Los errores de la II República

Eligio Hernández Gutiérrez *

 

 

La Constitución de 1978, la más trascendental e importante de la historia de España, unió por primera vez a las dos Españas. Ha sido la única de las 10 anteriores que logró también por primera vez la reconciliación y concordia de las dos Españas, y que supuso, como ha dicho Alfonso Guerra: “Un armisticio tras una guerra civil, 40 años de dictadura y dos siglos de enfrentamientos civiles”, que ha posibilitado durante cuarenta años el modelo constitucional de convivencia en paz, estabilidad política, y progreso económico y social más fecundo que ha conocido España.

 

Pero como sucedió con la otra gran Constitución de 1812, el pueblo español procura estropear todo lo que hace bien, y siempre hay un enemigo que nos acecha en las curvas ilusionadas de nuestra. La aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, ha quebrantado su Exposición de Motivos que contenía el siguiente texto “El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”, y ha frustrado el espíritu de la Transición, volviendo a reabrir la «doble herida», que ha caracterizado la turbulenta y dramática historia contemporánea de España, desgraciadamente, y originado, «La progresiva separación entre los españoles y la creciente división entre las regiones«, de la que ha hablado Laín Entralgo.

 

La Ley Memoria Democrática de Ley 20/2022 de 19 de octubre, no le dedica ni una sólo línea a la Reconciliación y a la Concordia, que se había estereotipado en Ley de Amnistía, defendida en el Congreso por el líder sindical comunista Marcelino Camacho, muchos años preso en las cárceles franquistas, que se refirió “a la necesidad de una reconciliación nacional entre los que nos habíamos estado «matando unos a otros», y dijo que los comunistas «hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores”, cumpliendo así la Declaración del PCE sobre la reconciliación de los españoles y el cambio pacífico, aprobada en el verano de 1956 por el Comité Central en Checoslovaquia. La ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que puede considerarse el segundo “Abrazo de Vergara” de la historia de España, se aprobó por 296 votos favorables, 2 en contra y 18 abstenciones.

 

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se ha aprobado por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, en el Congreso, y por 128 votos a favor, 113 en contra, y 18 abstenciones, en el Senado. Para que esta Ley lograra la Reconciliación y la Concordia tenía que haber sido objeto de un amplio consenso y ser aprobada, al menos, por los mismos votos que la Ley de Amnistía, que ha sido tácitamente derogada por aquella.

 

El profesor Alejandro Nieto, en su reciente libro “Entre la Segunda y la Tercera República”, ha dicho, en mi opinión, con acierto, que esta Ley de Memoria Democrática, es un modelo del sectarismo político,- de Rodriguez Zapatero y Sánchez, añado yo,- y de incorrecciones técnicas que bastan para justificar su olvido, al ocultar tachas democráticas de la República y mantener la división de los españoles en demócratas y antidemócratas construyendo un pasado que no se corresponde con la realidad histórica.

 

La voluntad democrática ha de estar fundada en un conocimiento suficiente del pasado y no en las falsas versiones del franquismo y ahora de la Ley 20/22 de Memoria Democrática, que presentan una irreal España en blanco y negro. No todo fue infernal ni todo angelical en la Segunda República y en los vencedores de la guerra Civil. Mi modesto esfuerzo en esa dirección, siguiendo a Alejandro Neto, me ha llevado a escribir estos dos artículos: uno sobre la obra educativa de la 2ªRepública, y, el presente, sobre sus errores, entre los que ha seleccionado los siguientes: La cuestión religiosa en el artículo 26 de la Constitución Republicana, la revolución de Asturias, y la división interna del PSOE

 

A.- EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931.-

 

En dicho precepto se instauró, entre otras decisiones, el laicismo en las escuelas, se estableció la disolución de los jesuitas (se suprimió la Orden, aunque sus miembros no fueron expulsados del país), la sustitución de lo religioso en la labor docente, ya que se dudaba de su formación y de su lealtad al país, la disolución del presupuesto del clero y la nacionalización de los bienes de las Órdenes religiosas.

