La inconstitucionalidad de la amnistía

Hágase la amnistía, aunque perezca el mundo

(fiat amnistía, et pereat mundus).

 

Eligio Hernández Gutiérrez *

 

A mi compañero Nicolás Redondo Terreros, un socialista ejemplar.

 

La posible concesión de la amnistía por el Gobierno de Coalición a Carles Puigdemont, está ocasionando, posiblemente, la mayor crisis política que se ha producido en España desde la Transición, y puede que una seria división del PSOE. El Derecho Romano ya consagró el principio de que en Derecho “duae sunt positiones”, siempre hay dos posiciones, como sucede con el debate entre juristas sobre si la amnistía tiene cabida en la Constitución. Como jurista con dilatada experiencia jurídica y política, no me cabe la menor duda que la amnistía es flagrantemente inconstitucional.

 

Recomiendo la lectura del artículo de Manuel Aragón, Catedrático emérito de Derecho Constitucional y Magistrado emérito del Tribunal Constitucional, “La Constitución no permite la amnistía” (El Mundo, martes 29 de agosto de 2023), y el del escritor y novelista Javier Cercas “No habrá amnistía” (El País 13 de septiembre de 2023), que contienen argumentos jurídicos y políticos, en mi opinión, sólidos e irrefutables, que demuestran la evidente inconstitucionalidad de la amnistía.

 

Soy de los que creo que Sánchez promoverá legislativamente la concesión de la amnistía a Puigdemont directamente o encubierta con el esperpento, como se dice, de una Ley de Alivio Penal, aunque “pereat mundus”, perezca el mundo. Las manifestaciones que se están preparando y las opiniones de lideres históricos del PSOE para tratar de impedir la promulgación de una Ley de Amnistía, envalentonaran más a Sánchez, que se crece ante la adversidad apelando a su “Manual de Resistencia”, escrito por una conocida periodista, teniendo en cuenta que es un iluminado, solo comprensible por un psicoanalista, que no tiene conciencia de sus limitaciones, y que está rodeado de la militancia socialista más genuflexa de los 144 años del PSOE, como no la ha tenido nunca ningún otro líder socialista histórico.

 

Frente a los que sostienen que no tiene sentido manifestarse contra la posible concesión a Puigdemont de la amnistía mientras no se conozcan los términos de la Ley que la materialice, se opone la necesidad imperiosa de que no llegue a promulgarse para que no se consuma una vulneración grave a la Constitución de 1978, y una lesión al Estado de Derecho. El pueblo español y sus gobernantes tienen derecho a criticar la Constitución y a promover su reforma o revisión por los cauces y con las mayorías parlamentarias que establece su artículo 168, pero no a desobedecerla o incumplirla.

 

No comparto que la mayoría de la militancia socialista considere a Sánchez como un pacificador del problema catalán porque ha logrado, aparentemente, que se dividan los independentistas, y que haya decrecido su apoyo, lo que les ha lleva a afirmar que Cataluña está hoy mejor que en 2017. Se equivoca Sánchez si cree que con el indulto a los condenados por el “procés” y con la concesión de la amnistía, apaciguará definitivamente  el problema secesionista catalán, lo que ha sido desmentido inmediatamente por los independentistas catalanes que, a pesar de su derrota en las últimas elecciones generales  y del ascenso del PSC en Cataluña, siguen insistiendo empecinadamente en la celebración de un referéndum para la obtención de la independencia, en el derecho de autodeterminación, y en la concesión de la amnistía, que ha ocasionado una crisis política sin precedentes, que demuestra  históricamente que  el independentismo catalán y vasco, después de haber pasado etapas en la travesía del desierto, ha vuelto a resurgir como el enemigo que siempre nos acecha, cuando menos se espera, en las curvas ilusionadas de nuestra historia.

