Los derechos ciudadanos
en tiempos del coronavirus

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Rafael Yanes Mesa *

 

Vivimos con una contradicción que no hemos sabido resolver. Cuando atravesamos una época de crecimiento económico importante, nuestros Servicios Sociales están bien dotados y somos capaces, con relativa eficacia, de atender las necesidades de gran parte de la población más vulnerable. Pero, en el momento que llega una crisis, que es cuando realmente hacen falta políticas ambiciosas de protección social, no hay recursos públicos para las prestaciones que se precisan. Es decir, falta presupuesto social justamente en las situaciones que más lo requieren.

 

Esto lo pudimos ver tras la crisis de 2008. Hasta aquel momento, la Administración Pública vivía envuelta en la misma burbuja inmobiliaria que el resto de los mortales, y tuvo recursos abundantes en todas las áreas -incluida la social-. Se hicieron infraestructuras en toda la geografía nacional, algunas con dudosa rentabilidad para la ciudadanía, y fuimos capaces de avanzar en la protección de las personas con leyes tan importantes como la Ley de Dependencia.

 

Después llegó la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, que incendió los mercados y aceleró una crisis mundial de proporciones enormes, y entonces fue cuando se hicieron imprescindibles unos Servicios Sociales bien dotados para cubrir las necesidades básicas de las personas que quedaron dañadas por la recesión. Pero no se había previsto. Todos comprobamos que la crisis había dejado a la Administración Pública con tantas debilidades como al resto de la población, por lo que se vio desbordada para proteger a los más desfavorecidos. Creo que esa lección la olvidamos con demasiada rapidez.

 

Hoy estamos viendo que se repite una parte de la misma historia. En este caso es una pandemia que jamás habíamos imaginado y que tendrá unas consecuencias económicas de suma gravedad. Todavía sus efectos no han sido suficientemente evaluados, pero esbozan un futuro incierto en algunos sectores estratégicos para Canarias. Algunos estudios consideran que la destrucción de empleo puede, incluso, superar a la producida con la crisis financiera. En cualquier caso, se aproxima una época con tasas de paro muy preocupantes y con la quiebra de muchas empresas. Naturalmente, esta situación genera una disminución de ingresos en la Administración Pública que, al no tenerlo previsto, no dispondrá de los recursos necesarios para atender a la población afectada.

 

Sería conveniente que la Administración imite a nuestros abuelos, que, en época de abundancia, guardaban bajo el colchón para cuando vinieran tiempos adversos. No sé si aprenderemos la lección algún día. Hasta entonces, la Diputación del Común estará preparada para atender las innumerables peticiones de protección de los derechos ciudadanos a los perjudicados en los tiempos del coronavirus.

 

* Rafael Yanes Mesa

Diputado del Común de Canarias.

Doctor en Periodismo y Diplomado en Magisterio.

 

20 de abril de 2020

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