 

El gran error de la II República fue su laicismo excluyente de la Iglesia Católica, que trajo como consecuencia el asesinato de decenas de miles de religiosos y laicos católicos a manos de las organizaciones revolucionarias sindicalistas de ultraizquierda durante la Guerra Civil española. El historiador británico Hugh Thomas, simpatizante de la causa republicana, llegó a decir que «en ningún momento de la historia de Europa, y quizás incluso del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y todas sus obras».

 

Azaña ha sido, probablemente, el gobernante español de la España Contemporánea, mejor equipado intelectualmente, pero no supo o no pudo preservar orden público, y cometió el error de querer aplicar la Ley francesa de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado, inspirada en la Revolución Francesa, ignorando que, en España, como dijo Santa Teresa, «la religión está no sólo en el puchero, sino en los garbanzos».

 

En su famoso discurso en las Cortes el 13 de octubre de 1931, pronunció, en una cabriola dialéctica, llevado por su demagogia verbal, la desafortunada frase “España ha dejado de ser católica”, que no siempre ha sido correctamente interpretada y le persiguió toda su vida, a pesar de que logró que los socialistas, más sectarios, retiraran la enmienda que quería establecer la prohibición permanente de todas las órdenes religiosas.

 

Las matanzas de la retaguardia republicana, y especialmente las de la cárcel Modelo en agosto de 1938, le hicieron decir a Indalecio Prieto, contrario a la violencia revolucionaria, principalmente anarco sindicalista, que se desató en la zona republicana: «La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra«, y a Azaña: «No quiero ser presidente de una República de asesinos». Y al llegar Valencia dijo: «La guerra está perdida, pero si por milagro la ganáramos, en el primer barco que saliera de España tendríamos que salir los republicanos, si nos dejaban».

 

Sin embargo, en honor a la verdad, los líderes republicanos, Azaña, Negrín y Prieto, aunque eran anticlericales más que agnósticos, como ya he descrito en un artículo, mostraron un respeto por la Iglesia y por los religiosos. Bobbio aclaró que el laicismo es «un comportamiento de los intransigentes defensores de los pretendidos valores laicos contrapuestos a las religiones y de intolerancia hacia las creencias y las instituciones religiosas. El laicismo que necesita armarse y organizarse corre el riesgo de convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia«. (Gregorio Peces Barba. El País 19.9.2007).

 

En el gobierno del Frente Popular, prácticamente el 90% de los ministros eran masones. El anticlericalismo de la masonería se volvió a demostrar desgraciadamente en los años de la República, donde el Frente Popular crea una ley para la expropiación de todos los bienes de la Iglesia. También se crea una ley por la que se prohíbe la docencia a los sacerdotes y en las escuelas y eliminar los crucifijos de las aulas.

 

El filósofo Miguel de Unamuno responderá muy bien detectando la raíz de estas decisiones con unas palabras que se refieren a los crucifijos pero que tienen aplicación a todas ellas: «La presencia del Crucifijo en las escuelas no ofende a ningún sentimiento ni aún al de los racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende al sentimiento de creencias confesionales.

 

¿Qué se va a poner donde estaba el tradicional Cristo agonizante? ¿Una hoz y un martillo? ¿Un compás y una escuadra? O ¿qué otro emblema confesional? Porque hay que decirlo claro y de ello tendremos que ocuparnos: la campaña es de origen confesional. Claro que de confesión anticatólica y anticristiana. Porque lo de la neutralidad es una engañifa«.

 

Los masones durante la Republica traicionaron el Krausismo en el que algunos se inspiraban, ya que esta doctrina filosófica, representada en España por Francisco Giner de Los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate, si bien rechazó la escuela confesional como un procedimiento mecánico de difundir las ideas religiosas, también rechazó la escuela laica porque actúa como si no existiera dimensión religiosa en la historia. En realidad, los krausistas alimentaron una profunda religiosidad cristiana y, en cierto modo, se adelantaron al ecumenismo, la tolerancia, y el retorno al espíritu evangélico que aparecen en el Concilio Vaticano II.