 

La ambición de Sánchez sin límites es obtener el poder a toda costa, aún al precio de conceder la amnistía a un prófugo de la Justicia y de celebrar un ilegal y fraudulento referéndum consultivo sobre la secesión de Cataluña como moneda de cambio para apoyar la investidura, impulsado por su deseo humano irrefrenable de obtener el poder y la gloria: “El deseo del poder para obtener la gloria, es infinito en el ser humano” (Bertrand Russell). Ante la reiterada afirmación del presidente del Gobierno de que el “procés” es cosa del pasado y que ya ha sido apaciguado, conviene recordar que ya advirtió Ortega y Gasset en el debate de 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña que:

 

“según los tiempos, predomine la una o la otra tendencia y que vengan etapas en las cuales, a veces durante generaciones, parece que ese impulso de secesión se ha evaporado y el pueblo este se muestra unido, como el que más, dentro de la gran Nación. Pero no; aquel instinto de apartarse continúa somormujo, soterráneo, y más tarde, cuando menos se espera, como el Guadiana, vuelve a presentarse su afán de exclusión y de huida, añadiendo estas frases lapidarias:”

 

“Frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros”.

 

“Supongamos: que se concediera, que se otorgase a Cataluña absoluta, íntegramente, cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña, pero ipso facto habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con signo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor; con una extensión y un impulso tales, que probablemente acabaría (¡quién sabe!) llevándose por delante el régimen”.

 

La historia también demuestra que el apaciguamiento únicamente aumenta las ansias del apaciguado, el cual considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione. Con cada concesión se verán más cerca de lograr la independencia, y, por lo tanto, redoblarán sus esfuerzos por, primero, acercarse más a ella a base de debilitar al Estado, y, segundo, conseguirla enfrentándose directamente al Estado cuando esté débil. Como ha escrito Alfonso Goizueta, “Es vital que Sánchez comprenda que el apaciguamiento es inútil, que la meta volante de la independencia jamás desaparecerá”. “No se puede dialogar con un cocodrilo cuando tenemos la cabeza en su boca”, reza la frase atribuida a Winston Churchill, quien durante los años treinta auguró que Hitler no se iba a dar por saciado nunca.

 

El historiador de las ideas y filósofo político británico Isaiah Berlín ha escrito que “el nacionalismo secesionista es la más poderosa y destructiva fuerza de nuestro tiempo”, que no se combate con el diálogo estéril, sino con todos los instrumentos legales que establece la Constitución. La llamada al diálogo y al apaciguamiento es una pura y simple propaganda política, para Sánchez, -que había reiterado que nunca pactaría con BILDU-, que la mantiene a ultranza para permanecer a toda costa en la Moncloa, y para los secesionistas, que les permite ganar tiempo para que el “adoctrinamiento”, “envenenamiento”, como lo denominó Santiago Ramón y Cajal, facilite la independencia, según su hoja de ruta: “hoy paciencia, mañana, independencia”. Dejémonos de hipocresías, la amnistía no se concede para resolver el problema catalán sino para sacar los siete votos que necesita Sánchez para la investidura.

 

En relación con el apaciguamiento y un imposible referéndum de autodeterminación, en una reciente entrevista, el que fuera Magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha afirmado que “la política de concesiones al independentismo, en lugar de apaciguarlo, se vigoriza”. Ya el Tribunal Constitucional en su sentencia 203/2008, dijo con toda claridad, “que ningún asunto que afecte a cuestiones de soberanía puede ser objeto de ninguna consulta popular, vinculante o no vinculante. Preguntarle a una parte de la población española si quiere seguir o no unida al resto, es, constitucionalmente, imposible”.

 

La convocatoria de un referéndum solo es posible el previsto en el artículo 168.3 de la Constitución que dispone que, aprobada su reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación; y el referéndum que solo puede tener carácter “consultivo” (artículo 92.C.E.), nunca vinculante, cuya convocatoria es competencia del Gobierno del Estado previa autorización del Congreso de los Diputados. Este es el marco legal vigente y, por tanto, el único aplicable, como reconoce el artículo 122 del Estatuto de Cataluña.

 

Cuando los dirigentes políticos, como los independentistas catalanes, vascos y Podemos apelan a la vía del referéndum pactado, lo hacen conociendo que el gobierno de la Nación no puede convocar un referéndum de autodeterminación por estar prohibido por la Constitución que tampoco se puede reformar para reconocer el esperpéntico derecho a decidir, ya que no tiene cabida la autodeterminación en el derecho internacional, que sólo  la ha contemplado en los procesos de descolonización al amparo de las Declaraciones de la ONU  sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas , en la que  se recoge el derecho  de autodeterminación de los grupos minoritarios a separarse de la entidad política superior si los derechos humanos de los mismos son denegados, pero declara terminantemente que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

 

