VISIONES ATLÁNTICAS / 130
Más ilegalidades

Hugo Luengo *

 

 

“Con mis impuestos compiten ilegalmente contra mí”, opina el conjunto de los colegios profesionales de Canarias, Arquitectos superiores y medios, Ingenieros de Caminos superiores y medios, Ingenieros industriales superiores y medios, Telecos, botánicos y geógrafos, 15.000 micro pymes. Reforzados tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de Tenerife, estimando el recurso del Colegio de Arquitectos, al encargo a Gesplán del PGO de Adeje.

 

La postura sube de nivel con la entrevista en medios a Agoney Piñero, consejero delegado de Gesplán, empresa pública que en plena crisis triplica su facturación contratando con Autonomía, Cabildos y Ayuntamientos. Además de la ilegalidad que veremos, el problema es de modelo social, donde enfrentamos el que se ejerce en Canarias del todo público y dependiente, contra el que debe ejercerse con emprendeduría, transparencia y competencia. Peronismo contra democracia liberal. Que demuele el tejido profesional privado de Canarias y sube sus costes.

 

Para ser legal y competir es obligado cumplir la Directiva Bolkestein de liberalización de servicios, obliga a una administración una competencia y obliga a complementar las legislaciones ambiental, climática y patrimonial con análogas reglas. La clave de la ilegalidad está en la desviación de poder contra la Bolkestein, vigente a 1 de enero 2010, donde se tuerce el concepto de “razón imperiosa de interés general”, interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No permite a las administraciones y sus sociedades propias, suplantar a la iniciativa privada, convirtiendo en medio propio lo que no lo es.

 

Así ha fallado el Tribunal Contencioso Administrativo de S/C de Tenerife, en base a Sentencia del Tribunal Supremo de 2018 y la Ley de “Contratos del Sector Público”, donde señala con la Bolkestein, que el “uso de medios propios ha de ser restrictivo”, para no eludir la concurrencia de licitaciones. Y con ello el principio de libertad de empresa en el mercado común, en España segmentado en 17 taifas.

 

Para agilizar y simplificar hay que ponerse a ello. No lo hizo Zapatero en 2011 cuando suprimió en legislación básica, el “silencio positivo” para proyectos de edificación y de obras, ilegalmente contra la Bolkestein, donde se reserva específicamente el “silencio negativo” a excepciones, en análoga situación de “razones de imperioso interés general”. Convertir la excepción en norma es el estilo del modelo intervencionista. Rebelión que vemos en Canarias, cuando quieren incumplir la ley. Así es huyendo de la nueva “Ley de Contratos del Estado”, que hace muy dificultoso tramitar, como ya nos dijo Mónica Holmeir de la Eurocámara, instando a simplificar. El alcalde de Santa Cruz nos dice que ha necesitado 3 años para adjudicar el asfaltado de 80 calles.

 

Agilización y simplificación cosmética con la “Ley de Medidas Urgentes” de 2021, donde sólo se levantan algunas de las prohibiciones a la Bolkestein.  Sumamos el bloqueo de la nueva “Ley del Cambio Climático” 2022, intervencionista, burocrática y arbitraria, con multas disparatadas. Me remito a los hechos, señala la CEOE un coste en Canarias del exceso normativo de 9.500 meuros año, que penaliza especialmente a las micro pymes. Pretenden justificar la hiperregulación ilegal con la corrupción, cuando es todo lo contrario.

 

La maraña administrativa sólo da pie a “mediadores”, para gestionar la inseguridad jurídica, sus costes y sus plazos. Alejamos la administración del servicio al ciudadano, con el teletrabajo y la cita previa, calificada de ilegal por el Diputado del Común. Las incertidumbres económicas, estratégicas y electorales, abren un nuevo tiempo en Canarias y España, donde no es posible mantener un sistema subsidiado hipertrofiado, compitiendo ilegalmente contra la iniciativa privada que bloquea.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 17 de abril de 2023