 

No se justifica esta cruenta persecución contra  la Iglesia Católica y los religiosos el hecho de que no se habían preocupado de la legión de pobres trabajadores del campo que vivían en la miseria, en el analfabetismo y en el abandono,- como se reconoció en la correspondencia entre el nuncio Tedeschini con su amigo el cardenal Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII, en la que  hubo un elemento de autocrítica, escribiendo aquél  literalmente que «la Iglesia se había volcado hacia las gentes de posición elevada y abandonado al pueblo, por lo que ahora se pagaban las consecuencias»,- porque también sabemos la cantidad de obra social que la Iglesia venía realizando desde el siglo XIX.

 

B.- LA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS.-

 

La revolución de Asturias fue desencadenada en la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 por la izquierda comunista y por el PSOE, dominado por Largo Caballero, secretario general de la U.G.T., que desempeñaba en el momento de la revolución el cargo de presidente del PSOE. Salvador de Madariaga, intelectual republicano, antifranquista por supuesto, exiliado en Suiza, ha escrito que la Revolución de Octubre fue imperdonable, y que el argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso, como pude comprobar en una larga conversación, que tengo grabada, mantenida con el líder de la CEDA en Madrid en el año 1973.

 

La revolución de Asturias fue también un error del PSOE, como reconoció Indalecio Prieto en las palabras que le honran, pronunciadas en el Círculo Cultural Pablo Iglesias, de México, el 1º de mayo de 1942: «Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario”.

 

C.- EL PSOE PUDO EVITAR LA GUERRA CIVIL.-

 

El 10 de mayo de 1936 se nombró en el Palacio de Cristal del Retiro, presidente de la República a Azaña, que le ofreció a Indalecio Prieto, líder de la facción socialdemócrata del PSOE, “socialista a fuer de liberal”, como se autodenominó, que formara gobierno. Gil Robles le llamó, como me dijo en una conversación que tuve con él, que tengo grabada, para decirle que si formaba Gobierno, como le había ofrecido el presidente Azaña, le apoyaría en el Parlamento con los votos de la CEDA, lo que pudo evitar la guerra civil.

 

En una reunión del grupo parlamentario socialista, Prieto pidió el apoyo para formar Gobierno, pero se lo denegó Largo Caballero, siempre partidario de la revolución y no de la colaboración con los republicanos, líder la mayoritaria fracción revolucionaria dentro del partido, grave error que no sólo se lo reprochó Juan Negrín sino hasta Santiago Carrillo en sus Memoria, lo que precipitó la guerra civil, entre otras conocidas causas nacionales e internacionales principales, hasta el punto de que Salvador de Madariaga ha escrito que “la circunstancia que hizo inevitable la guerra civil en España fue la guerra civil dentro del partido socialista” (España, pag.380).

 

Angel Viñas ha demostrado que la trama civil monárquico-fascista venía preparando y organizando, desde el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, el golpe de Estado y la insurrección militar del 18 de julio de 1936, que, con ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, acabó con la República y dio lugar a una larga dictatura; y desvela en su libro “El gran error de la República”, que el pronunciamiento de julio de 1936 y la guerra civil no fueron inevitables ya que los Gobierno de Azaña y Casares Quiroga pudieron prevenir el golpe pero desoyeron el ruido de sables contra la democracia.

 

Durante la guerra civil se cometieron atrocidades y represiones por los dos bandos, el republicano y el nacional, por lo que es inútil y menoscaba la reconciliación polemizar sobre la misma, e imputarse mutuamente crímenes y responsabilidades que nos llevan a un callejón sin salida, lo que no es obstáculo para condenar la innecesaria y cruenta represión contra los vencidos una vez terminada la guerra civil.

 

Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su libro Qué hacer con un pasado sucio’ (Editorial Galaxia Gutenberg), capítulo cuarto  “El trauma”, afirma “Ni siquiera los mejores informados sobre la situación política española fueron capaces de predecir, a comienzos de julio del 36, la pavorosa Guerra Civil que estaba a punto de iniciarse, aunque no era un secreto que núcleos monárquicos conspiraban, apoyados por Mussolini y que habían captado a varios generales”.