Tampoco tiene cabida la autodeterminación en los Tratados de la Unión Europea, como ha demostrado el catedrático de Derecho Internacional Manuel Medina Ortega en su reciente libro “El derecho de Secesión en la Unión Europea”.  En el caso de que se llegara a producir la independencia de una parte del territorio de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ésta se vería obligada a seguir el procedimiento de admisión previsto en los Tratados que requiere la unanimidad de los Estados miembros, incluido el voto del Estado matriz. En conclusión: aunque Cataluña lograra hipotéticamente la independencia, no sería reconocida como Estado ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni siquiera como Estado tercero respecto de ésta. Desde su fundación en 1945, como ha recordado el historiador Angel Viñas, la ONU no ha admitido ningún nuevo Estado fuera de los casos de descolonización.

 

La amnistía no solo es una cuestión legal o  inconstitucional, sino, sobre todo, una cuestión política y moral,  una condena a la democracia entera (Javier Cercas) , e injusta , porque vulnera el derecho de igualdad, que determina que los españoles son iguales ante la Ley(artículo 14 C.E), e infringe el principio constitucional de la división de poderes que se refleja en la regla constitucional de la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 de la C.E), función que el legislador no puede suplantar y menos cuando se ha debilitado al poder judicial y a la Justicia Constitucional con la propuesta partidista de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y la no renovación en plazo, más que caducado, del Consejo del Poder Judicial.

 

En el frontispicio del Palacio de Justicia de Holanda, en la Haya, está grabada la frase: UBI IUDICIA DEFICIUNT ÍNCIPIT BELLUM (Cuando la justicia se acaba, la guerra comienza) que consta en el libro De iure belli ac pacis «El derecho de la guerra y de la paz») obra de 1625 escrita en latín por Hugo Grocio.

 

Personalmente creo que si el Gobierno concede la amnistía suplantando al poder judicial en su función exclusiva de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, no es que se vaya a ocasionar un apocalipsis o una guerra a la que alude Crocio, referida a un conflicto internacional armado, ni tampoco que se materialice la secesión de Cataluña, como vaticinan algunos agoreros de calamidades, pero sí una guerra política e institucional de imprevisibles consecuencias, -que socavarán, como ha dicho Felipe Gonzalez, los cimientos del Estado de Derecho que sustentan la Constitución de 1978-,  algunas de las cuales han sido señaladas, entre otros,  por algunos eximios analistas políticos: “Felonías Políticas” de Juan Luis Cebrián (el País 13 de septiembre), en el que se dice que “Sánchez terminará siendo rehén de quienes quieren apuntillar al Estado que él ha prometido solemnemente defender; el artículo de Javier Cercas ya citado, en el que afirma que la amnistía no resolverá el problema catalán, que no haría más que exacerbarlo y contribuir a enquistarlo; “La amnistía más cismática de la historia” de Ignacio Varela (El Confidencial de 13 de septiembre de 2023), en el que advierte que la amnistía provocará una polarización viscosa  que desbordará los límites del Parlamento y se transformará en un choque generalizado entre los poderes del Estado; “Hacia la corrosión de la democracia” de Francesc de Carreras (The Objective de 31 de agosto de 2023) que llama  la atención de que, aunque se conceda la amnistía a Puigdemont, los independentistas no cejaran en su empeño de situar  a España al borde del abismo y de destruir nuestra democracia constitucional  y la Constitución de 1978.

 

La amnistía tampoco es aplicable a los demás independentistas encausados por el procés que, en su caso, se les podría indultar. Solo cuando está prevista en una Constitución se puede conceder la amnistía por una Ley, como sucedió con la Constitución republicana de 1931, y con la revolucionaria liberal de 1869, ambas justificadas por el paso de una dictadura a la democracia, como la que se concedió por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

 

Que no se engañe Sánchez. Los independentistas catalanes con ERC a la cabeza trataron de destruir a la II República con la rebelión militar de 7 de octubre de 1934, en que se declaró el estado de guerra. Coadyuvaron a su destrucción, junto con la CNT y la FAI, durante la guerra civil traicionando a Azaña, como dejo escrito en su excelente  “Velada de Benicarló”, en el que acusa expresamente de traición a la Generalitat ,y en su artículo “La Insurrección libertaria y el Eje Barcelona-Bilbao”, en el sentenció: “Los hechos, parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español”; y traicionando también a Juan Negrín que, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia: “No estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. Nadie se interesa como yo por las peculiaridades de la tierra nativa. Amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias y no desprecio, sino que exalto las que poseen otras regiones, pero por encima de todas ellas está España. Quien estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto. De otro modo dejo el mío. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”. Intentaron destruir a la democracia española de 1978 con la declaración unilateral independencia de 2017, y la intentarán destruir de nuevo ahora con la amenaza de “o tornarem a fer”, traicionando a Sánchez, amparándose en los indultos y en la amnistía si se les concede.

