoridades comunitarias. Echando también en falta la solidaridad del resto de regiones y nacionalidades; salvo excepciones, miran para otro lado. ¿Se imaginan que Polonia, en exclusiva, tuviera que hacerse cargo del éxodo generado por la guerra de Ucrania? ¿Qué tuviera que acoger a los dos millones de refugiados actuales? No parece justo y nadie se lo plantea. La UE, de forma razonable, pretende que, sobre determinados criterios, se produzca una distribución de los refugiados ucranianos entre las distintas naciones de la Unión. Al Estado español y a Canarias les corresponderán sus respectivas cuotas.

 

ISLAS CÁRCEL

 

Una actuación razonable y justa que también pedimos para los masivos desplazamientos de personas que proceden, fundamentalmente, del continente africano; y que ven a Canarias como puente para llegar a cumplir sus sueños en distintos países europeos. Sin embargo, el Archipiélago de Canarias ha vivido crisis migratorias recientes, con la llegada de decenas de miles de personas que huyen de sus países de origen por conflictos bélicos, hambrunas o falta de expectativas para desarrollar una vida digna, sin que la respuesta española y europea estuviera a la altura de las graves circunstancias. Seres humanos que, en varias ocasiones, estuvieron hacinados en lugares que no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad. Lo ocurrido en el muelle de Arguineguín no debió suceder y no debe volver a repetirse nunca.

 

Quisieron convertir a las Islas en una macro cárcel, negando la posibilidad de derivación de estas personas hacia el continente europeo. La sociedad canaria reaccionó ante semejante atropello. Ayuntamientos, cabildos, Parlamento y Gobierno, empresarios y sindicatos, medios de comunicación… reclamamos que se corrigieran decisiones tan erróneas como injustas. Y, afortunadamente, las derivaciones se han normalizado en el último año en lo que a adultos se refiere.

 

Más grave es, por su vulnerabilidad, la situación de los menores que llegan solos a Canarias. En estos momentos las Islas atienden a casi 3.000. A los que hay que ofrecer residencia, alimentación, asistencia sanitaria, educación… Y un proyecto vital para cuando sean adultos. Hemos reclamado insistentemente una redistribución entre las comunidades para garantizar la mejor atención a estos menores. Lo hicimos desde Nueva Canarias en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Lo ha hecho el Gobierno y su presidente en numerosas ocasiones. Lo hemos planteado en distintas ocasiones a las instituciones europeas desde nuestra condición de región ultraperiférica.

 

En el próximo periodo hemos de continuar defendiendo modificaciones en las políticas migratorias europeas orientadas al escrupuloso respeto a los derechos humanos y al establecimiento de fórmulas de acceso legales, más aún cuando muchos estados de la UE precisan de esas personas para el normal funcionamiento de sus economías y para garantizar las pensiones de sus jubilados y jubiladas. El beneficio es mutuo. Y aunque no lo fuese.

 

El conjunto de la sociedad canaria, con sus instituciones al frente, debe seguir trabajando para acoger adecuadamente a las personas que llegan. Insistiendo en las derivaciones de los adultos y en la redistribución de los niños y niñas. Canarias, con 2.240.000 habitantes atiende actualmente a casi 2.800 menores no acompañados, mientras que la Comunidad de Madrid, con 6,7 millones, el triple de población, y mucha mayor riqueza, acoge apenas a unos 200.

 

Si la solidaridad no funciona, y parece claro que no lo hace, habrá que modificar la legislación para establecer un reparto obligatorio. Por ello, Nueva Canarias ha anunciado que, desde el Parlamento canario, en uso de sus prerrogativas, impulsará una iniciativa legislativa en las Cortes Generales para la distribución obligatoria de los menores no acompañados entre todas las Comunidades Autónomas.

 

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

 

Islas Canarias, 13 de marzo de 2022.