 

Entre ellos nombra a Sanjurjo, Mola y Franco. Sobre la represión que aplicó el dictador una vez que accedió a la Jefatura del Estado, Álvarez Junco, entrevistado por ‘El País’, calcula que “Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz. Esto significa 4.000 personas durante 10 años, es decir, más de 10 al día durante la década 1940-1950. Firmó más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años de su dictadura. Dejo aparte la guerra. Eso forma parte del trauma, del pasado sucio”, subraya.

 

Como dijo Azaña (24 de agosto de 1939. La Prarle. Collonger-sous Salive): “Ahora no saben qué hacer con su victoria, y todo lo que se les alcanza es proseguir, en cierta manera, la guerra. Dentro de la enormidad de su fechoría pudieron haber realizado una acción sensata si, al terminarse las operaciones militares hubieran abierto una era de olvido desocupando las cárceles y licenciando a sus verdugos. La impresión de alivio junto con la alegría general por ver acabada la guerra, hubiera dado así al nuevo régimen la atmósfera respirable que necesitaba. Pero unos hombres capaces de concebir una política de ese porte y de llevarla a término, no hubieran sido capaces de provocar la guerra que han hecho. Por otra parte, suprimido el terror de todos los ámbitos de la Península habría surgido una pregunta sin respuesta posible: ¿Para qué ha servido todo esto? Están pues amarrados a su propia obra, y condenados a la siniestra imbecilidad de un gerifalte. Que no podrán ceder nunca en nada, porque la menor concesión, no solamente los destruye, sino que los condena y se delatan”.

 

La historia no absolverá a Francisco Franco, no por haberse sublevado militarmente contra la II República y por la consiguiente guerra fratricida, en la que, ciertamente, se cometieron genocidios en los dos bandos contendientes, sino por haber continuado la guerra y la represión cruenta contra los vencidos, con los que nunca fue compasivo ni magnánimo, como todo general victorioso.

 

Como dijo Winston Churchill: En la guerra determinación, en la paz buena voluntad, en la derrota altivez, y en la victoria, magnanimidad”. Pero para los que amamos profundamente a las Fuerzas Armadas y a la profesión militar, lo más graves es que Franco no tuvo magnanimidad ni siquiera con sus compañeros de armas que fueron fieles a su juramento y permanecieron leales a la República. Franco hizo fusilar a los dieciséis generales que no pudieron abandonar a tiempo el territorio que él controlaba.

 

Nunca jamás se había vertido tanta sangre de jefes militares de alta graduación, como, entre otros muchos, al capitán general Batet, catalán y católico, que fue premiado con la laureada de San Fernando por sofocar la rebelión militar de la Generalitat catalana en octubre de 1934, por lo que fue tachado de traidor por el nacionalismo catalán.

 

Su negativa a sublevarse contra la República en julio de 1936 provocaría su detención por sus propios subordinados y un consejo de guerra que le acusó del jurídicamente imposible  delito de adhesión a la rebelión militar, por el que fue condenado a muerte terminada la guerra y posteriormente fusilado, enfermo, sentado en una silla, por orden expresa de Franco; y a los generales de la Guardia Civil Escobar y Aranguren, fervientes católicos, que permanecieron leales a la República, mandando éstos las tropas de la Guardia Civil que acabaron con la sublevación, por lo que fueron condenados  a muerte y ejecutados terminada la guerra.

 

Franco se equivocó cuando afirmó en su parte militar del 1º de abril de 1939, que “la guerra había terminado”. No tuvo en cuenta lo que muchos años más tarde dijo el General De Gaulle ante las ruinas del Alcázar de Toledo: “Lo malo de una guerra civil es que la paz no empieza cuando termina la guerra”.

 

En aras de la reconciliación, la izquierda debe perdonar esta represión una vez terminada la guerra, como Mandela, que dijo que el perdón “alivia el alma y disipa el temor”, lo que no ha hecho el PSOE, que en revancha, ha celebrado entusiásticamente la aprobación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática con las fuerzas políticas, incluida BILDU, que la han votado favorablemente, ignorando que fueron los líderes políticos republicanos y socialistas más significativos, como Azaña, Negrín y Indalecio Prieto, los que, en plena guerra civil, cimentaron las bases sobre las cuales, superada la dictadura y la transición, se podía asentar la reconciliación, y la concordia, que no impulsaron nunca los vencedores de la contienda fratricida.