 

A los políticos comunes sólo les preocupa el objetivo cortoplacista de las próximas elecciones mientras que a un estadista le preocupan las próximas generaciones. Sánchez no es un estadista ni de lejos, pero tiene la oportunidad única de pasar a la historia como un estadista, lo que al parecer le preocupa, si decide en este momento romper drásticamente las negociaciones con Podemos, Sumar y los independentistas para la investidura, a la par que denuncie ante el pueblo español el chantaje de éstos que pretenden la imposibilidad constitucional de que se les conceda la amnistía y el derecho a la autodeterminación, renuncie a la investidura y convoque elecciones generales, con la promesa de reformar el sistema electoral para evitar que los gobiernos nacionales dependan de los independentistas. Si tuviera la grandeza política y moral de distanciarse definitivamente de las fuerzas políticas anticonstitucionales que hasta ahora le han apoyado, unido a su positiva política social, tendría la posibilidad de ganar las elecciones generales por mayoría absoluta.

 

Algunos dirigentes y militantes del PSOE censuran de deslealtad a los veteranos socialistas, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, -posiblemente los dirigentes socialistas de más altura intelectual y política que ha tenido el PSOE en sus 144 años de historia, por lo menos a la altura de  Julián Besteiro, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos,- por ser críticos con la actual dirección del PSOE a causa de la probable concesión de la amnistía, sin la autorización del Comité Federal y de los órganos del PSOE, que ya  bloqueó en el Congreso la primera Ley de Amnistía de Junts y ERC por ser inconstitucional en base a un  informe de los letrados del hemiciclo en 2021 que alertó a Meritxell Batet de que el borrador presentaba «una contradicción palmaria» con la Constitución.

 

La lealtad que se debe al PSOE no puede ser acrítica, que no es lealtad, sino sometimiento al bonapartismo oligárquico de Pedro Sánchez que impera en el PSOE, sobre todo cuando ya no hay debates internos y los acuerdos de los Congresos y del Comité Federal se toman prácticamente por unanimidad, a la búlgara, de tal manera que su estructura y funcionamiento interno ya no son democráticos, como exige el artículo 6 de la Constitución. La lealtad se debe no a las direcciones políticas partidistas mutantes, sino al ingente legado histórico, político, humanista y cultural del socialismo democrático español.  “Anidan en jóvenes cuerpos almas viejas y en viejos cuerpos almas de renaciente juventud”, escribió Jaime Vera, reflejando a Pablo Iglesias, fundador del PSOE.

 

El argumento falaz de que un militante del PSOE no puede criticar a la dirección del partido si beneficia al adversario político, lo que le puede costar la expulsión de manera arbitraria como a Nicolás Redondo Terreros, es contrario al socialismo democrático y a la libertad de expresión, como han señalado Alfonso Guerra y Felipe González. Antes, al contrario, los militantes socialistas tenemos la obligación ética de expresar nuestras opiniones, ya que, como advirtió Galdós, presidente de la Conjunción Republicano Socialista de principios del siglo XX: “Es muy cómodo decir qué asco es la política como pretexto para no intervenir en ella. Es como si una inundación invadiese los sótanos y los inquilinos del piso principal se subieran a la azotea porque no quieren mancharse con el agua sucia, mientras ésta reblandece el solar y los cimientos… Pues no he tenido inconveniente en bajar al barro sin miedo a que me manche. El absentismo político, sentenció, es la muerte de los pueblos”.

 

 

*  Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.

Embajador de la Marca Ejército.

Ex fiscal general del Estado y ex miembro del Consejo de Estado.

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

Vicepresidente de la Fundación Juan Negrín.

Militante socialista.

Cristiano militante.

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 20 de septiembre de 2023.