VISIONES ATLÁNTICAS / 134
Construir viviendas

Hugo Luengo *

 

 

En 15 días nos ofrecen desde el gobierno de Madrid una oferta de más de 100.000 viviendas, respondiendo a una demanda de viviendas de protección público-oficial sin atender por 20 años. Que el mercado y la nueva ley de vivienda distorsionan, complicando aún más una oferta insatisfecha. Al tiempo contra la nueva ley, reaccionan los titulares de las competencias transferidas invadidas, autonomías y ayuntamientos, que dejarán en vacío con la nueva ley, ampliando los conflictos y con ello sus soluciones.

 

Las políticas de largo recorrido, y la vivienda lo es, exigen acuerdos políticos, de administraciones, con colaboraciones público-privados, que, en el actual marco de polarización, colapsan los acuerdos. Estos pasan por incrementar la oferta de viviendas protegidas para corregir el déficit acumulado de oferta, que en Canarias algunos estudios han cifrado en 40.000 unidades. Donde venimos arrastrando la inacción de Visocan, Muvisa, Viviendas Municipales de Santa Cruz, etc., centradas en acciones impropias a sus fines sociales.

 

La nueva ley de vivienda desde Madrid parece hecha por el enemigo. Si se quiere abaratar un bien, la única solución es aumentar su oferta con seguridad jurídica. Lo opuesto a lo que se ejerce, con dificultades insalvables para los más vulnerables, sin acceso real al préstamo. Lo señalan los datos, con Cataluña colocada en cabeza del problema de la vivienda en alquiler, desplomada a su mitad desde ratios del 2019, en Canarias un 40% menos.

 

Los fenómenos de “ocupación” e “inquiokupación” fomentados desde los gobiernos, han desplazado las viviendas que estaban en alquiler a la venta, al alquiler vacacional y a la simple tenencia. Cuando el riesgo de colocar en mercado una vivienda, que es bien de ahorro y renta complementaria, puede ser ocupada por varios años y daños, que la nueva ley multiplica.

 

Ni la vivienda ni el urbanismo pueden envolverse en ideologías maximalistas, como sostiene la nueva ley de viviendas, con las leyes urbanístico, territoriales, ambientales, que le afectan, en España y en Canarias. Nuestra legislación de suelo es heredera del urbanismo de estados autoritarios europeos de los 50, que la entendían dirigida desde lo general a lo particular.

 

Con contradicciones sin solución, en los trámites, contenidos y gestión, que el cambio de paradigma de los tiempos ha acentuado. Sobrecargado hoy por los juegos de participación y transparencia, sin sentido técnico ni funcional, que implican la aberración de que un PGO precise tres legislaturas para ser aprobado y un Plan Parcial una para tramitarse, otra para ejecutarse y una más para recepcionarse con la edificación, a todas luces imposible. Cuando llegas al final el instrumento está obsoleto.

 

Barcelona sigue funcionando con su PGO de 1992, el de las Olimpiadas, mediante un urbanismo de proyecto y obra pública fusionados. Hay que operar con modelos análogos a los de empresa privada, sencillos, con marcos de autonomía diseñados para cada operación, salvando el derecho común y las plusvalías públicas, que son las mayores de la OCDE. A grandes males remedios.

 

En Canarias podemos operar con el marco del artículo 168 de la ley del suelo, “Actuaciones Excepcionales”, para abordar el problema de la vivienda, con interés público, social y económico. Desde el Gobierno de Canarias competente, puede suspenderse cualquier marco urbanístico existente para su modificación o adaptación con las reglas que se precisen, con exclusión además de la Evaluación Ambiental y sus tiempos.

 

Recuperar el “silencio positivo”, los “programas de actuación en el suelo urbano” de la nueva ley, y las edificaciones existentes no acabadas. La vivienda exige, seguridad en plazo y coste, un cambio de cultura con la ley al servicio del ciudadano.  Es un factor de salario social, que incide en la natalidad y las pensiones. Canarias a la cola.

 

 *  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 15 de mayo de 2023