 

En efecto, el 18 de julio de 1938, Don Manuel Azaña, en el Ayuntamiento de Barcelona recordaba, en un famoso discurso: “Paz, Perdón, Piedad… Somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo”. El Consejo de Ministros presidido por el Dr. Negrín aprobó el 30 de abril de 1938, los trece puntos que serían publicados el 1º de mayo, que se denominaron Declaración de Principios o Programa de Estado, en cuyo punto 13 se establecía: “amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar en la inmensa labor de la reconstrucción y engrandecimiento de España.

 

El 8 de agosto de 1936, Indalecio Prieto, que era el responsable de la cartera de Defensa, dijo: Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante todos los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa». «¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad. Yo no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos duros para el combate, de acero; pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana».

 

En el exilio, desde México, en mayo de 1942, Indalecio Prieto, exclamó: “Me están vedados los cementerios de España, pero si pudiera volver a ellos, pondría un ramo de rosas rojas en las tumbas de mis adversarios que también murieron por España”.

 

No conozco palabras semejantes que hayan sido pronunciadas, después o durante la guerra civil, por el mando militar vencedor. Pero lo que más nos duele a los que somos creyentes cristianos, es que tampoco conocemos que la jerarquía eclesiástica, que bendijo la represión, haya pronunciado durante o después de la guerra, palabras de reconciliación similares a las de los líderes republicanos, hasta que pidió perdón el Cardenal Tarancón en la Transición.

 

Siempre he sentido un profundo respeto, salvando las distancias ideológicas, por José Antonio Primo de Rivera. Fue la lectura de su testamento, sobre todo la de la desgarradora frase, pronunciada antes de su condena a muerte por el Tribunal Popular que lo juzgó en Alicante: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vierta en discordias civiles», la que hizo exclamar a Indalecio Prieto,-por quien José Antonio sentía gran simpatía y a quien le remitió sus manuscritos y otros efectos personales antes de morir-,desde su exilio mejicano: «De haber leído antes este testamento hubiese llegado a la conclusión de que era inútil dilucidar nuestras diferencias en el campo de batalla”.

 

Su fusilamiento se ejecutó sin el consentimiento del Gobierno de Largo Caballero, cuyo disgusto por ese hecho éste expresó luego en su libro «Mis recuerdos», aparte de que fue un crimen execrable, constituía un grave error político y una derrota moral para el prestigio de la República. Quizá el testimonio más sorprendente sobre José Antonio ha sido el del intelectual anarquista Diego Abad de Santillán, manifestado en 1940, desde su exilio bonaerense: «Españoles de esa talla, patriotas como él, no son peligrosos ni siquiera en las filas enemigas. ¡Cuanto hubiera cambiado el destino de España si un acuerdo entre nosotros hubiera sido posible, según los deseos de Primo de Rivera!».

 

El pasado día de los Difuntos estuve en mi pueblo natal de El Pinar, isla de El Hierro, el más alejado del corazón de España, histórico de izquierdas, que sufrió durante la guerra civil cautiverio, muertes, exilio, apaleamientos y fusilamientos simulados. Visité el cementerio donde el Ayuntamiento, el último constituido en España, de mayoría absoluta socialista en todas las elecciones, en el pasillo de entrada, erigió un monolito con la inscripción por orden alfabético de los vecinos que murieron en los dos bandos de la guerra fratricida. El PSOE y el gobierno de coalición debieron seguir este ejemplo al aprobar la nada imparcial y sectaria Ley de Memoria Democrática.

 

 

*  Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.

Ex fiscal general del Estado y ex miembro del Consejo de Estado

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

Vicepresidente de la Fundación Juan Negrín.

Militante socialista.

Cristiano militante.

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 13 de junio de 2023.